¿Quién es Carol Padilla, la jueza sancionada por el Departamento del Tesoro de EEUU?
Padilla es ficha clave de la campaña de juicios políticos emprendida por el gobierno contra destacados dirigentes de la oposición
La juez Carol Bealexis Padilla, a cargo del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control y con competencia en Terrorismo, es considerada como una pieza clave para ejecutar acciones contra dirigentes opositores.
Nacida en febrero de 1972, sus cotizaciones al Seguro Social desde 1990 son por la Dirección General de la Magistratura, lo que habla que su carrera dentro de la administración de justicia ronda las tres décadas.
No obstante, su historial no es impecable como se cree.
En 2002 aparece mencionada en una sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por presuntamente forjar un documento con el objetivo de perjudicar a un inspector del extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial.
En la sentencia firmada por el magistrado Levis Zerpa, se menciona en los fundamentos de la parte accionante que «Dicha irregularidad ocasionó el inicio de una averiguación penal, siendo detenidas preventivamente las abogadas Yunlin Arretureta y Carol Bealexis Padilla, quienes declararon ser las autoras de la falsificación del documento y que señalaron al recurrente como la persona encargada de entregarle el mismo al funcionario Gregorio Álvarez, para que lo insertara en las actuaciones que irían al tribunal de la causa».
Ese mismo año, Padilla aparece como abogada representando al ciudadano Edgar Enrique Márquez, quien como «víctima de los sucesos ocurridos en el país entre los días 11 al 14 de abril de 2002», denunció ante la Sala Plena del TSJ a los entonces magistrados Franklin Arrieche y Blanca Rosa Mármol de León por los delitos de «complot político y privación de libertad psíquica». Esa solicitud de antejuicio de mérito contra los magistrados fue declarada como «inadmisible» en 2003.
Cambios de rumbo
Según el portal Poderopedia, la juez formó en 2013 parte del equipo del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional (AN), entonces presidida por Diosdado Cabello.
En agosto de 2017, a la jueza 20 de Control de Caracas se le «encomendó» el juicio del fiscal auxiliar Luis Sánchez. Padilla ordenó su detención preventiva y ordenó como sitio de reclusión la sede del Sebin. El fiscal Sánchez era uno de los encargados de investigar (durante la era de Luisa Ortega Díaz en el Ministerio Público) la corrupción de la constructora Odebrecht en Venezuela.
Padilla toma notoriedad tras el “atentado” contra Nicolás Maduro en agosto de 2018. Su primera medida fue dictaminar que había indicios para ordenar la captura del expresidente del Parlamento, Julio Borges; orden que finalmente fue ejecutada por el Tribunal Supremo de Justicia.
Posteriormente, Padilla fue la jueza que imputó siete delitos al diputado Juan Requesens, preso en la sede del Sebin en El Helicoide, por su supuesta participación en atentado. Fue la jueza que ordenó la detención del concejal del Cabildo Metropolitano Juan Albán, quien habría sido asesinado por funcionarios del Sebin mientras era interrogado, aunque la versión oficial habla de suicidio.
Más recientemente, Padilla ordenó la detención Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente de la AN, Juan Guidó, involucrado en la madeja de acusaciones relacionadas con supuestos actos conspirativos contra Maduro.
