¿Qué significa la visita de Michelle Bachelet al país como alta comisionada de la ONU?
La pronta visita de Michelle Bachelet puede crear serias dudas sobre la presentación del informe final sobre la situación de los derechos humanos desde 2018 hasta la fecha en Venezuela
El viernes 14 de junio se anunció que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitará el país entre el 19 y 21 de junio para conocer la situación de los DDHH en territorio venezolano.
Esta visita de Bachelet se da por el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en septiembre de 2018 solicitó a la alta comisionada elaborar un informe sobre este tema e instó al régimen de Nicolás Maduro a aceptar el ingreso de investigadores para constatar la situación del país.
En ese entonces, Bachelet comentó que «con o sin resolución», la misión de su Oficina era elaborar un informe exhaustivo de la situación venezolana en cuanto a vulneración de los DDHH, luego de sendos informes que realizó esa instancia en 2017 y 2018, en el contexto de manifestaciones antigubernamentales y hechos políticos trascendentes.
Criticada en un principio por altos funcionarios venezolanos, entre ellos el embajador venezolano ante la ONU, en enero de 2019 empezó a cambiar la actitud del régimen de Nicolás Maduro hacia una eventual visita de Bachelet, que luego se concretó en una invitación formal a finales de febrero.
Esto permitió el ingreso de una misión técnica a mediados de marzo, que visitó hospitales, centros de reclusión y mantuvo contactos con representantes de la administración Maduro, la Asamblea Nacional, víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, además de organizaciones de la sociedad civil y líderes religiosos.
Durante esta visita, la alta comisionada presentó una actualización de su informe ante el Consejo de DDHH y donde solicitó al Estado venezolano que se le permitiese a sus funcionarios realizar las actividades sin interferencias de ningún tipo.
En esa exposición oral de Bachelet se adelantó parte de los temas que estarán en el informe final, a presentarse en julio. La funcionaria de la ONU se refirió a las denuncias de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, situación de derechos sociales y económicos, especialmente a poblaciones vulnerables y servicios públicos.
La respuesta de los enviados de Maduro en Naciones Unidas no se hizo esperar. La delegación venezolana desestimó la actualización del informe y dijo que fue «distorsionada por la falsa campaña mediática internacional». Aún así, mostraron su disposición a colaborar con Bachelet y su equipo.
¿Qué esperar de Bachelet?
El coordinador general del Programa Venezolano de Educación –Acción en Derechos Humanos- (Provea), Rafael Uzcátegui, destaca que la noticia de la visita de Michelle Bachelet al país es «muy buena» para las víctimas y la situación en general de los derechos humanos en Venezuela.
«Nosotros las organizaciones de derechos humanos siempre habíamos venido exigiendo que estos funcionarios con mandato independiente en derechos humanos pudiesen visitar nuestro país. Esto no es algo de protocolo, el Estado sistemáticamente las había negado», destaca Uzcátegui.
El activista recuerda que la última visita similar con un alto funcionario fue en 2002 cuando César Gaviria, en ese entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos, visitó el país luego del golpe de Estado en medio de un proceso de activación de la carta democrática de la OEA en Venezuela.
A partir de esa fecha, el gobierno del entonces mandatario Hugo Chávez negó las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de funcionarios de alto nivel de la OEA e incluso de expertos independientes en materia de derechos humanos.
Pero en 2017 se recibió la visita de un relator de la ONU. Alfred de Zayas estuvo en Venezuela por invitación del régimen de Nicolás Maduro, aunque desde Provea no se le considera como un relator independiente, pues demostró tener afinidad ideológico con el proceso del gobernante venezolano.
Uzcátegui resalta que Provea tiene «absoluta confianza en el profesionalismo» del equipo técnico que trabaja con Bachelet, debido a que fue el mismo equipo que trabajó en la redacción de los dos informes especiales de la Oficina del Alto Comisionado en 2017 y 2018.
Además, insiste en que el mandato otorgado a Bachelet como Alta Comisionada de Derechos Humanos se suscribe específicamente a ese ámbito. «Solicitar que intervenga en la diatriba política, eso excede en su mandato. Yo creo que son válidas y lícitas todas las exigencias que la sociedad venezolana le pueda hacer, pero hay que recordar que tienen que ser circunscritas al tema de derechos humanos».
Visita vs Informe
La pronta visita de Michelle Bachelet puede crear serias dudas sobre la presentación del informe final sobre la situación de los derechos humanos desde 2018 hasta la fecha en Venezuela, y que debe presentarse a principios o mediados de julio ante el Consejo de DDHH de la ONU.
Para el coordinador general de Provea, la visita se mantendrá independiente de la presentación del informe: «La visita se va a hacer. Es muy difícil que a estas alturas se pueda modificar partes sustanciales del informe que ya está casi en su totalidad redactado. Se han reunido con distintas fuentes, distintos voceros, han tenido acceso a las víctimas y sus familiares. Nosotros tenemos absoluta confianza que ese informe va a mostrar de manera fidedigna y sustancial la dramática situación de los derechos humanos en Venezuela».
Desde Provea tampoco descartan que la intención del régimen de Maduro, al permitir la visita de la alta comisionada antes de julio, sea el de incidir en las afirmaciones de ese informe, «matizarlo con algunos contenidos, con la narrativa oficial. Sin embargo, yo dudo que esa posibilidad pueda finalmente modificar de manera importante esa investigación que se presentará en julio», señala Uzcátegui.
Al ser una visita de apenas tres días, la agenda de la funcionaria de la ONU será amplia y variada, aunque «tenga espacios limitados para el encuentro con la sociedad civil y de actores políticos», dice el coordinador de la ONG.
Nicolás Maduro sigue siendo sensible a la opinión de la comunidad internacional y espera seguir teniendo potenciales aliados, o por lo menos neutralizar los cuestionamientos a su gestión por parte del sistema de Naciones Unidas, afirma Uzcátegui, quien señala que también esa incidencia se ve en otros espacios internacionales como el Vaticano.
«Ya hay otros que los consideran enemigos como a la OEA y la CIDH, pero le sigue pareciendo importante esos espacios de la comunidad internacional, del alto comisionado, del Vaticano sobre la situación venezolana. Por supuesto que el Gobierno va a seguir haciendo su incidencia y por supuesto implantar su narrativa que es responsabilizar a las sanciones de la crisis económica del país, darle ese matiz en el informe que se presentará en julio».
Lo que está en la mesa
La posibilidad de esta visita, la primera de un alto funcionario de la ONU desde hace más de 10 años, se ha venido conversando con Nicolás Maduro y su equipo desde el año pasado, «y esto tienen que ver conque se tienen que cumplir algunos requisitos para que la visita pudiera concretarse», advierte Rafael Uzcátegui.
A juicio del activista, el equipo técnico de la alta comisionada está claro que una visita «no es una fotografía, si no que tiene que ser parte de un proceso amplio donde el gobierno que controla territorio tenga la voluntad de mejorar e introducir cambios en la situación de DDHH, que es el mandato del alto comisionado en la materia».
Ante la posibilidad de la liberación de presos políticos o la creación de una oficina del alto comisionado radicada en Venezuela, Uzcátegui afirma que esta ha sido una de las peticiones recurrentes de las organizaciones de derechos humanos venezolanas, pues forma parte de la posibilidades factibles de trabajo con esa instancia de Naciones Unidas.
«Eso se habrá puesto sobre la mesa en las discusiones con el Gobierno sobre qué tipo de compromisos pueden asumir a partir de la visita para mejorar la situación de los derechos humanos, seguramente también la liberación de personas presas por razones políticas o ampliar, por ejemplo, la cantidad de organizaciones humanitarias que puedan ayudar en la situación venezolana y que actualmente se suscribe a la Cruz Roja y Cáritas», considera.
Otras de las condiciones de la visita de Bachelet, enumera el coordinador de Provea, son que las reuniones que se sostengan con todos los sectores sean confidenciales, que se pueda reunir en privado, especialmente con las víctimas; seguridad para su equipo durante su presencia en Venezuela; que pueda tener acceso a todos los sectores y actores que ella muestre interés en conversar; proceso amplio de voluntad de cambio y que sea pública la visita, como finalmente se ha hecho.
Uzcátegui reitera que «el tiempo de la visita es corto y tendrán que elegir, priorizar algunos centros de reclusión que ellos les interese ver. Si el alto comisionado solicita visitar Ramo Verde, El Helicoide o la sede del Sebin en Plaza Venezuela eso se debería dar».
