Régimen de Daniel Ortega confisca bienes de 222 expresos políticos desterrados
La Sala del Tribunal de Managua que emitió la orden de confiscación de bienes contra expresos políticos nicaragüenses es presidida por el magistrado orteguista Octavio Rothschuh Andino, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su rol como «operador de la dictadura en el Poder Judicial»
La Procuraduría General de Nicaragua ordenó la confiscación de los bienes de 222 presos políticos que fueron excarcelados y desterrados a Estados Unidos el 9 de febrero, cuando se enteraron que se les fue arrebatada su nacionalidad, tras una reforma arbitraria y exprés hecha a la Constitución de ese país con apoyo de los diputados de la Asamblea Nacional operada por el régimen de Daniel Ortega.
En un documento enviado por el secretario de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Ronald René Rocha, se le notificó a la procuradora Wendy Carolina Morales que, en cumplimiento con lo establecido en una resolución de esa instancia judicial, ordene » la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua que todos los condenados tengan en los Registros Públicos de la Propiedad y Mercantil».
Además de sus bienes, la resolución de ese organismo nicaragüense también determinó que «en su carácter personal o de persona jurídica se inmoviliza y decomisa a favor del Estado de Nicaragua de todas las acciones y las sociedades mercantiles que los condenados tengan».
Esa Sala Uno del TAM, de acuerdo con el diario local Confindencial, es presidida por el magistrado orteguista Octavio Rothschuh Andino, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su rol como o»perador de la dictadura en el Poder Judicial». Esta instancia fue la que emitió la resolución de destierro en contra de estos 222 presos políticos a quienes acusa de ser «traidores a la patria».
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Según el medio nicaragüense, esta nueva resolución del TAM contiene casi los mismos elementos que la «sentencia» contra los 94 nicaragüenses declarados apátridas y despojados de sus derechos ciudadanos por la dictadura el 15 de febrero de 2023, en la que también se ordenó la confiscación de sus bienes. Ese fue el segundo grupo contra el que, en aquella fecha, arremetió Ortega en menos de 15 días y entre el que se encontraban activistas y periodistas.
En el caso de los 94 nicaragüenses declarados apátridas, también los tribunales de la dictadura ordenaron “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades, que los procesados tengan inscrita a su favor, ya sea a título personal, o de persona jurídica o sociedades en la que participan como socios, para responder por los delitos cometidos”.
Con información del Confidencial.
