¿Qué significan la decisión de la corte penal internacional y la de la contraloría?
Autor: por Marta de la Vega
Twitter: @martadelavegav
La posibilidad de que el régimen de Maduro en Venezuela sea derrotado y que el país vuelva a ser democrático depende de varios factores y no se puede predecir con certeza el resultado. El respaldo de gobiernos como los de Rusia, China, Cuba, Irán, Siria y Turquía, para citar a los más sobresalientes representantes del bloque antioccidental y supuestos enemigos de Estados Unidos, además de proyectos de cooperación firmados con estos regímenes autocráticos y hasta con Corea del Norte, la mayor parte de las veces sin respeto de la Constitución, ha brindado apoyo político, económico, militar y diplomático al régimen dictatorial madurista y así ha contribuido a su sostenibilidad.
También ha convertido Venezuela en un peón de ajedrez, a la vez territorio tomado por grupos narcocriminales y terroristas extranjeros y campo de guerra o cabeza de puente en el escenario geopolítico mundial de los enfrentamientos entre las grandes potencias por expandir sus zonas de influencia en América Latina.
En este horizonte, no es fácil quebrar la inercia de vocación totalitaria de la camarilla militar civil que domina todas las instituciones y que encabeza Maduro para permanecer en el poder, aunque sea un mandato usurpado cuyos métodos brutales de represión revelan una dictadura espantosa. Tampoco es asequible una dinámica reivindicadora y de resistencia con el 96% de la población en condiciones de pobreza que lucha a duras penas por sobrevivir en una crisis humanitaria compleja que se alarga por varios años sin cambios significativos en el horizonte. Esto, pese a los esfuerzos de organizaciones no gubernamentales y agencias multilaterales supranacionales para combatir sus secuelas más graves.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que las dinámicas políticas y sociales pueden cambiar y los regímenes autoritarios no son inquebrantables. Históricamente hay ejemplos de países que han logrado transiciones democráticas incluso cuando estaban respaldados por potencias antidemocráticas.
Para que ocurra un cambio hacia la democracia en Venezuela, aunque ha habido durante muchos años manifestaciones ciudadanas que no obtuvieron los resultados esperados, sigue siendo crucial la movilización de la sociedad civil.
El camino electoral, pese a dificultades y obstáculos, es una oportunidad de aglutinar fuerzas y cambiar de manera tangible la correlación entre el conglomerado chavista y las fuerzas democráticas. La unidad de diversos sectores políticos es otro factor clave, así como la presión interna y externa y el apoyo internacional.
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La decisión inconstitucional y arbitraria de la contraloría madurista, nula de toda nulidad siguiendo los artículos 49 de la Constitución y 19.4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, como sostuvo Román Duque Corredor, al inhabilitar a María Corina Machado por quince años más, es un crimen de lesa humanidad por artículos 7.1.h y 7.2 del Estatuto de Roma. Si el funcionario Amoroso no la revoca, de acuerdo con el artículo 83 de la LOPA, es corresponsable de tal delito. Solo una sentencia firme en un juicio penal puede inhabilitar políticamente a un ciudadano (artículo 42 de la Constitución).
El comunicado de la Comisión Nacional de Primaria ante este fraude inaceptable, es muestra valiente de precisión jurídica y desobediencia civil: «Tales sanciones no son un obstáculo para la participación en la Primaria, como ha sostenido reiteradamente esa Comisión». La maniobra impulsada por el «alacrán» Brito puede resultar un boomerang.
En este sentido, la decisión tomada por la Corte Penal Internacional de proseguir las investigaciones por crímenes de lesa humanidad en Venezuela es muy importante. No solo es el reconocimiento a las víctimas de los atroces delitos perpetrados de forma sistemática como política de Estado sino el desenmascaramiento de la hipocresía madurista. Hasta el más alto nivel en la cadena de mando hay deliberada responsabilidad de los funcionarios de Maduro, incluso él, y no únicamente verdugos de bajo rango o quienes ejecutaron directamente los crímenes de lesa humanidad, que no prescriben jamás.
No basta este avance para mostrar al mundo civilizado la magnitud del horror a que han sido sometidos sospechosos, disidentes o críticos de la estructura criminal mafiosa que ha tomado por asalto el Estado y sus instituciones y ha saqueado el tesoro nacional convertido en botín de hampones disfrazados de políticos o servidores públicos. La consolidación de una coalición amplia y diversa que comparta una visión democrática y esté dispuesta a trabajar en conjunto es fundamental.
Marta de la Vega es Investigadora en las áreas de filosofía política, estética, historia. Profesora en UCAB y USB.
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