Régimen venezolano rechaza declaraciones de la Oacnudh sobre muerte del general Baduel
Más temprano la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), solicitó al Estado venezolano que permita una investigación independiente para esclarecer las causas de su fallecimiento
El Régimen de Nicolás Maduro emitió este miércoles un comunicado en el cual rechazaron las declaraciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), presidida por Michelle Bachelet, sobre lamentó la muerte en custodia del general retirado del Ejército Raúl Isaías Baduel.
En el documento, el régimen venezolano garantizó el “disfrute de todos los derechos” de la personas privadas de libertad, incluyendo el “derecho a la debida atención médica”, de conformidad con lo previsto en Constitución y los tratados internacionales ratificados por la República.
“Tal como ha sido constatado por la Oacnudh en las 33 visitas que ha realizado a los centros de detención del país, donde ha entrevistado a más de 410 personas privadas de libertad”, señala la misisva.
Aseguraron que en el país no existen personas detenidas arbitrariamente. “Todas y cada una de las personas privadas de libertad se encuentran sujetas a procesos penales conducidos por los órganos del sistema de justicia, con todas las garantías para un juicio justo, sobre la base del debido proceso y el legítimo derecho a la defensa”.
Asimismo, en el documento publicado por la Cancillería lamentaron que Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “ceda a las presiones” de sectores que “pretenden seguir utilizando el tema de los derechos humanos con fines políticos”, al tiempo que señalaron que el organismo de ONU “invisibiliza” las reformas estructurales adoptadas por el Estado venezolano para fortalecer los derechos de las personas privadas de libertad.
“Venezuela hace un llamado a la OACNUDH a honrar la verdad y ajustar su desempeño a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo, como requisito indispensable para mantener y profundizar las relaciones de cooperación y asistencia técnica actualmente existentes”, finalizó el comunicado.
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Más temprano la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solicitó al Estado venezolano que permita una investigación independiente para esclarecer las causas de su fallecimiento.
En un tuit, la Oficina de la Alta Comisionada también solicitó la atención médica para todos los detenidos, además de considerarse “medidas alternativas a la detención y se liberen a los detenidos arbitrariamente”.
La tarde del martes 12 de octubre, el fiscal general impuesto por la extinta e ilegítima asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó la muerte del exministro de la Defensa. Según el funcionario, la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio producto de complicaciones del covid-19, al tiempo que aseguró se le brindó la atención médica necesaria.
Sus familiares rechazan esta versión. Sus hijas lograron verlo el fin de semana y aseguran que no mostraba síntomas asociados a la enfermedad y tampoco manifestó malestar alguno.
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