Dice Willian Lara que no existen razones constitucionales para remover al fiscal. Es al revés. Desde su designación se ha señalado que no existen razones constitucionales para que los ciudadanos Isaías Rodríguez, Clodosbaldo Russián y Germán Mundaraín ocupen los cargos de fiscal, contralor y defensor del pueblo. Los actuales titulares del Poder Ciudadano fueron designados para ocupar esos cargos por procedimientos que se apartaron de lo pautado por la Constitución para tales fines. Este es el meollo del asunto. El resultado fue la existencia de un Poder Ciudadano que es la negación misma del poder de los ciudadanos. Se supone que esas tres instancias son puntos de apoyo de la ciudadanía para protegerse de abusos y/o ilegalidades cometidas por funcionarios del Gobierno o del Estado. Pero cuando esas instituciones están comprometidas políticamente con el gobierno de turno, es probable que sus actos (en unos casos más, en otros menos) estén matizados por sus lealtades políticas. De ser así, es evidente que los ciudadanos quedan desprotegidos y que sus derechos no pueden ser ejercidos cabalmente.
Esa es la situación que hoy existe. Es grave lo que ocurre y el propio fiscal ha tenido la sinceridad y la honradez de admitir que la credibilidad de ese organismo público está tan averiada que se ha sentido obligado a crear una suerte de comisión de veedores (ajena a la Fiscalía), para que vigile y garantice las investigaciones que sus funcionarios llevan adelante en relación con los hechos del 11 de abril. Por otro lado, la percepción que existe sobre el desempeño de la Contraloría y la Defensoría del Pueblo es mucho peor.
Una importante contribución a la creación de un clima político que reduzca la tensión y la crispación casi irrespirables que vive el país y favorezca la viabilidad de soluciones políticas a la crisis, sería que los actuales titulares del Poder Ciudadano pongan sus cargos a la orden de la Asamblea, para que ésta proceda, ajustándose a los procedimientos pautados en la Constitución, a elegir a los nuevos titulares. Si una decisión patriótica como ésta fuera tomada por los integrantes del Poder Ciudadano, la actual composición del Parlamento haría forzosa una selección de los nuevos funcionarios con base en criterios de equilibrio e imparcialidad, porque sólo así se podría lograr los dos tercios de la Cámara necesarios para hacer las nuevas designaciones. La existencia de contrapesos reales al Poder Ejecutivo es una de las condiciones del ejercicio democrático del poder político. Un gobierno que se niegue a aceptar esta regla de juego arroja sobre sus ejecutorias la sospecha de que pretende llevarlas adelante al margen de la ley, contando para ello con la complicidad de los poderes que deberían controlar sus actos. ¿El gobierno de Hugo Chávez necesita de esa «protección»?
En las actuales condiciones restablecer la credibilidad del Poder Ciudadano sería una contribución decisiva para superar los peligros de la violencia que nos amenaza.
