Reconstruir la confianza en la institución del voto, por Víctor Álvarez R.
Twitter: @victoralvarezr
En las Megaelecciones del 21-N se elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldes, 250 diputados regionales y más de 2.400 concejales. Para los candidatos de la oposición, las condiciones electorales son muy desventajosas, pero pueden ser compensadas si se aprovechan las favorables condiciones políticas derivadas del 80 % de rechazo al gobierno y sus candidatos. Con semejante rechazo, Maduro puede poner en riesgo el control hegemónico del territorio si llega a perder un buen número de gobernaciones y alcaldías.
Para los diferentes bloques de la oposición, las megaelecciones representan una ventana de oportunidad siempre y cuando acuerden candidaturas unitarias y llamen masivamente a votar. Pero el régimen no actúa con ingenuidad y para controlar el riesgo de ser barrido, seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para desvalorizar el voto, hacer mella en la competitividad de sus adversarios y lograr que sus candidatos ganen la mayor cantidad de cargos con el precario apoyo de 20 % que reciben en las encuestas.
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La oposición venezolana está dividida, no hay unidad de criterios ni coherencia en la acción. Un sector subestimó al gobierno de Maduro, sobreestimó el impacto de la presión internacional y se lanzó por la vía insurreccional. Otro sector se sentó a negociar con el gobierno y ha pagado caro los costos reputacionales de ser considerados como cómplices y alacranes. Los extremistas repitieron una y otra vez que con Maduro solo negociarían su salvoconducto o el color del uniforme en la cárcel donde sería condenado.
Guaidó pasó del mantra del cese de la usurpación a la negociación y decidió ir a las Megaelecciones del 21-N. Pareciera que la intransigente realidad finalmente obligó a ver las cosas como son y no como se pensaba que eran.
Un gobierno autoritario –que prolonga su esperanza de vida gracias a la abstención– no va a otorgar todas las condiciones electorales que se le exigen. Procurará empañar el proceso electoral para inducir la mayor abstención posible. El deterioro de las condiciones electorales ha sido la maniobra del gobierno para provocar la abstención que lo ponga a ganar. Por lo tanto, no se pueden esperar condiciones electorales ideales y quienes decidan postularse tienen que prepararse para competir en las peores circunstancias.
Los partidos políticos están muy cuestionados. Su lucha se enfoca en mejorar las condiciones electorales y restituir sus derechos políticos, más que en los derechos sociales. Las exigencias de los partidos son de mucha relevancia e interés, pero lo son sobre todo para sus aspirantes a cargos públicos y no tanto para una población azotada por la escasez, la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y la inseguridad. Esta miopía de los partidos impide capitalizar electoralmente el descontento nacional contra el gobierno y sus candidatos
Un análisis de la dinámica del voto revela que la fuerza electoral del chavismo viene cayendo, el malestar nacional continúa creciendo, pero la oposición se sigue absteniendo. Para un gobierno que cuenta con solo 20 % de apoyo en las encuestas, la abstención es lo que lo puede poner a ganar.
Por eso hará todo lo posible para desestimular que el 80 % de electores descontentos voten y barran con los candidatos oficialistas. Pero la oposición abstencionista sembró en el mapa mental del país la idea de que “en Venezuela se vota pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en la farsa electoral es legitimar la dictadura”. El voto ha perdido valor como instrumento de cambio y esto es funcional al gobierno. Si la mayoría descontenta se abstiene, la minoría que vote por el PSUV devendrá en una mayoría. Recuperar la confianza en la institución del voto y retomar la Ruta Electoral es la vía para lograr una solución pacífica al conflicto venezolano.
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Víctor Álvarez es economista. Investigador/consultor. Premio Nacional de Ciencias.
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