Red de Documentación envió 14 expedientes a la Fiscalía de la CPI
Desde 2021 la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad ha registrado más de 300 víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela a partir de 2014
La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad (Red-CLH) constituyó 14 expedientes de casos que alcanzan este tipo de delitos y fueron remitidos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que adelanta una investigación sobre Venezuela.
En 2021, la Red-CLH, integrada por las organizaciones Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, Defiende Venezuela y Un Mundo Sin Mordaza, inició una campaña para captar nuevos testimonios de víctimas, que se extendió a los venezolanos que emigraron de manera forzada a diversos países de América Latina, España y Estados Unidos.
“Esta labor se emprendió en vista de que observamos con preocupación la impunidad en el sistema de justicia venezolano, por eso decidimos aportar al proceso internacional de búsqueda de justicia a través de la documentación de casos de quienes habían emigrado de Venezuela”, explicó Alonso Domínguez, coordinador de la Red-CLH.
Desde 2021 la ONG ha registrado más de 300 víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela a partir de 2014, además de los 14 que constituyeron un informe con varias actas porque cumplen los requisitos que establece en Estatuto de Roma sobre crímenes de lesa humanidad.
Estos casos, a juicio de la Red-CLH, confirman la existencia de patrones de crímenes de lesa humanidad identificados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, además de la falta de investigación y sanción a los máximos responsables.
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“Muchos venezolanos se fueron del país sin denunciar las graves violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas; algunos por desconocimiento de sus derechos, otros por amenazas y hostigamientos y una gran parte por desconfianza en las instituciones, pues es sabido que en Venezuela al no existir separación de poderes los órganos del Estado que deben proteger a la víctimas se han convertido en cómplices de los victimarios”, añadió Domínguez.
Algunos de los patrones identificados en las entrevistas con las víctimas son: hostigamiento, seguimiento con patrullas o carros particulares, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas prolongadas, hacinamiento en tanquetas y celdas, incomunicación, interrogatorios sin presencia de fiscales, acosos por vínculos con organizaciones de derechos humanos y/o partidos políticos, traslados a sitios de reclusión clandestinos, torturas físicas y psicológicas, tortura con luz blanca día y noche, golpizas en diversas partes del cuerpo –incluidos dedos, cabeza y partes íntimas– hasta dejar inconscientes a las víctimas, simulación de ejecución, exposición a frío intenso, insultos, privación de sueño, agua y comida, detenidos obligados a criar animales y luego matarlos, acoso sexual, algunos detenidos obligados a tomar orina y rociados con gasolina; amenazas de muerte a detenidos y sus familias e incluso anulación de pasaportes.
Además, las víctimas denunciaron daños severos a viviendas y edificios donde residían, así como destrozos a carros, amenazas y agresiones a vecinos y entorno cercano; al igual que la omisión de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía en tomar denuncias; cambios de relatos de las víctimas en los expedientes por parte de estos funcionarios; negación de presentación ante un juez a fin de evitar registros oficiales, jueces recibiendo órdenes durante las audiencias, civiles procesados por tribunales militares, inexistencia de procesos judiciales, entre otros.
Estos patrones coinciden con los señalados por el Panel de Expertos Internacionales de la Organización de Estados Americanos en su informe de 2018, así como los informes de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La Red remitirá en los próximos días otros casos documentados, que junto con estos primeros 14 hacen un total de 47. También se enviarán al Panel de Expertos de la OEA.
Alonso Domínguez resaltó que “este importante proceso de documentación le da voz a miles de víctimas que por diversas razones no han sido escuchadas. Además, el principio de complementariedad establecido por la Corte Penal Internacional continuará siendo la llave de acceso de la Fiscalía para el inicio de investigación de los casos, y en la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad de Venezuela trabajamos para dar nuestro aporte”.
Con información de nota de prensa
