¿Quiénes podrían invertir y en qué áreas luego de la aprobación de la ley antibloqueo?
Analistas creen que la ley antibloqueo es un intento de Nicolás Maduro de darle un marco jurídico a los negocios entre el gobierno y empresas de los países aliados, principalmente Turquía e Irán, en los sectores estratégicos petróleo y oro, además de una forma de otorgarle al Ejecutivo poderes extraordinarios
El gobierno, a través de la oficialista asamblea constituyente -creada sin el voto de los electores venezolanos-, aprobó una llamada ley antibloqueo que le otorga poderes extraordinarios a Nicolás Maduro y establece un marco normativo para, supuestamente, estimular la inversión nacional y extranjera en el país pese a las sanciones de EEUU, incluyendo la participación o compra de activos «que se encuentren bajo administración o gestión del Estado venezolano» como consecuencia de expropiaciones, expoliaciones y estatizaciones llevadas a cabo, principalmente, desde la llegada de Hugo Chávez al poder.
El constituyente Francisco Torrealba, exministro de Trabajo, aseguró a TalCual que con la ley antibloqueo pueden invertir empresas públicas y privadas extranjeras que no habían podido hacerlo debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, el diputado y economista José Guerra asevera que la ley antibloqueo no permitirá la inversión, por lo menos de los países que tengan más capitales, es decir, Estados Unidos, naciones de Europa y los países asiáticos, excepto, quizás, China. «En esos países las inversiones que se hacen en el exterior son objeto de supervisión, y cuando vean que es una ley anticonstitucional, que no fue aprobada por la Asamblea Nacional (AN), esas empresas tendrán mucho cuidado de no exponerse a críticas de la opinión pública de esos países», explica.
«Probablemente quienes participarán son empresas turcas, tal vez algunas iraníes, pero no creo que haya mucho espacio para inversiones de capital fresco, inclusive desde China, no lo veo posible. China tiene ya su participación en la faja con la Corporación Nacional de Petróleo de China», indica.
El parlamentario prevé que las pocas inversiones que hagan los países aliados a Maduro sean en los sectores petróleo y minero, porque son los que estos países quieren rentabilizar.
En este sentido, el economista Víctor Álvarez afirma que la ley busca modificar el marco legal vigente para autorizar una mayor participación accionaria del capital privado en las empresas mixtas que explotan el petróleo, gas, oro, diamante, coltán y demás minerales, así como en la gestión de los servicios de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos.
Cuando resulte necesario, el Ejecutivo podrá levantar restricciones a la comercialización «para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional», de acuerdo con el artículo 28 de la ley. Esto incluye petróleo, gas, combustibles, oro, diamante, hierro, coltán y otros minerales estratégicos.
La ley también establece que los ingresos adicionales que generen las inversiones en el país por la aplicación de la ley antibloqueo, se registrarán separadamente dentro de las disponibilidades del tesoro nacional, por lo que no se incluirán en el presupuesto nacional ni estarán sometidos al control de la Asamblea Nacional.
Los ingresos por la explotación y exportación de oro han superado este 2020 a los recursos obtenidos por la venta de petróleo y además son los únicos que han aumentado en el año. Datanálisis estima un ligero incremento de 4.000 millones a 5.000 millones de dólares en ingresos por las exportaciones del oro -1.500 millones por encima de los ingresos petroleros- debido al aumento del precio en los mercados internacionales y al incremento en la explotación en el Arco Minero por acuerdos de exportación e intercambio con aliados.
Guerra agrega que otra inversión que podrían hacer las empresas de países aliados es en el área de alimentos, aunque lo ve más difícil porque el costo de los fletes es muy grande para traer esos productos a Venezuela. Un caso reciente es la intención declarada por los iraníes de abrir varios supermercados Megasis en el país. El primero fue en Terrazas del Ávila, donde antes estuvo Tiendas CLAP, propiedad del empresario colombiano Carlos Lizcano.
El economista Manuel Sutherland señala que la ley le da facilidades al Ejecutivo para tomar medidas que deberían pasar por la Asamblea Nacional, que tratará de imponer por arriba del Parlamento y de cualquier otra instancia, para poder abrir las puertas a inversiones, sobre todo la compra de activos del Estado, lo cual sería una privatización. Considera que estos negocios podrían realizarse en áreas como petróleo, gas y ventas de mercaderías al detal y mayor.
El artículo siete de la norma establece que la ley se aplicará conjuntamente con las acciones que dicte o haya dictado el Ejecutivo nacional «en el marco de la legislación sobre emergencia económica vigente». La ley permite al Gobierno suscribir tratados, acuerdos y convenios internacionales, bilaterales o multilaterales y, si es necesario, el Ejecutivo podrá «inaplicar normas de rango legal o sublegal» que impidan al Gobierno llevar a cabo determinadas acciones e implementar medidas que faciliten sus gestiones.
Más secretismo
«Algunas inversiones que pudieran entrar serían iraníes, turcas y alguna que otra china, aunque China -y Rusia también- está bastante molesto con el gobierno nacional», dice Sutherland. «Tienen años que no hacen inversiones, que no hacen préstamos y que no establecen relaciones comerciales importantes. Entonces, creo que la ley antibloqueo es una forma de privatización express masiva para, como dice la ley, desaplicar un montón de normas legales y de la Constitución y otras leyes orgánicas, que impiden el remate de los activos a nivel confidencial y en la oscuridad«.
A juicio de Víctor Álvarez, aliviar al Estado de la exagerada carga de empresas deficitarias que fueron expropiadas y terminaron quebradas por el burocratismo y la corrupción es un paso necesario para el interés nacional, pero tiene que ser un proceso transparente, sometido al escrutinio público.
El artículo 39 de la ley autoriza a las máximas autoridades de los órganos y entes de la administración pública a «otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia» para que no se vea «afectada la eficacia de las medidas» ni «el funcionamiento de los servicios públicos». También se declaran «secretos y reservados» cualquier procedimiento, acto y registro.
El economista Jesús Faría, exministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, justifica lo establecido en el artículo 39 al afirmar que revelar todo lo que se hace desde el gobierno de Maduro puede afectar que las negociaciones y acuerdos con empresas o países se concreten, por lo que deben mantenerse en secreto para que puedan materializarse.
Sin confianza
Francisco Torrealba agrega que gracias a la ley antibloqueo, no solo pueden invertir empresas públicas y privadas extranjeras, sino también las compañías privadas nacionales.
Sin embargo, el primer vicepresidente de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), Francisco Acevedo, asevera que la ley no va a incentivar a que las empresas privadas nacionales vayan a invertir debido a que fue aprobada por un gobierno que no genera confianza. «Para nada creo que las empresas se sientan motivadas a invertir. El problema no es la ley, sino el gobierno. No importa cuántas leyes tengamos, no habrá inversión mientras siga esta gobierno».
«No traerá capital extranjero ni nacional, sino de la misma gente que se siente cómoda con este gobierno. Simplemente es un piso para sentir que le dieron legalidad a una cantidad de cosas que quieren hacer con sus inversionistas, pues no vendrá nadie que no sea de sus aliados».
Por otro lado, Faría, cree que no son pocos los que están interesados en invertir en Venezuela, y que «sí son muchos los que no han podido llegar y los que se han tenido que ir por ese motivo. La última de ellas fue la Chevron, la empresa petrolera norteamericana».
Asegura que podrían invertir todos los que estén interesados en hacer negocios en Venezuela y no lo han podido hacer «por la persecución que genera el bloqueo que ha establecido el gobierno de Estados Unidos contra el país». «El que venga a invertir acá, el que provea de algo al país, el que compre algún bien de nuestro país, petróleo fundamentalmente, enseguida es perseguido y castigado de manera ilegal».
Faría, también candidato a la Asamblea Nacional para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, explica que la ley ha sido elaborada «para evadir el bloqueo y las sanciones ilegales que aplica el gobierno estadounidense contra la economía y contra el país». «Es para todos los que tengan algún tipo de interés en invertir en nuestro país y hasta el momento no lo hayan hecho por el peligro que revisten esas medidas coercitivas y unilaterales que son ilegales».
