¿Quién es Karim Khan, el futuro fiscal de la Corte Penal Internacional?
Los ojos del mundo entero están postrados sobre la figura de Khan, quien cuenta con un grueso expediente en su haber y un historial repleto de temas delicados, con defensas a víctimas y victimarios
Mediante una votación secreta efectuada por 122 miembros de la Asamblea de Estados Partes (firmantes del Estatuto de Roma) de la Corte Penal Internacional (CPI), fue electo el criminalista británico Karim Kham como nuevo fiscal del ente, que tomará posesión del cargo en junio del presente año, cuando culmina el período de la actual ocupante, Fatou Bensouda.
El abogado fue electo mediante el mecanismo de la votación secreta después de que los Estados Partes no pudiesen llegar a un consenso para la elección de un único candidato, obteniendo 72 de los 122 votos posibles entre las cuatro opciones disponibles.
Convirtiéndose en apenas el tercer fiscal electo desde la apertura de la institución, en 2002, Khan deberá afrontar una complicada gestión, heredada por diversos casos delicados que encabeza actualmente Bensouda, especialmente el conflicto entre Afganistán y Palestina, en su lucha territorial que se ha extendido durante los últimos 50 años.
El trabajo de Khan estará marcado también por el rechazo de potencias como Estados Unidos, China o Rusia, que se niegan a formar parte de esta entidad, que integra a solo 123 de los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. De igual forma, deberá dar continuidad al caso contra Nicolás Maduro, que debe ser investigado después de que la CPI concluyera que existen fundamentos para creer que se cometieron crímenes desde, al menos, abril de 2017.
En este contexto, los ojos del mundo entero están postrados sobre la figura de Khan, quien cuenta con un grueso expediente en su haber y un historial repleto de temas delicados.
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El polémico historial de Khan
El británico es especialista en derecho penal internacional, conocimiento que le ha valido para ser asesor especial del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, un rol que le llevó a encabezar la misión que reúne pruebas sobre los crímenes cometidos por el Estado Islámico.
Desde finales de los noventa, trabajó en múltiples casos en fiscalías de los Tribunales Internacionales Especiales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, al igual que para Camboya, Líbano y Timor Oriental; por lo que siempre ha mantenido una conexión estrecha con la CPI.
Su historial profesional está caracterizado por la reputación de sus clientes, pues ha defendido causas tanto de victimarios como de víctimas. Entre sus trabajos más polémicos, se encuentra la defensa al exvicepresidente del Congo, Jean-Pierre Bemba, pues logró absolverlo de los 18 años de prisión a los que había sido condenado por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por sus tropas en la República Centroafricana, a mediados de 2002.
Otro nombre pesado en su cartera de clientes fue el de Saif al-Islam, hijo del fallecido dictador de Libia, Muamar al Gadafi. La CPI aún se encuentra en búsqueda y captura de al-Islam por crímenes de lesa humanidad.
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En 2006, asumió la defensa del expresidente de Liberia, Charles Taylor, en el Tribunal Especial para Sierra Leona. Sin embargo, Taylor, uno de los hombres más temidos de África Occidental, despidió al abogado para encabezar su propia defensa.
También defendió al expresidente de Kenia, William Ruto, y logró que le retiraran cargos de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante la violencia desatada tras la victoria de Mwai Kibaki en las elecciones presidenciales de 2007. En 2014, un testigo de la defensa desapareció y fue encontrado sin vida, con signos de tortura, por lo que algunas ONG acusan a Khan de no haber investigado este asesinato.
En la otra cara de la moneda, voluntariamente se mudó a Bagdad y empezó a reunir pruebas de los crímenes cometidos por yihadistas en Irak, con la finalidad de defender a las víctimas en un posible juicio internacional contra el Estado Islámico.
En una entrevista a EFE, cuando asumió la dirección del Equipo de Investigación para la Promoción de la Justicia por los Crímenes Cometidos por el EI, prometió respetar la soberanía iraquí sobre delitos cometidos en el país, y aseguró que no se trataba de un «favor de la ONU a las víctimas», sino el derecho que tienen a «ver justicia».
