Régimen de Daniel Ortega detiene al séptimo aspirante a la presidencia de Nicaragua
Noel Vidaurre se convierte en el séptimo aspirante a la Presidencia de Nicaragua que es investigado y detenido por el régimen de Daniel Ortega a menos de cuatro meses para que se celebran las elecciones generales
El político conservador de 66 años en Nicaragua y que también es candidato presidencial, Noel José Vidaurre Argüello, fue puesto bajo custodia policial para ser investigado por supuesta traición a la patria; lo que lo convierte en el séptimo contendiente de Daniel Ortega que está tras las rejas antes de las elecciones previstas para noviembre.
Vidaurre Argüello, quien forma parte de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), fue puesto en arresto domiciliario por la Policía junto al comentarista político Jaime Arellano Arana.
Según la Policía, ambos son investigados «por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, y pedir intervenciones militares», reseñó Swiss Info.
También por «organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones».
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Las autoridades nicaragüenses arrestaron el lunes 5 de julio al líder del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, quien también tenía aspiraciones a la presidencia. Esta detención por parte de funcionarios policiales lo convirtieron en el sexto candidato presidencial aprehendido por el régimen de Daniel Ortega.
Mairena fue arrestado junto a otros tres dirigentes campesinos identificados como Pedro Mena, , Freddy Navas y Pablo Morales. La organización denunció que la administración de Ortega «está de cacería» contra quienes adversan su posición.
El caso de Medardo Mairena es especial ya que lanzó sus aspiraciones presidenciales el 7 de abril. El dirigente campesino ya estuvo en prisión por las manifestaciones contra el gobierno de 2018 y había sido condenado a 216 años de prisión por supuestamente matar a cuatro policías y luego fue beneficiado con una amnistía, reseñó el portal ADN Radio.
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Pero no solo fue arrestado un nuevo aspirante a la presidencia de Nicaragua y algunos de sus acólitos, sino que fueron detenidos a otros seis dirigentes de la oposición, entre ellos los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez; aunque por el momento la policía no ha confirmado la aprehensión de estas personas, señaló AP.
Con estos arrestos asciende a 27 el número de opositores aprehendidos en Nicaragua desde fines de mayo pasado, entre ellos seis aspirantes presidenciales que pretendían competir contra Ortega, quien busca su tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo a partir de enero de 2022.
Los cinco candidatos presidenciales en Nicaragua arrestados
En horas de la mañana del lunes 21 de junio se conoció que cuerpos de seguridad en Nicaragua arrestaron al periodista y candidato a la presidencia de ese país, Miguel Mora, lo que lo convierte en el quinto aspirante a la Primera Magistratura de la nación centroamericana que es detenido por el régimen de Daniel Ortega.
El político es acusado, al igual que la mayoría de los opositores arrestados en las últimas semanas, de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, según lo que establece el artículo 1 de la Ley No. 1055, conocida como “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia”.
Ya Mora había sido arrestado en 2018 cuando se generaron las fuertes protestas antigubernamentales en Nicaragua cuando los cuerpos de seguridad allanaron el canal de TV donde laboraba para arrestarlo a él y a la jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, quien en esta oportunidad hace la denuncia respectiva según recogió VOA.
El cuarto aspirante a la presidencia de Nicaragua fue detenido la tarde del martes 8 de junio por la administración de Daniel Ortega. En esa oportunidad se trató de de Sebastián Chamorro, quien fue arrestado por las fuerzas de seguridad tras haberle allanado su vivienda.
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Chamorro, economista de profesión y primo de Cristina Chamorro -también apresada-, estaba siendo investigado «por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares» entre otros cargos.
También se le investiga por «organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación».
Momentos antes de ser arrestado, Chamorro envió un video por sus redes sociales en el que advierte que si estaban viendo el material audiovisual «es porque he sido incomunicado o capturado», reseñó El Confidencial de Nicaragua.
Horas antes de arresto de Sebastián Chamorro, el también candidato a la presidencia de Nicaragua, Félix Maradiaga, fue detenido por las fuerzas de seguridad del régimen de Daniel Ortega, luego de que este fuese acusado por el Ministerio Público por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”.
Maradiaga, un académico y activista, fue apresado después de ser llamado a comparecer ante la Fiscalía, donde le confirmaron que le habían abierto una investigación, por lo que, según dijo a los periodistas, estaba preparado para lo que viniera.
De esta forma, Maradiaga se convirtió en el tercer aspirante a la Presidencia por la oposición investigado y detenido a falta de cinco meses para que se celebran las elecciones generales, en las que el gobernante centroamericano, el sandinista Daniel Ortega, busca una nueva reelección en el cargo que ocupa desde 2007.
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La primera detenida fue Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo, el pasado 2 de junio.
Chamorro fue acusada de por el por el Ministerio Público (MP) adepto al régimen de Ortega, por supuestos delitos de “gestión abusiva y falsedad ideológica”, ambos en concurso real con “lavado de dinero, bienes y activos”, por su rol al frente de la prestigiosa Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Por su parte, el segundo candidato detenido fue Arturo Cruz, quien se desempeñara como embajador en Estados Unidos del régimen de Ortega entre 2007 y 2009.
Cruz fue arrestado al arribar procedente de Estados Unidos al aeropuerto internacional Augusto Sandino de Managua por «contar fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo», según dijo en un comunicado el Ministerio Público.
El gobierno de Estados Unidos opinó sobre el caso a través del secretario de Estado, Antony Blinken, quien publicó en su cuenta Twitter que «prohibir arbitrariamente a la líder de la oposición refleja el temor de Ortega a unas elecciones libres y justas. Los nicaragüenses merecen una democracia real».
Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su rechazo al «proceso de inhabilitación de la candidatura política de Cristiana Chamorro», así como la detención de Maradiaga.
«Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles, y este nuevo atentado a la democracia verificado ayer imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país. Acciones como ésta restan toda credibilidad política al gobierno y a los organizadores del proceso electoral», señaló la Secretaría General de la OEA.
De la misma manera, organismos internacionales como la ONU han advertido sobre el riesgo de que unas elecciones que no cumplan con los estándares internacionales terminen agravando la crisis política que vive ese país.
«Nos preocupa profundamente que las posibilidades de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y creíbles el 7 de noviembre se estén alejando como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades contra partidos políticos, candidatos, candidatas y periodistas independientes, que restringen aún más el espacio cívico y democrático», advirtió, el pasado 28 de mayo, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.
