¿Qué pasará con la Asamblea Nacional los primeros días de enero?
La juramentación de una nueva directiva para el poder Legislativo, la ausencia del Presidente venezolano por el no reconocimiento de las elecciones en 2018 y las decisiones a tomar son parte del escenario a partir del 5 de enero
Los primeros días de enero de 2019 traen nuevas tareas para la Asamblea Nacional, el único poder actualmente en Venezuela que puede tildarse de legítimo, según abogados, especialistas y parte de la comunidad internacional que ha manifestado su apoyo a este ente.
Cada cinco de enero, según la Constitución vigente, se realiza la juramentación de la nueva junta directiva del poder Legislativo. Desde 2015, año en que la oposición reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo 112 diputados para adjudicarse la mayoría parlamentaria, la presidencia y demás puestos han sido repartidos según las fracciones agrupadas bajo la bancada de la Unidad.
Este año corresponde a Voluntad Popular, cuyo candidato es el diputado Juan Guaidó, asumir la presidencia de la AN, acompañado de Acción Democrática (Edgar Zambrano) y Un Nuevo Tiempo (Stalin González) en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.
Y es esta junta directiva la que debe asumir la tarea de hacer frente al vencimiento del periodo presidencial iniciado en 2013, con Nicolás Maduro adjudicándose como ganador de las elecciones del 20 de mayo de 2018 (y que lo “habilitan” para repetir un segundo mandato), que no fueron reconocidas por organismos nacionales e internacionales, además de cincuenta países, por carecer de legitimidad e igualdad en las condiciones para ejercer el derecho al sufragio.
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El proceso del 20 de mayo fue declarado por la AN como un acto inexistente, debido al origen de la convocatoria y la forma en la cual fue realizada sin respetar los principios consagrados en el derecho nacional e internacional para garantizar el voto, y por tanto, desconocen los resultados y anulan la proclamación de Maduro “como presidente reelecto”.
Ante este escenario, no hay explicaciones precisas dentro de la Constitución. Solo se plantea en el artículo 233 que ante la falta absoluta del Presidente electo “antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”.
Es decir, según la Constitución, la Presidencia de manera temporal recaería en las manos del diputado Guaidó, mientras se convoca un nuevo proceso, explicó el abogado José Ignacio Hernández.
En esta misma línea aboga el Grupo de Lima. 13 de los catorce países que conforman esta comunidad (México se abstuvo de firmar la declaración) reiteraron que desconocen la legitimidad de un nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro.
Por ende, el Grupo de Lima ratifica su respaldo a la AN e insta a Maduro a que “transfiera, en forma provisional, el poder Ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas”.
Por su parte, un grupo de abogados constitucionalistas de la Universidad Central de Venezuela emplazaron a la AN a que ratifique la declaratoria del gobierno de Maduro como un régimen “de facto”, se declaren en sesión permanente desde el 5 de enero tras nombrar una nueva junta directiva y convocar a la Comisión Consultiva.
También recomiendan que se inicie un proceso de consulta “para que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre el ilegitimo e inconstitucional funcionamiento del cuerpo que pretende ser una Asamblea Nacional Constituyente, el cese de sus actividades y, en especial, el rechazo a todos los viciados actos que ha dictado”.
El abogado y profesor de derecho constitucional de la UCV Juan Manuel Raffalli asevera que la AN “no puede inmolarse. Debe ser protagonista de una nueva etapa de lucha y conducir al pueblo al éxito en su aspiración de cambio, con inteligencia y determinación”.
Emplazamientos a la AN
La agrupación política Soy Venezuela (que agrupa a los partidos Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo) ha hecho diversos llamamientos al poder Legislativo a que “asuma su responsabilidad” y, en consecuencia, “llene el vacío presidencial”.
María Corina Machado afirma que el 10 de enero hay un “vacío de poder” que debe ser resuelto por la AN “designando un gobierno de transición encabezado por el presidente de la propia Asamblea Nacional”.
A pesar de que existe un acuerdo para la designación de la nueva junta directiva, Machado emplaza a los diputados a que voten “por hombres y mujeres que estén a la altura de este desafío histórico, dispuestos a cumplir su deber. Esta no es hora de repartir cargos o acuerdos entre cúpulas”.
Reconoce que hay riesgos en esta opción, pero Machado aclara que deben cohesionarse “fuerzas para el desconocimiento total de la tiranía”. Además, señala que el 10 de enero no está en juego la legitimidad de Maduro “porque nunca la tuvo. Está en juego la legitimidad de la propia Asamblea Nacional. Finalmente tienen que cumplirle a Venezuela”.
¡Este 5 y 10 de enero tenemos una nueva oportunidad de vencer al Estado criminal! Escucha y difunde el mensaje de @mariacorinaya a la @asambleave y los venezolanos.
Tenemos que actuar, que la #ANAsumaSuResponsabilidad. Estamos listos. pic.twitter.com/TGMDXC0Tqy— Prensa María Corina (@PrensaMCM) 3 de enero de 2019
Mientras, el parlamentario Américo de Grazia (La Causa R) también apoya una junta de transición «que trate de regular los procesos del país y avance hacia la reinstitucionalización de la democracia. Es vinculante lo que ocurra el cinco con lo que ocurra el 10 (de enero)».
Además, De Grazia mantiene la idea que la alianza partidista para nombrar una nueva junta directiva de la AN «debe supeditarse a la estrategia». Explica que «no es igual nombrar a Freddy Guevara como presidente de la Asamblea, que ya de hecho está resguardado en la Embajada de Chile, o a un Julio Borges que está en el exterior, que nombrar a alguien que pueda ser perfectamente vulnerable».
¿Qué pasa del otro lado?
Algunos diputados cuyos partidos asumen puestos dentro de la nueva junta en la AN, son más cautelosos a la hora de referirse al 10 de enero. Aun así, señalan que están dispuestos a asumir las responsabilidades ante un nuevo periodo presidencial y sus implicaciones sobre el país.
La diputada Nora Bracho (UNT) destaca que el Parlamento está «preparado» para seguir luchando por la restauración de la democracia, «desconociendo cualquier acto que sea consecuencia de la violación de la Constitución y de los derechos de los venezolanos».
Eso incluye, según Bracho, lograr un «proceso de relegitimación de todos los poderes nacionales, al considerar que es el camino más idóneo para lograr los cambios estructurales que permitirán recobrar la calidad de vida perdida de nuestros ciudadanos».
La parlamentaria también aboga por la unidad de los venezolanos, algo que resalta también el Frente Amplio Venezuela Libre en sus últimas declaraciones. «Tenemos este enorme reto que enfrentar, pero estamos seguros que unidos los venezolanos tendremos en el 2019 el año del cambio, de retorno al camino democrático, de esperanza y progreso que todos esperamos».
Adriana Pichardo (VP) recuerda que la Fuerza Armada Nacional tiene el deber de reestablecer la Constitución ante el avance de Maduro para juramentarse el 10 de enero. «La nueva junta directiva se instalará con el firme propósito de la lucha por la transicición democrática para Venezuela».
Tema “desacato”
La Constitución venezolana establece en su artículo 231 que la persona elegida como Presidente debe tomar juramento ante la Asamblea Nacional el diez de enero del primer año de su período.
Pero ese artículo también establece que: “Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”.
Desde 2016, el TSJ declaró que el poder Legislativo se encuentra en “desacato” al no cumplir una sentencia que obliga a tres diputados electos por el estado Amazonas y el representante del Distrito Sur Indígena a no ocupar sus cargos, debido a una denuncia interpuesta ante la Sala Electoral.
A partir de allí, el resto de los poderes han acatado esta decisión del alto tribunal para hacer caso omiso de las decisiones emanadas por la AN, incluyendo la promulgación de nuevas leyes, nombramiento de nuevos magistrados para el TSJ, votos de censura contra miembros del gabinete y declaraciones de responsabilidad política contra altos funcionarios, entre otras acciones.
