¿Qué sigue ahora con el Examen Periódico de la ONU a Venezuela?
Le corresponde a las delegaciones de Somalia, Indonesia y Cuba fungir como relatora o troika para el informe del EPU Venezuela de este tercer ciclo. Estos países tienen la responsabilidad de sistematizar las recomendaciones hechas por los países
El Examen Periódico Universal (EPU) es uno de los mecanismos que tiene Naciones Unidas para evaluar a sus Estados miembros. En este caso, el EPU se concentra en la situación de derechos humanos y la mejora de estos a través de la adopción e implementación de recomendaciones hechas por otros países a la nación evaluada.
Para conseguir esto, en el Examen Periódico se evalúa el historial de los Estados, al igual que las violaciones a los derechos humanos.
Como se menciona en la página de Naciones Unidas, el EPU «también aspira a proporcionar asistencia técnica a los Estados y a mejorar su capacidad para enfrentarse de forma eficaz a las dificultades en materia de derechos humanos además de compartir las mejores prácticas en el campo de los derechos humanos entre Estados y otros participantes interesados».
Venezuela se sometió el martes 25 de enero a su tercer período del EPU. En el segundo ciclo, el gobierno de Nicolás Maduro aceptó 193 recomendaciones y adoptó 24 compromisos voluntarios. En el informe nacional, las medidas coercitivas unilaterales son esgrimidas como la razón principal de la caída en la cobertura de programas sociales y servicios subsidiados.
En la #UPR40, @delcyrodriguezv, Vicepresidenta, dijo que #Venezuela:
• celebró 29 elecciones democráticas en los últimos 20 años
• continuó garantizando los derechos sociales y económicos
• proporcionó servicios sociales a toda la población— UN Human Rights Council (@UN_HRC) January 25, 2022
En este tercer ciclo, 116 países tomaron el derecho de palabra para hacer sus recomendaciones sobre temas que van desde la ratificación de protocolos contra la tortura y desapariciones forzadas, lucha contra la trata de migrantes, reformar el sistema de justicia y garantizar su independencia; además del cese de la persecución política, a periodistas y defensores.
Ahora le corresponde a las delegaciones de Somalia, Indonesia y Cuba fungir como relatora o troika para el informe de este ciclo. Estos países tienen la responsabilidad de sistematizar las recomendaciones hechas por los países.
En #UPR40, los estados recomendaron que #Venezuela:
• toma medidas conducentes a elecciones libres y justas
• regresa al Sistema Interamericano de Derechos Humanos
• asegura que las condiciones de detención cumplan con las Reglas Nelson Mandela— UN Human Rights Council (@UN_HRC) January 25, 2022
Los países pueden revisar este documento y hacer observaciones en caso de que sus recomendaciones no hayan sido recogidas con la fidelidad con la que se formularon durante la sesión.
El Grupo de Trabajo del EPU tiene previsto aprobar las recomendaciones de Venezuela a las 3:00 pm del 28 de enero, y las autoridades posiblemente informen cuáles aceptan y si tomarán de nuevo compromisos voluntarios para el tercer ciclo.
¿Eso es todo? Pues no. Calixto Ávila, consultor en derechos humanos y representante de Provea en Europa, explica que generalmente los Estados piden un plazo con el objetivo de analizar más detenidamente este documento y presentar un informe de adición, donde «se acepta o toma en cuenta las recomendaciones que han sido presentadas. También pueden hacer otras observaciones al debate y al documento aprobado».
Ese informe de adición debe ser presentado antes del segundo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se realiza en febrero-marzo, y el siguiente periodo de sesiones es en junio-julio.
Ávila destaca que posiblemente Venezuela presente su documento de adición antes de las sesiones de junio-julio. «En ese momento deberá ser aprobada por el Consejo de Derechos Humanos, lo que tiene como consecuencia la publicación de todos los documentos y la matriz de recomendaciones».
Esto último es elaborado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que encabeza Michelle Bachelet. «Se sigue una plantilla donde se reúne por temas las recomendaciones y se enumeran de acuerdo a lo aprobado este viernes».
A partir de allí, prosigue el representante de Provea, se abre un periodo de cuatro años y medio cuando el Estado venezolano deberá cumplir esas obligaciones en virtud de los principios de buena fe.
¿Qué pasa si no cumplen con el EPU?
El representante de Provea Calixto Ávila menciona que el único antecedente que existe dentro de CDH ONU, por falta de cooperación en el EPU, fue la decisión adoptada en 2013 contra Israel, que se negaba a participar en el Examen periódico.
A pesar de que se aplazó ese EPU, la resolución de la ONU señala que es un precedente aplicable a todas las circunstancias de falta de cooperación en el futuro. Calixto Ávila afirma que las recomendaciones de este examen también se suman a las que ha hecho la Alta Comisionada Michelle Bachelet en sus informes, a las que han hecho relatores y Grupos de Trabajo y la Misión de Determinación de Hechos.
«Si el Estado incumple, como incumplió la mayoría de las recomendaciones de 2016, esto no haría otra cosa que fortalecer los argumentos en los miembros del CDH ONU en mantener la vigencia de la Misión de Determinación de Hechos, cuyo mandato será analizado en septiembre de este año», dice el representante de Provea.
Tampoco descarta que los Estados busquen activar otros mecanismos como una comisión de investigación, «que es un mecanismo más fuerte en el caso de Venezuela, al no cumplir de buena fe las recomendaciones que adoptó durante el Examen Preliminar».
Recomendaciones en saco roto
Las organizaciones Civicus, RedLad y Espacio Público emitieron un comunicado conjunto donde afirman que Venezuela no ha aplicado más del 80% de las recomendaciones hechas durante el segundo ciclo de la EPU (2016) sobre derechos cívicos.
«Venezuela no ha abordado de forma decidida las restricciones injustificadas al espacio cívico, en particular las relacionadas con el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión. De las 40 recomendaciones recibidas, Venezuela solo implementó parcialmente siete y no implementó 33», aseguran las organizaciones.
Las tres ONG reclaman una mayor asfixia y trabas para ejercer los derechos de expresión, información, asociación y libre reunión en los últimos años, a través de nuevas disposiciones ejecutivas y legales que lesionan las libertades individuales y colectivas.
«Se ha intensificado la persecución judicial y las restricciones financieras contra la sociedad civil, contra defensores de los derechos y contra periodistas, unido a un discurso estigmatizador que pretende justificar los ataques contra el ejercicio legítimo de las libertades de asociación y expresión. También estamos alarmados por la persistente supresión sistemática de las protestas pacíficas», señalaron.
Por ejemplo, desde la promulgación de la Ley contra el Odio para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, vigente desde 2017, al menos 42 personas han sido procesadas judicialmente con base en alguna disposición contemplada en este instrumento. El caso más reciente es el del activista Javier Tarazona, presidente de Fundaredes.
Entre 2020 y 2021, las autoridades establecieron requisitos adicionales de registro y presentación de informes que suponen trabas burocráticas para las organizaciones y restringen su funcionamiento.
También siguen vigentes algunos artículos del Código Penal que son restrictivos y regresivos con las normas y compromisos internacionales que ha adoptado Venezuela respecto a libertad de expresión.
