«Puerta giratoria»: el cálculo de las excarcelaciones dentro de la represión de Maduro
Human Rights Watch ha señalado que la administración Maduro «lleva años aplicando un patrón de ‘puerta giratoria’». Justicia, Encuentro y Perdón ha dicho que esta es una «peligrosa dinámica», marcada por la presión hacia activistas políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y sociedad en general
En el esquema represivo que ha impuesto Nicolás Maduro en el país, las detenciones arbitrarias y las excarcelaciones de presos políticos van de la mano. Tras las manifestaciones poselectorales de 2024, que dejaron miles de arrestados en todo el país, luego de cuatro meses se empezaron a concretar liberaciones por lotes.
El Ministerio Público reportó hasta el pasado 3 de marzo 2.006 personas excarceladas por estos sucesos. El Foro Penal Venezolano pudo confirmar 1.399. Solo entre el 1 de enero y el 3 de marzo, fecha del comunicado, la Fiscalía formalmente registró 426 excarcelados en las cárceles de Tocuyito y Tocorón, donde se ingresó a la mayor cantidad de presos políticos.
En registros del Foro Penal, al menos 184 personas fueron encarceladas hasta el 10 de marzo; es decir, 43,19% de la cantidad de excarcelados en ese periodo. El fenómeno ha sido denominado por expertos como una «puerta giratoria».
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que presentó hace unos días un nuevo informe, indicó que si bien se produjeron excarcelaciones o liberaciones plenas de detenidos, «las detenciones arbitrarias continuaron de manera sistemática».
Justicia, Encuentro y Perdón ha dicho que esta es una «peligrosa dinámica», marcada por la presión hacia activistas políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y sociedad en general. Además, estas personas excarceladas se mantienen bajo vigilancia estatal, pues se les otorga libertades condicionales que implican presentaciones periódicas en tribunales, prohibición de salida del país o de participar en actividades públicas, lo que limita su vida normal en algunos casos.
«Las mantienen en un estado constante de vigilancia e incertidumbre. Son libertades parciales, limitadas, que perpetúan el miedo y silencian voces», ha señalado la organización.
A este escenario se suma la invisibilización de las violaciones de derechos humanos sufridos durante el momento de detención o su estancia en cárceles o comandos policiales. La Misión documentó que, en algunos casos, a los excarcelados se les obligó a firmar “declaraciones en las que negaban haber sufrido” vulneraciones a sus derechos.
«La mayor parte de estas personas no recibieron las boletas de excarcelación, sino que fueron informadas verbalmente y sin exactitud por custodios, fiscales o defensores públicos», indicó también la Misión, por lo que desconocen la totalidad de las restricciones impuestas y tampoco han podido acceder a sus expedientes una vez en libertad.
TalCual también conoció que a algunos excarcelados se les ha recomendado no salir con sus boletas, pues no aparecen en el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol). Al ser objetos de una requisa en un retén policial, el tener el documento y no aparecer en el sistema le podría acarrear extorsiones de funcionarios, según comentaron.
Presos políticos: un juego calculado
El pasado 18 de julio, tras un acuerdo con Estados Unidos, la administración de Nicolás Maduro aceptó la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses y 80 venezolanos por los 252 migrantes detenidos en El Salvador, según indicó el ministro Diosdado Cabello. Tan solo cuatro días antes, el Foro Penal registraba ocho detenciones políticas en tan solo una semana.
El Comando Con Venezuela, que llevó la campaña presidencial de María Corina Machado y Edmundo González, denunció el 22 de julio que se habían contabilizado al menos una veintena de detenciones en tan solo cuatro días.
«La represión no cesa, sólo se redistribuye. La privación de libertad sigue siendo utilizada como herramienta de negociación política en medio de una diplomacia de rehenes y de castigos selectivos», señaló el Comando.
Human Rights Watch ha señalado que la administración Maduro «lleva años aplicando un patrón de ‘puerta giratoria’», por lo que es necesario que la comunidad internacional, entre ellos el Gobierno estadounidense que ha negociado con el líder chavista, entienda que esta es una «manipulación» mientras se «consolida su régimen autoritario».
La organización ha afirmado que «los gobiernos que mantienen relaciones con Maduro no deberían conformarse con liberaciones aisladas de presos: deben exigir mejoras sustanciales (…) para desmantelar la maquinaria de terror estatal en el país».
*Lea también: Provea: Dejar el campo libre para la violación de derechos humanos no es opción
Luego, el 24 de agosto, se produjo otra ronda de excarcelaciones. En esa ocasión 13 personas fueron liberadas bajo medidas cautelares, entre ellos el exalcalde de Maracaibo Rafael Ramírez Colina o la activista política Mayra Castro.
A esto le siguió una nueva ola de arrestos. El Foro Penal registró 20 detenidos por razones políticas entre el 26 de agosto y el 8 de septiembre, como Lorenia Gutiérrez, Julio Velazco, Yones Molina, Jesús Castillo; el exalcalde José Luis Machín, la profesora Isaura Villamizar; el ingeniero Miguel Jorge Álvarez; el expresidente del Colegio de Ingenieros de Barinas, José Osorio; la familia Guillén y el dirigente juvenil Junior Rivas. La oenegé ha aclarado en diversas ocasiones que su listado se basa en los reportes directos que reciben de abogados y familiares, por lo que el número es un subregistro.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
