¿Qué hay en el dossier que Duque presentó en ONU contra Maduro?
¿Qué hay en el dossier que Duque presentó en ONU contra Maduro? En 128 páginas se mencionan mapas y fechas de supuestas citas de ilegales con fichas del régimen chavista. Se sostiene que en nuestro territorio hay al menos 230 disidentes de las FARC, entre ellos los prófugos ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’
En el marco de la Asamblea 74 de la ONU, el presidente Iván Duque lanzó duros cuestionamientos en contra del gobierno de Nicolás Maduro y anunció que entregará las pruebas que tiene sobre la connivencia de ese régimen con el narcotráfico y el terrorismo, refiere una entrega especial del diario El Tiempo.
El documento entregado por Duque amplía las pruebas que ya habían sido anunciadas por una delegación colombiana, encabezada por el canciller Carlos Holmes Trujillo, en una presentación de 14 páginas titulada «Grupos armados ilegales y su relación con el régimen venezolano».
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Holmes Trujillo le había pedido a la OEA «hacer efectivos todos los instrumentos del Sistema Interamericano» para combatir eficazmente el terrorismo «en un momento en el cual se anuncia una nueva amenaza: (…) el nacimiento de un nuevo grupo narcoterrorista que tiene el cobijo de un régimen dictatorial y tiránico».
Según el gobierno colombiano, «la relación de la dictadura venezolana con el ELN y las disidencias de las FARC es de mutuo beneficio».
Así, dice que los grupos armados ilegales colombianos son «un instrumento para garantizar la continuidad del régimen», que tanto las fichas de Maduro como los jefes de esas organizaciones «obtienen réditos de economías criminales» y que incluso se han establecido «relaciones personales» entre ellos.
Colombia denunció que tanto el ELN como las FARC reciben «protección, logística, entrenamiento y armamento» del gobierno de Maduro, mientras que éste obtiene «respaldo político y control social en zonas de injerencia de los grupos».
Sobre el ELN, el canciller Trujillo afirmó que los frentes de guerra que delinquen en zonas de frontera «tienen asentamientos permanentes en Venezuela» en al menos 50 zonas campamentarias: 10 en el Zulia y la sierra de Perijá, 20 en los estados Apure, Bolívar y Amazonas y otras 20 en el estado Táchira.
También dijo que de los 2.402 guerrilleros que tiene ese grupo, hay 1.043 en territorio venezolano.
Ante la OEA, el ministro de Exteriores colombiano mostró un mapa con esas ubicaciones.
Colombia asegura que alias Lenin, jefe del llamado ‘Frente de guerra Oriental’, «lidera los vínculos del ELN con el régimen y su entorno».
Concretamente, el gobierno colombiano asegura que Freddy Bernal, el llamado «Protector del Táchira», es en el principal enlace de Maduro con los ‘elenos’.
Según la denuncia colombiana, el ELN tiene «vínculos operacionales» con la Fuerza Armada Nacional (FAN), la Guardia Nacional (GN), la Dirección General Conjunta de Inteligencia Militar (Digcim) y la Fuerza Bolivariana de Liberación, que son los cuerpos armados en los que Maduro se ha sostenido.
También hay «acciones de coordinación» con los colectivos bolivarianos, bandas de civiles armados utilizados para atacar a los opositores.
Según el Canciller, los guerrilleros colombianos habrían participado en la operación para bloquear la entrada de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero.
Colombia sostiene también que uno de los colectivos es «patrocinado por el frente Efraín Pabón» del ELN y que hay un lucro compartido de las economías ilegales: tanto los ‘elenos’ como los grupos afectos a Maduro cobran por el paso a través de las trochas, por ejemplo.
«El ELN ha implementado un proceso de incrustación social en los territorios venezolanos de frontera», dice la denuncia colombiana, incluso manejando la entrega de las ayudas humanitarias (Cajas Clap) con las que Maduro se asegura el apoyo de los sectores con menos recursos.
Bogotá sostiene que el ELN actúa en Venezuela en un rol de «actor de seguridad de las autoridades regionales» de Maduro.
Los movimientos de ‘Iván Márquez’
En su presentación ante la OEA, el canciller Holmes Trujillo sostuvo que las disidencias de las FARC «mantienen vínculos con las autoridades venezolanas de tipo local y regional», «ejecutan actividades logísticas, económicas y de control social» y que «entrenan milicias y controlan algunos pasos fronterizos».
En Venezuela, asegura Trujillo, hay al menos 230 disidentes, entre ellos los prófugos ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’.
El informe señala que alias ‘Jhon 40’, uno de los que aparecieron en el video de ‘Márquez’ y quien es uno de los narcos históricos de la antigua guerrilla de las FARC, maneja las finanzas de la disidencia desde Venezuela y que desde allí mueve relaciones con las mafias brasileñas.
Colombia sostiene que el régimen ha dado directrices a sus fuerzas para que esas bandas sean tratadas como «aliadas de la Revolución» y del «control social y político» que necesita Maduro en la frontera.
Sobre ‘Iván Márquez’ y ‘Sántrich’, Colombia dijo ante la Consejo Permanente que «son protegidos» por autoridades venezolanas.
La Cancillería sostiene que «desde hace por lo menos un año (cuando se suponía que seguía en el proceso de paz), ‘Márquez’ mantenía reuniones clandestinas en Venezuela» con el objetivo de «recuperar bienes de las FARC» en ese país y denunciar supuestos incumplimientos del Estado a los acuerdos de La Habana.
El documento habla de dos reuniones. Una del 28 de agosto en Isla La Orchila, a la que también habría asistido otra de las cabezas disidentes, ‘Romaña’ y miembros de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela.
Una segunda cita se dio el 18 y 19 de septiembre del 2019 en el Estado Apure y estuvieron ‘Granobles’ (hermano del ‘Mono Jojoy’ que nunca llegó a cumplirle a la paz) y alias ‘Pablito’, el principal jefe militar del ELN. Su interlocutor fue Luis Tolosa, una de las cabezas de la Fuerza Boliviariana de Liberación.
En esa ‘cumbre’ ilegal, dice Colombia, se habló de la propuesta de crear un bloque político de la izquierda latinoamericana y del «apoyo al movimiento de tropas y entrenamiento de milicias» por cuenta de los ‘elenos’ y de las disidencias.
Según Colombia, «el relacionamiento entre los grupos armados ilegales y el régimen no es nada nuevo: data de por lo menos hace dos décadas», pero sí ha evolucionado. De hecho, a finales del gobierno de Álvaro Uribe, en el 2010, una denuncia similar había sido presentada ante la OEA por el entonces embajador Luis Alfonso Hoyos en contra del gobierno de Hugo Chávez.
Así, esos grupos pasaron de tener una «retaguardia a un asentamiento permanente».
Maduro, dice el gobierno del presidente Iván Duque, «los considera un escudo en la frontera ante una eventual intervención extranjera«, así como un «instrumento de control social y represión a la oposición».
Y concluye Colombia asegurando que «estas alianzas son la mayor amenaza para la estabilidad democrática y seguridad de la región».