¿Qué hacer con el subsidio a la gasolina? Una propuesta electoral, por Víctor Álvarez R.
Twitter: @victoralvarezr
En el imaginario venezolano se implantó la idea de que éramos un país rico, con las mayores reservas de petróleo del mundo, y por eso la gasolina tenía que ser barata. Los subsidios a los combustibles son expresión de una cultura rentista que pretende vivir de ingresos que no son fruto del trabajo. Estos subsidios indebidos se mantienen como inercia de la Venezuela rentista, como es el caso del subsidio a la gasolina.
En tiempos de abundancia, esos subsidios pesaban poco en el presupuesto nacional. Pero en las actuales condiciones de escasez e inflación cuestan mucho, son regresivos, antipopulares y deben ser eliminados y reorientados en beneficio de los grupos más vulnerables de la sociedad. La renta petrolera ya no alcanza para pagarlo todo y esto obliga a establecer prioridades.
El debate sobre las consecuencias económicas, políticas, sociales y ambientales del subsidio a la gasolina es un tema pendiente. Abordar con honestidad en el debate electoral este tema permitirá saber si Venezuela ya está preparada para encarar –sin traumas– la decisión de sincerar el precio de los combustibles y destinar los ingresos adicionales que se generen a financiar otras prioridades que el país tiene.
Los costos del subsidio
En Colombia, el precio del galón de 3,78 litros es de $ 2,68 equivalente a 0,70 $/litro; con las políticas ambientalistas de la Administración Petro, el precio de los combustibles tenderá al alza. En EEUU y Unión Europea el precio está en torno a los 5,00 $/ galón, equivalente a 1,30 $/litro. En los países de América Latina con gobiernos progresistas, un galón cuesta al menos $ 4, a razón de 1 $/litro. Llenar un tanque de 60 litros cuesta casi 60 dólares.
En Venezuela, el cupo mensual de gasolina subsidiada es de 120 litros y cuesta 24 bolívares, a razón de 0,2 Bs/litro. Al tipo de cambio de 24 Bs/$, con un (1) dólar se pueden comprar 120 litros de gasolina. La gasolina dolarizada está en 0,50 $/litro y para llenar un tanque de 60 litros se pagan a $ 30. Esta exagerada diferencia entre el precio de la gasolina subsidiada y la dolarizada es un incentivo perverso a la especulación y contrabando de extracción. Hay redes que se dedican a hacer la cola en las estaciones de servicio para comprar el cupo de gasolina subsidiada en bolívares, y luego la revenden a 1 y 2 dólares el litro. Un negocio más rentable que el narcotráfico.
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El bajo precio de la gasolina beneficia a los contrabandistas que –según la información suministrada por el propio Ministerio de Petróleo y Pdvsa–, llegaron a contrabandear más de 100 mil barriles diarios de combustible. Si cada barril contiene 159 litros de gasolina y cada litro tiene un precio de al menos 1 dólar en el marcado internacional, esto equivale a 15 millones 900 mil dólares diarios que se perdieron por el contrabando. Si esta cifra se multiplica por 365 días, la pérdida fue de 6 mil millones de dólares al año. En las actuales condiciones de restricciones presupuestarias urge erradicar los incentivos perversos al contrabando de combustibles y reorientar estos cuantiosos recursos a dar respuesta a los graves problemas que el país tiene planteados.
El precio de indiferencia para erradicar el contrabando
Si no se iguala el precio de los combustibles en la frontera, la gasolina subsidiada y hasta la dolarizada seguirán siendo más baratas. Este diferencial de precios seguirá operando como un incentivo perverso a las redes de contrabandistas que sacan ilegalmente el combustible hacia los países fronterizos e islas del Caribe, a través de vehículos y lanchas convertidos en cisternas.
El precio de indiferencia para eliminar el contrabando está entre 0,70-1,00 $/litro. A partir de este nivel los contrabandistas pierden el incentivo. Un precio igual o mayor al de la frontera permitiría cubrir los costos de refinación, generar una ganancia y darle un golpe de gracia a las mafias de contrabandistas.
¿Habrá un estallido social al internacionalizar el precio de la gasolina?
Los prejuicios en torno al impacto del aumento de la gasolina como detonante de protestas populares, convirtieron el ajuste del precio en un tema tabú y su tratamiento público siempre fue considerado políticamente incorrecto.
A fuerza de repetir lugares comunes, el gobierno se negó por muchos años a sincerar el precio. Se impuso siempre el cálculo político-electoral montado sobre falsos supuestos, con lo cual se prolongó el contrabando y el consumismo despilfarrador de gasolina.
Pero después del colapso de la industria petrolera y de la destrucción de la capacidad de refinación interna, la severa escasez de combustibles obligó a pagar precios exorbitantes de hasta 3 $/litro, sin que se produjera al anunciado estallido social. Quienes se ven sometidos a pagar estos precios tan altos apoyarían un ajuste del precio de la gasolina que lo estabilice en torno a 1 $/litro.
Subsidiar la gasolina es antipopular
Los subsidios como instrumento de redistribución del ingreso tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables. Son un instrumento de política social y requieren una administración adecuada para evitar que su mala aplicación profundice la desigualdad.
Pero en Venezuela, un buen porcentaje de los subsidios no beneficia a los sectores populares, sino a grupos sociales que no los necesitan, lo cual genera una mayor inequidad.
El carácter regresivo del subsidio a los combustibles significa que los principales beneficiarios son los sectores de mayores ingresos y no los sectores más vulnerables.
Al calor del debate electoral se puede construir un amplio respaldo popular al aumento del precio de la gasolina, siempre y cuando los ingresos adicionales que se generen sean destinados a financiar programas de interés nacional, tales como:
Repotenciar los sistemas públicos de salud y educación
Los ingresos que se generen por la eliminación del subsidio a la gasolina se pudieran destinar a la creación de un Fondo para la Repotenciación de los Sistemas Públicos de Salud y Educación, con al menos dos componentes claves:
- Elevar el salario mínimo de la nómina pública de salud y educación al nivel de la canasta alimentaria: (510 $/mensual)
- Fortalecimiento de la planta física de hospitales, ambulatorios, escuelas, liceos y universidades.
Sobran los argumentos económicos, sociales, políticos y ambientales para vencer las resistencias culturales y políticas en contra del aumento de los combustibles. Aparentemente el subsidio a la gasolina favorece a los que menos tienen, pero en realidad degeneró en una redistribución regresiva del ingreso que beneficia a los que más tienen, pero no favorece a los más pobres que no tienen vehículo propio, nunca van a una estación de servicio a llenar un tanque y se ven obligados a desplazarse en un sistema de transporte público cada vez más deficiente.
Cuando se destinan recursos públicos a subsidios indirectos que benefician a pobres y ricos por igual, se comete una injusticia redistributiva, ya que los más pudientes no necesitan que se les subsidie nada. Sincerar el precio de los combustibles sería un acto de justicia redistributiva, toda vez que el ajuste lo pagarían quienes más tienen y de esta forma se activaría una fuente permanentemente de recursos adicionales que serían destinados a repotenciar los sistemas públicos de educación y salud que utiliza la población más vulnerable.
Víctor Álvarez R. Es economista. Investigador/consultor. Premio Nacional de Ciencias.
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