Relatores de la ONU denuncian aumento de abusos en Venezuela tras el estado de alarma
Los expertos de la ONU subrayaron que en la actual pandemia es esencial garantizar el acceso a la información sobre la dimensión de la crisis sanitaria y las medidas adoptadas por el régimen de Nicolás Maduro
Expertos en derechos humanos y relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestaron su preocupación por el aumento de las amenazas y los ataques contra periodistas, profesionales de la salud y otras personas en Venezuela, a consecuencia de la declaración del estado de alarma el pasado 13 de marzo para evitar una rápida propagación de la covid-19 dentro del territorio.
«Nos preocupa el efecto disuasorio que esto puede tener en la legítima labor de los defensores y periodistas que trabajan para salvaguardar los derechos humanos en el contexto del covid-19, y durante un año electoral», destacaron en un comunicado.
Entre los firmantes se encuentran los relatores de la ONU sobre defensores de los derechos humanos, Michel Forst; libertad de expresión, David Kaye; y libertad de asociación, Clément Nyaletsossi.
Los expertos subrayaron que en la actual pandemia es esencial garantizar el acceso a la información sobre la dimensión de la crisis sanitaria y las medidas adoptadas por el régimen de Nicolás Maduro. «Las autoridades deben abstenerse de adoptar cualquier tipo de represalias contra sanitarios y comunicadores sociales», indica el texto.
Además instaron a la autoridades de Venezuela «a promover espacios de diálogo, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con los derechos humanos, y a no adoptar una legislación que restrinja aún más la libertad de asociación».
La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, también se pronunció sobre la situación de la región con respecto a la pandemia de la covid-19 y criticó la «falta de transparencia» con la que se han manejado en países como Venezuela y Honduras.
Al hablar sobre la Comisión de su oficina que está en Venezuela, la Alta Comisionada dijo que el objetivo es poder «proporcionar coordinación técnica al gobierno» de Nicolás Maduro y así poder «estar cerca de la gente y sus familias» que han denunciado ser víctimas de violaciones a los DDHH.
