Quiebra de Monómeros, fracaso del interinato y disolución del G-4, por Víctor Álvarez R.
Twitter: @victoralvarezr
Monómeros Colombo-Venezolanos S.A. es una filial de Pequiven con sede en Colombia. En 2019, cuando Guaidó fue reconocido como presidente interino por el gobierno de Iván Duque, designó una junta administradora ad hoc para dirigir la empresa petroquímica productora de fertilizantes. En la rendición de cuentas a la Asamblea Nacional (AN) en 2020, la Presidenta de la Junta Directiva, Carmen Elisa Fernández, afirmó que Monómeros «es una empresa rentable (…) recuperada en un 99% (…) por una forma distinta de gerenciar los activos públicos y constituirá un ejemplo de cómo vamos a recuperar al país»
Para sorpresa de muchos, en un escueto comunicado la Junta Directiva anuncia que se acoge al Decreto 560 de 2020 para iniciar una negociación de emergencia con los acreedores. Ese decreto regula procedimientos para reorganización de empresas en quiebra. Con base en el artículo 85 de la Ley 222 de 1995, la Superintendencia de Sociedades de Colombia, mediante resolución No. 301-004466, decidió tomar el control sobre Monómeros. Esto provocó la renuncia de la presidenta designada por Juan Guaidó, Carmen Elisa Hernández.
Si Monómeros era una empresa solvente cuando pasa al control del interinato, cómo es que ahora se declara en cesación de pagos. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen las decisiones de la gerencia nombrada por Juan Guaidó y cuál es la responsabilidad del interinato en la caída de Monómeros?
Primero Justicia se lava las manos y se deslinda del interinato
Los activos públicos que se le confiaron al interinato no eran para el reparto entre los partidos ni usufructo de sus funcionarios. El G-4 es una coalición de partidos políticos, pero no son una institución, no son ni el Ejecutivo ni la Asamblea Nacional. Sin embargo, las tensiones entre los partidos del G-4 por el control de los activos de la República en el exterior se fueron recrudeciendo cada vez más.
El ex embajador de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, denunció tempranamente la intromisión de Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP) en la gerencia de Monómeros. En enero de 2020 la fracción parlamentaria del partido Primero Justicia (PJ) salvó su voto sobre el acuerdo para la creación del fondo de litigios. Como los recomendados de AD, PJ y UNT no eran contratados, en septiembre de 2020 exigieron a Guaidó rendir cuentas sobre la contratación de bufetes para litigios. El 26 de diciembre de 2020 hicieron pública la exigencia de transparencia en el manejo de los fondos públicos y el 22 de enero de 2021 PJ se pronunció por una investigación sobre el manejo de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, PetroParaguay y Cristallex.
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Estas contradicciones se vuelven antagónicas y PJ es el primero en abandonar el barco del gobierno interino y en un comunicado público anuncia que se deslinda de Juan Guaidó: “Dada la falta de receptividad de Juan Guaidó y los representantes del gobierno interino responsables de esta tarea, especialmente de Voluntad Popular, anunciamos nuestra decisión de no participar más en los espacios que atienden la materia referida a los activos en el exterior”.
PJ se lava las manos en este escándalo y tardíamente plantea que la gestión de los activos en el exterior se haga a través de la figura de un fideicomiso independiente “para ordenar y profesionalizar la gerencia”.
Su propuesta es que Monómeros y demás activos sean transferidos a un fideicomiso administrado por un ente externo como el BID o el Banco Mundial, con el fin de garantizar la protección de estos.
Contra los activos de la República hay más de 60 litigios en EEUU, muchos de los cuales no tienen la defensa de abogados designados. Esto significa que están expuestos a la potencial pérdida activos cuyo valor asciende a $24 mil millones. A todas estas, los acreedores de la República están a la espera de que se flexibilicen las sanciones para ejecutar las garantías y cobrar sus cuentas pendientes.
Gobierno interino: más de lo mismo
El interinato de Guaidó tuvo la oportunidad de hacer algo distinto y mejor pero no logró un cambio en la manera como se gestionan los recursos públicos. El gobierno interino desembocó en una rapiña en la que los partidos del G-4 ahora se acusan mutuamente de imponer a personas con dudosa solvencia que le hicieron un grave daños a los activos públicos que se les confiaron. El interinato cayó en los mismos vicios que tanto le han criticado al oficialismo: opacidad, politización, corrupción y falta de rendición de cuentas. Y la opacidad es el caldo de cultivo para que fermenten conflictos de interés, discrecionalidad, abuso de poder y corrupción.
Las denuncias de malversación de la ayuda humanitaria, fondos públicos y donativos para atender a los militares venezolanos en Cúcuta, nunca fueron aclarados por el presidente interino que a su vez ejercía la presidencia de la AN, el órgano contralor. La gestión contralora de la AN presidida por Guaidó se desdibujó a la hora de exigir a los funcionarios del interinato procesos transparentes, contraloría y rendición de cuentas.
Una cosa es ser un órgano de gobierno y otra un órgano de control. Entre ambas hay conflictos de intereses y no se pueden ejercer las dos cosas a la vez. Si simultáneamente se gobierna y se controla se está cayendo en la misma concentración de poder que se le cuestiona a Nicolás Maduro al no respetar la separación y autonomía de los poderes públicos.
Se debilita la confianza internacional en el interinato
La ausencia de una institución de control con una verdadera capacidad para velar por el resguardo y buen manejo de los recursos públicos permitió turbios manejos que han desacreditado el interinato de Guaidó.
Al asumir como presidente interino el control de los activos de Venezuela en el extranjero, Guaidó tenía que velar por su protección, pero la opacidad y corrupción que enlodan la imagen del gobierno interino lo dejan muy mal parado ante la comunidad internacional que lo apoyó. La opacidad, la discrecionalidad y la ausencia de controles efectivos quebrantan la confianza de más de 50 gobiernos que reconocieron al gobierno interino. Pero Guaidó también está cada vez más cuestionado por sus aliados y seguidores nacionales. Y tan cuestionado desempeño defrauda las expectativas de quienes lo reconocieron internacionalmente. El interinato tiene los días contados y terminará de desmoronar al G-4.
Víctor Álvarez es economista. Investigador/consultor. Premio Nacional de Ciencias.
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