¿Qué se puede esperar de la actualización de Bachelet sobre DDHH en el país?
La segunda actualización oral sobre Venezuela dejará en evidencia las medidas que pretenda tomar la alta comisionada de Naciones Unidas para atender la crisis en materia de derechos humanos en Veenzuela
El lunes 9 de agosto la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentará una segunda actualización oral sobre la situación en Venezuela, que viene a ser la continuación del informe que publicó el 4 de julio por mandato del Consejo de DDHH de la ONU.
En su informe escrito, Bachelet documentó lo que consideró graves violaciones de derechos humanos e incluyó denuncias sobre torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, deterioro de las condiciones sociales debido al poco funcionamiento de los servicios públicos, erosión de las instituciones públicas, así como el control social de la población a través de la represión y programas gubernamentales.
La expresidenta chilena hizo una serie de recomendaciones en ese documento, respaldado por el secretario general de la ONU, aunque hasta ahora han sido ignoradas por Nicolás Maduro. Una situación similar a la ocurrida con los acuerdos de trabajo que sostuvo Bachelet con el régimen durante su visita al país en junio.
Bajo este escenario actuará el Consejo de Derechos Humanos, última instancia de decisión sobre la materia en las Naciones Unidas, el 26 de septiembre cuando deba emitir una nueva resolución sobre Venezuela
La última resolución del Consejo de DDHH se realizó en septiembre de 2018, cuando se le otorgó el mandato a Bachelet de documentar la situación de derechos humanos en el país debido a la crisis y producir una actualización oral y un informe para ser presentado ante esa instancia.
En el informe publicado el 4 de julio se indicó que el Consejo de Derechos Humanos podría solicitar a la alta comisionada “que se centre en garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y los abusos en Venezuela, en particular mediante el aumento de la vigilancia, la documentación, el análisis y la presentación de informes públicos sobre la situación de los derechos humanos”.
De adoptarse esta resolución seguiría el esquema que, por mandato, ha hecho Bachelet sobre el país con documentación desde el exterior y con apoyo de organizaciones no gubernamentales a través de informes, así como la entrevista con víctimas y sus familiares, siempre en escenarios fuera de Venezuela.
Desde las organizaciones no gubernamentales se plantean varios escenarios. Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación–Acción en Derechos Humanos (Provea) resume que hay tres posibilidades.
El primero es que Nicolás Maduro logre, mediante un cabildeo internacional, que baje la presión sobre Venezuela y se le retiren competencias al alto comisionado para abordar la crisis venezolana. “Este sería un escenario muy malo para la causa de los derechos humanos, aunque creemos que es un escenario poco posible pero no improbable”, advierte el coordinador de Provea.
El segundo escenario es que Michelle Bachelet relate su visita a Venezuela, cuáles fueron los acuerdos de trabajo que acordaron con Maduro y si hay nuevas conversaciones. Uzcátegui menciona que “lo que podría hacer el Consejo de Derechos Humanos es ratificar ese plan y pedirle al alto comisionado en las próximas sesiones una actualización de la situación venezolana e incluso un nuevo informe. Este es el más probable”
El tercer escenario, por el cual abogan varias ONG venezolanas, es que además de que se ratifique el plan de trabajo se decidieran medidas complementarias, porque “como nosotros hemos argumentando, Nicolás Maduro no tienen voluntad política para cumplir con ese acuerdo de trabajo y es necesario que en el contexto de Naciones Unidas se decidan otras medidas adicionales para abordar la situación venezolana”.
Para Uzcátegui, en este escenario hay dos posibles medidas: la designación de un relator especial para Venezuela y la comisión de investigación.
Francisco Valencia, director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), reitera esta opción de que el Consejo establezca una comisión de investigación “que permanezca en el país y se le permita el acceso. Es alarmante las violaciones de derechos humanos en el tema de salud y por eso Codevida se unió a la campaña donde se exhorta a la creación de una comisión de investigación”.
Esta coalición de 11 organizaciones espera que el trabajo de documentación que realice la comisión de investigación forme parte de un expediente ante la Corte Penal Internacional. Valencia asegura que “sin duda podemos decir que lo que se está cometiendo en Venezuela son delitos de lesa humanidad contra la población, que tiene el derecho a la salud y sobre todo el derecho a la vida”.
Qué dice Bachelet
La alta comisionada Michelle Bachelet confía que el diálogo que intenta sostener con el régimen de Nicolás Maduro permita establecer «una presencia permanente» de la ONU en el país, con la finalidad de hacer el seguimiento de los eventos “desde dentro”.
Esa “presencia permanente” se refiere a la instalación de una Oficina del Alto Comisionado en el país, una de las recomendaciones hechas por Bachelet en su informe de julio, petición que ya había sido formalizada en las conversaciones que sostuvo con Maduro durante su visita al país en junio.
Bachelet sigue apostando porque su personal trabaje directamente en el terreno, pues considera que pueden “hacer un trabajo muy positivo allí”. Pero las organizaciones no gubernamentales discrepan de las facilidades que pueda tener el equipo de la ONU dentro de Venezuela
El director de Codevida cree que el régimen de Maduro “hará todo lo que esté en sus manos para impedir cualquier instalación de alguna comisión u oficina para visibilizar la situación de los derechos humanos”.
La razón es sencilla: se busca evitar la documentación in situ de la violación de los DDHH en Venezuela, “no solo la emergencia humanitaria sino en todos los ámbitos, el régimen ha bloqueado y tratado de negar cualquier situación de derechos humanos”, destaca Valencia.
De permitir que se instale esa oficina, Valencia también opina que se haría “con ciertas restricciones”, aunque la alta comisionada debería tener garantías “de tener acceso a cualquier lugar para poder realizar su trabajo de documentación”.
Por su parte, Rafael Uzcátegui ratifica que Bachelet insistirá en esta opción y coincide con Codevida al plantear la pregunta de «qué mandato, competencias o atribuciones tendrían los oficiales en Venezuela. Habría que ver si hay la voluntad política de que puedan acceder a todos los espacios porque si solamente van a estar en Venezuela para remitir información a Ginebra y entrevistarse con las víctimas, que también es una tarea importante, pero no es suficiente y no son las expectativas que se han generado en torno a una oficina del Alto Comisionado al país».
Acerca de las conversaciones entre los integrantes del Grupo de Lima para presentar al Consejo de Derechos Humanos una resolución pidiendo esta misma comisión de investigación por la que abogan ONG nacionales e internacionales, Bachelet dijo que serán los países los que decidan lo que quieren.
