Proyecto de ley no ordena ni elimina la «vorágine tributaria» municipal, estadal y nacional
La AN 2020 aprobó el primera discusión el proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización Tributaria para eliminar el «caos» que existe en el sistema impositivo venezolano. Expertos en el área argumentan que a pesar de dar un «parao» a las gobernaciones y alcaldías, aún esta normativa no ordena ni cumple con lo que establece la Constitución. Señalan además que este proyecto no fue consultado y no resuelve la alta presión tributaria que impide el desarrollo de la actividad económica
La reciente aprobación de un proyecto de Ley del Sistema Tributario de Portuguesa, propuesto por la gobernación de ese estado, generó críticas de gremios empresariales y expertos que advierten un empeoramiento de la presión tributaria. Para ordenar las disposiciones que se tomen en esta materia, la administración de Nicolás Maduro creó un instrumento legal en el cual establece límites a los gobiernos regionales. Sin embargo, el proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional 2020, carece de los elementos necesarios para eliminar la «vorágine fiscal nacional, estadal y municipal», según expertos consultados.
Desde 2018, las alcaldías del país comenzaron a crear diversos impuestos municipales que se suman a los tributos nacionales que establece el Seniat, y en paralelo aumentaron las alícuotas a medida que se producía un alza del dólar. Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) permitió a los gobiernos municipales en agosto de 2020, utilizar el petro como patrón para calcular los tributos.
Leonardo Palacios, abogado tributario y presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, afirmó que esta situación pasó de «la voracidad fiscal a la clandestinidad fiscal. Los municipios cobran incrementos desmedidos, irracionales y no publican las ordenanzas. Se niegan a entregarlas a las instituciones y a los contribuyentes».
Ese proyecto de ley aprobado en Portuguesa plantea la modificación de alícuotas y la suma de cuatro tributos: uno que se generará por el uso de servicios a través de las Secretarías del Gobierno Regional, otro por movilización de materia prima, por incorporación de entes privados para retención de impuestos por servicios recibidos y el impuesto a las transacciones financieras.
Osman Quero, presidente de Fedecámaras Portuguesa y directivo de la Asociación de Productores Independientes del estado, explicó que uno de los nuevos impuestos pecha la actividad del sector agrícola, porque está solicitando la existencia de una solvencia previa de cada uno de los agricultores a partir de 45 hectáreas, donde se tiene que pagar unas unidades tributarias estatales.
Agregó que también deben hacer una cancelación por cada guía de movilización que se establezca, no solamente para los rubros agrícolas sino para todos los que transitan dentro del estado, es decir, los productores tendrán que pagar por cada uno de sus vehículos, de transporte que salgan de la finca, de cualquier rubro que esté manejando tiene que cancelar una porción de unidades tributarias.
«Si por alguna razón, el productor tiene sus ventas fuera del estado, eso se traduce en tres veces el valor de lo que realmente le están solicitando y no solamente eso, sino que entonces la agroindustria que recibe precisamente la cosecha de maíz, arroz, sorgo, caña, etc. tendrá que pagar por tonelada también un impuesto referente que está abarcando el sector agrícola», dijo Quero en rueda de prensa.
El sector empresarial ha solicitado a la administración de Maduro una flexibilización de los tributos, debido a que la alta presión impositiva impide el desarrollo de la actividad económica. En la última Encuesta de Coyuntura Industrial del Segundo Trimestre de 2022 presentado por Conindustria, el 74% de las empresas dijo que los excesivos tributos fiscales y parafiscales es uno de los factores que más impacta en la producción.
«La falta de financiamiento, la baja demanda nacional, la voracidad fiscal, el deterioro de los servicios públicos, y la competencia con productos importados, continúan siendo los principales factores que limitan la producción en el país», afirmó Luigi Pisella, presidente de Conindustria.
Mientras que la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, dijo a la agencia Efe que, en poco más de dos años, las tasas impositivas que deben pagar los empresarios cada mes sobre sus ingresos brutos pasaron del 0,05% hasta el 5% en la mayoría de los municipios, lo que supone un incremento del 9.900%.
Advirtió también que la subida «voraz» de los impuestos ha hecho que algunos comerciantes se muden a municipios donde la carga tributaria, aunque alta, sea menor, y que dueños de cadenas de farmacias, ferreterías y repuestos cierren sucursales.
Sobre este tema, Maduro dijo en un encuentro con empresarios en el Palacio de Miraflores el martes 23 de agosto que enviaría a la Asamblea Nacional electa en 2020, el proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización Tributaria de las potestades de estados y municipios, «para acabar con el caos administrativo y tributario». Destacó la necesidad de fortalecer la recaudación y estimó para este año un crecimiento de 120% al llevarla a 4.000 millones de dólares.
Dos días después del anuncio, el proyecto fue presentado y aprobado en primera discusión en la sesión de la AN sin debate sobre lo que establece cada uno de sus artículos.
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A juicio de Leonardo Palacios, si la administración de Maduro pretende armonizar y coordinar el sistema tributario en las actuales condiciones «será difícil, ya que el gobierno no cree en la descentralización ni ha respetado la autonomía municipal limitada», y no ha propiciado la hacienda estadal.
«El gobierno nacional piensa que la armonización es poner límites a las alícuotas de los impuestos municipales, sin limitar la vorágine de la imposición nacional. En consecuencia, tenemos vorágine imposición nacional versus voracidad fiscal municipal», dijo.
Sobre el proyecto destacó que no cumple a cabalidad con la Constitución. «Es un proyecto sumamente centralista. Trata de decir que todo el desbarajuste es de los municipios. Todos tienen la culpa menos yo. Todo lo hace el Ministerio de Economía, lo establece de manera tal que invade competencias de estado y municipios y no coordina lo que debería, las distorsiones de impuestos. Exige transparencia a alcaldías y municipios pero tienen a Fonacit que tiene una taquilla jurisprudencial doctrinal».
Sostuvo que se confunde armonizar con coordinar, y lo más importante —a su juicio—, es que la tributación debe ser racional y que no afecte la inversión ni la productividad, lo cual no fue resuelto por este proyecto de ley.
«Armonizar significa cómo ejercemos la creación de tributos que no sean confiscatorios, que no afecten la reactivación económica, que atraigan inversión y que exista rentabilidad. Significa establecer alícuotas, porcentajes, reconocimientos, delimitar qué le corresponde a estados y a municipios, ponerse de acuerdo», dijo el presidente de la Cámara de Comercio.
Palacios indicó que hasta que no se asuma el compromiso político de definir de manera clara, y conforme a la Constitución, la necesidad de la transparencia de un régimen de relaciones fiscales intergubernamentales, «la armonización es una quimera». Señaló que es prioritario una reforma tributaria integral.
Acotó que si se permite que los estados invadan competencias propias de la república y los municipios, creando impuestos bajo «el disfraz» de timbres fiscales —como lo pretende Portuguesa— no habrá armonización tributaria. «No será posible la armonización tributaria, necesaria para la reactivación económica si no se eliminan anticipos de IVA e ISLR, copiados ilegalmente por los municipios, que en ambos casos, absorben como toallin el flujo de caja de las empresas. La reactivación es tarea de todos».
Daniel Betancourt, abogado tributario, señaló que los ciudadanos se han dejado de lado en las consultas y en la discusión de las normativas tributarias y en cualquier otra ley, a pesar de ser un mandato constitucional. Recordó que el principio de legalidad tributaria y la esencia de lo que significan los tributos implica que la población esté debidamente informada porque al final son los principales afectados.
«Sin embargo, las leyes tributarias se diseñan en la oscuridad y sin discusión y es por ello que los grandes desastres que hemos visto provienen por no haberse discutido con todos los involucrados. Esperemos que se pueda corregir porque muchas normativas tributarias son contrarias a conseguir la reactivación económica».
Betancourt aboga porque se eliminen los vicios de inconstitucionalidad e irracionalidad que generan la actual voracidad fiscal en el país que solo sirve para promover las arcas públicas a costa de los contribuyentes.
Recordó el abogado que hay un caso del municipio Araure en Portuguesa que comenzó a cobrar impuestos a los empresarios, sin la debida creación, discusión y publicación de la norma y se limitó solo a una ordenanza. «Los tributos deben estar establecidos en una ley que haya surgido de un proceso. Ningún municipio o gobierno estadal puede dejar de difundir una ordenanza porque se violan los principios del sistema tributario venezolano y que además debe ser aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas», explicó Betancourt.
Por su parte, Héctor Orochena, experto tributario, señaló que los sistemas tributarios se crean armonizados, y en el caso Venezuela, la Constitución establece los principios tributarios que debe ser tomados en cuenta. Sobre el proyecto aprobado en la AN señala, que su discusión de apenas 30 minutos denota que no hay interés en corregir lo grave de la tributación venezolana.
«Al aprobarse leyes como el IGP o IGTF, se violan esos principios básicos, una Ley de Armonización Tributaria que no considere las graves violaciones constitucionales de la tributación nacional y pretenda ‘arreglar’ lo ajeno dejando el desorden propio, es simplemente una burla a la sociedad», escribió en su cuenta social Twitter.
En el año 2020 el TSJ decidió el Acuerdo de Armonización Tributaria, con el cual permitió a muchos municipios una licencia para el incremento desmedido del impuesto sobre actividades económicas. A juicio de Camilo London, consultor tributario, una de las vías para ordenar esta situación era que la propia Sala Constitucional del máximo tribunal, rectificara y revisara su accionar, ya que «terminó siendo contrario a la protección de la economía nacional y no logró evitar la excesiva tributación municipal que ya aquejaba a los ciudadanos».
Destacó, sin embargo, que la otra vía más «óptima» era que el Parlamento asumiera su potestad de legislar para definir los principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales y municipales.
A juicio de London, esto abriría la posibilidad de un amplio debate nacional inclusivo, donde las instituciones del Estado y los ciudadanos tengan interacción y participación, se escuchen y lleguen a acuerdos, sin apartar a las instituciones de la sociedad civil que en el ámbito gremial y académico le organizan y aglutinan para este fin. Cosa que no se dio con el proyecto de ley aprobado recientemente por la AN.
Leonardo Palacios dijo en una entrevista en el Circuito Éxitos que ningún sector conocía sobre el proyecto de ley y que se descubre porque la Ministra de Comercio anunció la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización Tributaria en el último Congreso de Conindustria.
«No se ha abierto a discusión. No se ha consultado a asociaciones de derecho tributario, federaciones, expertos tributarios ni han convocado a las cámaras de comercio. Es un clamor de viejo cuño de todas estas instituciones, pero vamos a sentarnos a discutir la ley. He tratado de comunicarme con Jesús Faría (diputado de la Comisión de Finanzas). Eso no significa que los vamos a sustituir en su función como responsables de políticas tributarias y legislativas. Es para mejorar la ley», dijo Palacios.
London reiteró que cualquier normativa debe darse atendiendo los principios que establece la Constitución en sus artículos 316 y 317 que señalan que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población y conforme a lo cual ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.
«La solución óptima no requiere otra cosa que seguir la ruta que prevé nuestro ordenamiento jurídico vigente y esta vez hacerlo bien, sin más excepciones, o dicho de otra forma, sin más atajos», alertó London.
Lo que se requiere para la armonización tributaria
El abogado Leonardo Palacios indicó que los primeros 25 artículos del Proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización Tributaria son una repetición de lo que está en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Municipal, del Código Orgánico Tributario (COT) y en la Ley de Infogobierno, la cual considera muy impositiva.
«¿Qué significa coordinar? Vamos a ponernos de acuerdo para fiscalizar de manera conjunta, ayudar a dar divulgación de leyes, a colaborar a que la recaudación sea más efectiva, dar apoyo. Eso es coordinar. La armonización es del legislador y la coordinación de los entes gubernamentales del Poder Ejecutivo», apuntó.
Entre los puntos que se deben tomar en cuenta para ordenar el sistema impositivo están:
1.- La eliminación del Impuesto a los Grandes Patrimonios pues las altas alícuotas del «derecho de frente» local lo hacen confiscatorio. «La coexistencia del IGP y el Impuesto Inmobiliario Urbano, que grava inmuebles, que no producen renta, es una variación impositiva del grito que todavía aturde del ¡Exprópiese!. Si no se elimina el IGP no habrá armonización», explicó el presidente de la Cámara de Comercio.
2.- Revisar los impuestos municipales que gravan con indexación las actividades del sector petrolero con impuestos actividades económicas.
3.- Adecuar el Impuesto al Valor Agregado y su «tasa O» con el gravamen del Impuesto a las Actividades Económicas. «Las trabas de incremento del valor de exportación por efecto impositivo, no generan efectos incentivos para exportar. Y las Zonas Económicas Especiales? Adiós pues», señaló Palacios.
4.- Que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la AN pongan límites a las vías de hecho y violencia de gestión tributaria, ancladas en amenazas municipios de cierre empresas y bloqueo de circulación de transporte. Armonización incluye potestad sancionatoria.
5.- Revisar las contribuciones destinadas a auspiciar las comunas, las cuales coexisten con impuestos locales.
6.- Sincerar la designación de contribuyentes especiales pues su indicación conduce a los municipios a crear formas indebidas de retención y percepción.
7.- Prohibir gravar ganancias o rentabilidad por variación cambiaria, tanto por vía de imposición a la renta como de impuestos locales.
8.- Contar con mecanismos que eviten solapamientos y abusos de registros (Saren), registros y obtención conformidad de uso, permiso de bomberos y fichas catastrales.
9.- Restablecer el sistema de ajuste por inflación en el Impuesto sobre la Renta, se establezca una Unidad Tributaria Única, debida y oportunamente reexpresada pues se repotencia la esencia de impuesto indirecto de la inflación.
10.- Mantener y mejorar un conjunto de tributos y eliminar otros. Eliminar una gran cantidad de exenciones. «A la gente no le gusta porque las exenciones del populismo tributario encantan por la educación gratuita y además sin IVA, el problema de los hospitales sin IVA, el transporte sin IVA. Venimos creando una cantidad de exenciones que hacen aguas al impuesto», resaltó Palacios.
