Rajoy autorizó venta de repuestos para tanques del Ejército venezolano pese al embargo
A pesar del embargo decretado por la Unión Europea, el gobierno de Mariano Rajoy autorizó la venta de repuestos al Ejército de Venezuela para tanques de guerra
España participa en la modernización de los carros de combate del Ejército de Venezuela pese al embargo de armamento decretado por la UE. La junta interministerial que controla las exportaciones de material militar aprobó en enero de 2018 la venta a Nicolás Maduro de repuestos para blindados por 20 millones de euros. La autorización por parte del Ejecutivo de Rajoy se produjo después de que, el 14 de noviembre de 2017, entrase en vigor el reglamento de la UE que prohíbe suministrar dicho material a Caracas. Fuentes gubernamentales alegan que el contrato es anterior al embargo, aunque su aprobación política fuera posterior. Así lo reseña elpais.com
El reglamento, que entró en vigor un día después, prohibía suministrar a Venezuela cualquier material incluido en la llamada Lista Común Militar de la Unión Europea, que cita expresamente los vehículos terrestres diseñados o modificados para uso militar y sus componentes.
El embargo a Venezuela solo admite dos excepciones: el suministro de material con fines humanitarios o para operaciones de la ONU y organizaciones regionales; y “la ejecución de contratos celebrados antes del 13 de noviembre de 2017 o de contratos auxiliares necesarios para la ejecución de los mismos”.
En el primer semestre de este año, según revela la Estadística sobre Exportaciones de Material de Defensa de la Secretaría de Estado de Comercio, España vendió a Venezuela piezas de vehículos militares por 6.216 euros. Mucho más importante fue, sin embargo, que la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) —en la que se sientan representantes de Presidencia, Exteriores, Defensa, Economía, Industria o Interior— aprobara, todavía bajo el Gobierno del PP, una licencia para exportar a Caracas componentes de carros de combate por 20 millones de euros. Esta cifra es casi diez veces superior a todas las ventas de armas españolas a Venezuela en el año 2017 (3,5 millones) o 2016 (2,6).
Según las fuentes consultadas, la licencia corresponde al programa de modernización de 86 carros de combate AMX-30 de fabricación francesa que el Ejército venezolano está llevando a cabo por valor de unos 70 millones de euros. Estos tanques, adquiridos en 1970, ya fueron sometidos a una primera modernización, por parte de empresas venezolanas, que resultó un fiasco y estuvo rodeada de sospechas de corrupción,
Ahora, los carros de combate van a ser modernizados con la incorporación de equipos informáticos y electrónicos, suministrados en su mayor parte por una empresa israelí, mientras que la integración corresponderá a la firma española Star Defence Logistic Engineering SL (SDLE). Esta compañía, con sede en Móstoles (Madrid) y creada en 2008, cuenta con un centenar de trabajadores y una facturación anual de unos 15 millones de euros y es suministradora habitual del Ejército.
Exportaciones de armas a Caracas
La compra de ocho buques militares por 1.200 millones de euros, negociada por el entonces ministro de Defensa, José Bono, con el presidente Hugo Chávez, a mediados de la pasada década, convirtió a Venezuela en uno de los mejores clientes de la industria militar española.
Sin embargo, a medida de la ejecución de esos contratos concluía, las cifras se redujeron drásticamente. En 2015, las exportaciones de armamento español a Caracas aún sumaron 15,3 millones (en bloques para la construcción de buques, mantenimiento, documentación técnica y apoyo logístico a los mismos), pero en 2016 ya solo sumaron 2,6 millones; y en 2017, 3,4. En los seis primeros meses de 2018, las ventas realizadas fueron insignificantes: solo 6.216 euros.
Los carros de combate modernizados pertenecen a la 11 Brigada Blindada del Ejército Bolivariano, con base en el estado Zulía, al noroeste del país, junto a la frontera con Colombia, con la que Venezuela mantiene una fuerte tensión.
Preguntado por qué se autorizó esta operación tras aprobarse el embargo de armas, un portavoz de la Secretaría de Estado de Comercio señaló que “la cláusula de salvaguardia incluida en las sanciones de la UE permite autorizar licencias de exportación con cargo a estos contratos”, en alusión a acuerdos en vigor cuando se aprobó el embargo.
Sin embargo, ningún contrato está vigente hasta que la junta interministerial aprueba la correspondiente licencia. Es decir: nadie puede exportar material militar sin contar con la autorización del Gobierno, que es condición previa e imprescindible.
Y la denegación de licencias es algo habitual. En el primer semestre de 2018, la JIMDDU negó la exportación de tejido para paracaídas a Irán; y en 2017 vetó la venta de cañones y direcciones de tiro a Israel, país que no está sometido a embargo.
De hecho, la concesión de la licencia es un requisito previo y no significa que la venta llegue a consumarse. En 2017, las exportaciones realizadas supusieron solo el 20% de las autorizadas.
El mismo artículo del reglamento de la UE que permite mantener los contratos militares en vigor con Venezuela añade una condición: “Siempre que cumplan lo dispuesto en la posición común” de 2008 sobre exportación de armamento, “y en particular los criterios fijados en su artículo 2”. Estos criterios se refieren, entre otros, al respeto a los derechos humanos y a la existencia de tensiones en el país receptor de las armas.
Un responsable de SDLE explicó a EL PAÍS que su firma tiene una licencia temporal para mantener los AMX-30 venezolanos. “Hasta ahora, no hemos recibido ninguna indicación para cesar este servicio. Si la recibiéramos, la acataríamos. Mientras, tenemos que cumplir nuestros compromisos”, añadió.
Un portavoz de Moncloa ha precisado este lunes que la licencia de exportación se concedió en enero de 2018, cuando aún gobernaba el Partido Popular, y que el contrato de modernización de los carros de combate data de 2014, aunque las cantidades ejecutadas en ejercicios anteriores eran muy inferiores a los 20 millones autorizados para este año. Dicho portavoz no se pronunció sobre la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez decida revisar este contrato.
