«Quién gana, quién pierde», por Pascual Curcio M.
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«Los males mayores son dos: que los campesinos que extraen los alimentos de la tierra sufran hambre, y que el hombre poseedor de fuerza
se apodere de las posesiones de los débiles, sin trabajar para ello».
Emperador Ciro II el Grande (539 a. C.).
Discurso pronunciado a las puertas de Babilonia,
ciudad capturada sin derramar sangre inocente.
La lección histórica del legendario gobernante persa sobre la indispensable protección al agricultor como política de Estado queda evidenciada luego de casi 26 siglos al revisar las estadísticas de la ONU relativas al Índice de Desarrollo Humano (IDH): los países con mayor progreso en lo social no son los que poseen el mayor Producto Interno Bruto (PIB), sino aquellos que producen los alimentos que consumen, logrando con ello el equilibrio natural para sustentar su existencia y cubrir necesidades básicas.
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Recién vimos con estupor como un agricultor merideño era arrestado bajo cargos inauditos y tal detalle debe llamar la atención porque no es un hecho casual, no; es sólo la punta del iceberg mostrando el desinterés del Estado venezolano por el bienestar y progreso de la agroindustria nacional, hacernos dependientes de las importaciones para obtener el alimento diario al estar enmarcada su definición de «soberanía alimentaria» sobre nuestra total dependencia a las cajas CLAP.
En efecto, la perfidia laboral contra los benditos trabajadores del campo se inicia a finales del año 2015 con la «Ley de Semillas», una disposición jurídica llena de frases nonsense y de un vacío explicativo técnico científico que violenta no solamente aspectos sobre el derecho a la propiedad intelectual vinculado con el comercio cuando permite al gobierno confiscar el saber popular en lo agrícola, sino que también monopoliza el suministro de las semillas a ser utilizadas con fines productivos, pretendiendo hacer dependiente al campesino del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), el cual decide que se siembra y quien siembra.
Estudiosos de la política afirman que para poder instaurar un poder hegemónico debes controlar el suministro de alimentos, pero también es vital eliminar la capacidad de ahorro e iniciativa de las personas; está última acción es concretada el 1ro. de Mayo, cuando se anuncia al mundo la eliminación del salario en Venezuela y el retorno a la época colonial de América, regreso al esquema de las «encomiendas», cuando por grupos el pueblo indígena era entregado a súbditos españoles quienes les garantizaban comida y evangelización por los servicios prestados, convirtiéndose el Estado venezolano en el encomendero principal y para ello fue diseñada la web Patria, donde ofrecen dadivas que no son más que la necesaria mercancía de intercambio para lograr la adscripción popular a la condición de esclavo por convicción o, al menos, pretender controlar el voto de las personas agobiándolas con las necesidades.
Ya no hay razón para la inversión pública, las misiones sociales extintas y es paralizado el proyecto vital para apuntalar nuestro desarrollo agroindustrial: el Plan Ferroviario Nacional 2006 – 2030, paradójicamente aspiración máxima del otrora gobierno bolivariano, beneficiando al grupo de transportistas que controlan tanto la prestación del servicio como la importación de productos para abastecer al mercado automotriz.
Indispensable es tener incondicional indulgencia con los importadores para sostener el modelo totalitario confeccionado, básico es continuar agudizando el detrimento de la producción interna e ir generando una devaluación indetenible del bolívar; el pueblo inconsciente del origen de su malestar paga con su trabajo la tropelía, y así una clase social absolutista salida del seno del PSUV y del gobierno controlan toda la escena económica, comportándose cuan salvaje corporación capitalista elitista sin consideración alguna del bienestar general de la población en su intento por imponer hegemonía política bajo el discurso «un solo gobierno».
El ecosistema debe ser mercantilizado para obtener mayores ingresos y mostrar una falsa imagen de prosperidad al exterior. Desde la jefatura del Estado se irradia una arrogancia suicida colocándose por encima de la naturaleza y se permite la ocupación indebida de Parques Nacionales y otros escenarios naturales protegidos por Ley para ser utilizados con un fin económico selectivo, excluyendo a las mayorías – turismo elitista en divisas, la cubanización de esta industria -. Vemos la construcción de muros para limitar el acceso a playas en el Litoral Central, degradando el paisaje visual con el alto riesgo medio ambiental que esto significará ante las lluvias por bloquear la escorrentía normal de las aguas, preludio de seguras inundaciones. Aun más grave es la destrucción de la biósfera amazónica, patrimonio ecológico de la humanidad para entregar a extranjeros los recursos mineros allí existentes, arco minero, sin autorización ni contabilidad alguna para su verdadero propietario constitucional, el pueblo venezolano.
Los intereses de Estado en Venezuela están enfocados a sostener rentas privadas de la elite gobernante, la que siempre gana y la que hemos visto a diario por más de dos décadas en todos los medios audiovisuales del país, medios nacionales e internacionales financiados con el tributo popular y utilizados para tratar de imponer deseos particulares camuflados como necesidades públicas, vendiendo como socialismo utópico un totalitarismo castrador del libre pensamiento e iniciativa personal en claro perjuicio de las mayorías, el siempre perdedor.
«Se llega a la miseria cuando priva la concepción individualista en las acciones del Estado», frase inmortal del filósofo alemán Hegel, mostrando la única solución viable para salir de la emboscada ideológica: dejar de lado la polarización política y al canto “el pueblo unido jamás será vencido” retomar el hilo constitucional.
Pascual Curcio Morrone es geógrafo (UCV-1983). Especialista en Análisis de Datos. Especialista en Fotogrametría, IPO, adscrito a la Universidad de Stuttgart, Alemania.
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