¿Quiénes son los inmigrantes venezolanos que Trump mandó al CECOT?
El 15 de marzo, el gobierno del presidente Donald Trump envió a 238 inmigrantes venezolanos a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador. La semana pasada, ellos fueron liberados con la misma premura con la que se los habían llevado. Esta base de datos reúne información detallada sobre estos venezolanos deportados al CECOT, cuyos nombres fueron publicados por primera vez por CBS News. Los hombres fueron regresados a Venezuela y el número total asciende a más de 250. Éstas son sus historias
Por: Perla Trevizo, ProPublica, Texas Tribune; Melisa Sánchez, ProPublica; Mica Rosenberg, ProPublica; Gabriel Sandoval, ProPublica; Jeff Ernsthausen, ProPublica; Ronna Risquez, Alianza Rebelde Investiga; Adrián González, Cazadores de Fake News; Adriana Núñez Moros, periodista independiente; Carlos Centeno, periodista independiente; Maryam Jameel, ProPublica; Gerardo del Valle, ProPublica; Cengiz Yar, ProPublica; Lomi Kriel, ProPublica, Texas Tribune; Nicole Foy, ProPublica; Rafael Carranza, Arizona Luminaria; Lisa Seville, ProPublica; Kate Morrisey, periodista independiente.
Publicado en colaboración con Propublica, The Texas Tribune, Alianza Rebelde Investiga (El Pitazo, RunRun.es y TalCual) y Cazadores de Fake News
Para conocer las historias de los 238 hombres deportados a El Salvador haz click aquí
ProPublica, The Texas Tribune y un equipo de periodistas venezolanos de Alianza Rebelde Investiga (Runrun.es, TalCual y El Pitazo) y Cazadores de Fake News han pasado los últimos cuatro meses indagando sobre las vidas y los antecedentes de 238 hombres venezolanos que estuvieron presos en El Salvador. Hemos recopilado un informe sin precedentes, caso por caso.
Accedimos a datos del Gobierno para determinar si habían sido condenados por delitos en Estados Unidos o si tenían cargos pendientes. Descubrimos que la mayoría figuraban únicamente por infracciones a las leyes de inmigración. También entrevistamos a familiares de más de 100 de los deportados, revisamos miles de páginas de expedientes judiciales de Estados Unidos y Sudamérica, y analizamos datos de los tribunales federales de inmigración.
La vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, evitó responder preguntas sobre los hombres que figuran en la base de datos, pero afirmó que Trump “está comprometido con el pueblo estadounidense a cumplir sus promesas al pueblo estadounidense y a expulsar a los delincuentes y terroristas indocumentados que suponen una amenaza para la seguridad pública”. Jackson remitió las preguntas al Departamento de Seguridad Nacional, que tampoco respondió.
Obtuvimos información interna que demuestra que el gobierno de Trump sabía que al menos 197 de los deportados no tenían condena por ningún delito en los Estados Unidos, y que solo seis habían sido condenados por delitos violentos. Identificamos menos de una docena de condenas adicionales, tanto por delitos cometidos en los Estados Unidos como en el extranjero, que no se reflejaban en los datos del gobierno.
Casi la mitad de los deportados, 118, fueron expulsados del país con sus casos de inmigración aún en proceso, lo cual debería haberlos protegido de ser deportados. Algunos estaban a unos pocos días de su audiencia final.
Al menos 166 de los deportados tienen tatuajes. Según las entrevistas con familiares, los documentos y registros judiciales, el gobierno se basó en gran medida en los tatuajes para vincularlos a los deportados con el Tren de Aragua, aunque los expertos consideran que los tatuajes no son un indicador fiable de pertenencia a la pandilla.
Cuando fueron detenidos, muchos de ellos se encontraban trabajando en Estados Unidos. Al menos 20 eran barberos o estilistas, 38 eran jornaleros o trabajadores de la construcción como obreros o albañiles y por lo menos 25 eran repartidores o conductores de aplicaciones de taxi.
Los venezolanos tienen entre 18 y 46 años de edad. Las consecuencias de estar presos durante meses van más allá de los deportados. Sus esposas no podían cubrir la renta. Sus familiares tuvieron que suspender sus tratamientos médicos. Sus hijos no sabían si volverían a verlos.
Metodología
Esta base de datos forma parte de una investigación conjunta de ProPublica, The Texas Tribune y los medios venezolanos Cazadores de Fake News y Alianza Rebelde Investiga sobre los 238 venezolanos deportados al CECOT el 15 de marzo, y cuyos nombres fueron publicados por primera vez por CBS News.
En el procesos para confirmar la identidad de los deportados, buscamos por fecha de nacimiento en los registros oficiales del gobierno venezolano, entre ellos la base de datos del servicio de identificación (Saime) del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; la base de datos pública del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); y la base de datos pública del Registro Electoral. El equipo de periodistas de esta alianza de medios estadounidenses y venezolanos entrevistó a familiares de más de 100 de los deportados, además de docenas de abogados que los representan y organizaciones civiles que colaboran en su defensa. Las entrevistas se realizaron antes de que los deportados fueran puestos en libertad, y muchas de ellas se llevaron a cabo en español.
Revisamos las cuentas de redes sociales de los deportados y sus familiares, además de reportajes, comunicados de prensa del gobierno de Estados Unidos y documentos judiciales. Para determinar qué sucedió con sus casos de inmigración, analizamos los datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
También obtuvimos, en exclusiva, información que el gobierno había recopilado sobre los hombres deportados antes de su expulsión. Entre esos datos, se consignaba si habían sido condenados por delitos en Estados Unidos, si tenían cargos pendientes o si figuraban únicamente por violaciones de las leyes de inmigración. Faltaban datos sobre nueve casos. Para verificar y ampliar esa información buscamos en bases de datos de registros públicos de Estados Unidos; revisamos los sitios web de la policía, de departamentos de sheriff y tribunales de condado; leímos documentos judiciales, y presentamos numerosas solicitudes de registros públicos a las fuerzas del orden y a los sistemas judiciales de todo el país.
Para buscar antecedentes penales en el extranjero, revisamos los registros del sitio web oficial del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y consultamos una base de datos jurídica de alcance mundial. También obtuvimos información judicial y policial de Chile, Perú y Colombia, y entrevistamos a funcionarios policiales de estos países, en los que algunos de los migrantes vivieron previamente. Además, pudimos acceder a tres bases de datos de la policía venezolana y a un informe de Interpol de enero de 2024 que se usaron para confeccionar una lista de más de 1.400 presuntos miembros de pandillas venezolanas, incluidos integrantes del Tren de Aragua. Al comparar la lista con los nombres de los 238 deportados, no encontramos coincidencias.
Los datos recabados sobre los antecedentes penales de los hombres deportados no son exhaustivos, ya que no existe una base de datos universal de acusaciones o condenas.
En el caso de las personas que, según el gobierno del presidente Donald Trump, tenían procesos penales o condenas pendientes en Estados Unidos, intentamos ponernos en contacto con sus familiares y sus abogados. Incluimos todas las respuestas de quienes nos contestaron.
Además, consultamos al gobierno estadounidense sobre cada uno de estos casos. La administración no respondió a nuestras preguntas sobre los deportados, salvo en las entradas en que se indica lo contrario.
La base de datos indica la edad de los hombres al 15 de marzo, fecha en la que fueron deportados.
Seguimos investigando. ¿Usted o alguien que conozca se encuentra entre los deportados? ¿Tiene información sobre el operativo de deportación que pueda compartir con nosotros? Puede llenar este formulario o escribirnos por WhatsApp al 917-327-4868. Por favor, sea lo más específico, claro y conciso que pueda.
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También colaboraron en esta investigación: Kate Morrisey, periodista independiente; Gabriel Pasquini, periodista independiente; Coral Murphy Marcos, periodista independiente; Liz Gascón, periodista de ARI; Melany Garces, periodista de ARI; Paula Rangel, periodista de ARI; Lucía Pineda, periodista de ARI; Mayreth Casanova, periodista de ARI; Luna Perdomo, periodista de ARI; Sheyla Urdaneta, periodista de ARI; María José Dugarte, periodista independiente; Juan Hernández Vargas, ingeniero de datos y Gabriela Rincón, periodista de Cazadores de Fake News.
Traducción de Wendy Selene Pérez con la ayuda de Google Translate. Ezequiel Zaidenwerg-Dib contribuyó a la traducción.
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