Represión y control ata de manos a gremios: ¿Cómo se lucha por los derechos laborales?
Griselda Sánchez admite que detenciones han neutralizado protestas educativas y Pedro Eusse dice que se ha despojado de legalidad a sindicatos y gremios
La Hora de Venezuela
Las protestas por los derechos laborales protagonizadas por dirigentes sindicales y trabajadores de distintos sectores, como la educación y la salud, son cada vez menos frecuentes en las calles en Venezuela, debido al contexto de elevada represión política, profundizada luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Los derechos a un salario digno, buenas condiciones laborales, a la discusión de contrataciones colectivas, a la libre afiliación sindical, a la organización sindical y gremial y hasta el derecho a huelga, han sido conculcados en Venezuela, destacan voces del sector sindical que hablaron con La Hora de Venezuela.
Advierten que prácticas represivas, judiciales y administrativas del poder impiden actualmente movilizarse para reclamar y reconquistar tales derechos y facilitan el desmontaje de la estructura sindical y gremial del país, al igual que ocurrió con los partidos políticos, la mayoría intervenidos judicialmente e ilegalizados, lo que empuja más a un escenario de mayores restricciones como el de Nicaragua.
Resaltaron: Siempre surgen nuevas formas de resistencia y, a diferencia del país centroamericano, Venezuela todavía posee una Constitución democrática que se debe reivindicar.
Detenciones han neutralizado
“Desde que se profundizó la persecución de los dirigentes sindicales, gremiales y políticos del país, el movimiento sindical se ve neutralizado en estos momentos, lamentablemente. Nosotros los docentes, maestros, fuimos de la primera línea de acción de reclamos en el país durante años», expresó la dirigente sindical del sector educación, Gricelda Sánchez.
Detalló que «desde 2015 hemos estado con protestas y movilizaciones en Venezuela por salarios justos, por una educación de calidad, por la reactivación del programa de alimentación escolar para nuestros niños y jóvenes”.
Sánchez, presidenta de la ONG Fordisi para la formación del nuevo liderazgo sindical emergente y en especial en el sector de la educación, da cuenta de más de 10 educadores privados de libertad de manera arbitraria en el país.
Es el caso de Robert Franco (55 años), profesor de Educación física y dirigente sindical, exsecretario general del Colegio de Profesores de Carúpano-Paria y vocero docente de la Coalición Sindical del Magisterio. Fue detenido el 26 de diciembre de 2020 en Sucre, acusado de terrorismo y homicidio en grado de tentativa contra la persona del fiscal general Tarek William Saab.
Fue condenado de manera injusta a 30 años de cárcel, en un juicio plagado de irregularidades, según familiares y defensores de derechos humanos.
La dirigente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) y representante formativa de Fordisi, Lourdes Villareal (59 años), fue interceptada por hombres armados no identificados al salir de su vivienda en La Pastora, Caracas, el 22 de mayo de 2025.
Familiares denuncian que la profesora dedicada a Teatro, Artes Escénicas y Castellano permanece desaparecida y que no tienen información sobre su situación legal. La docente solía asistir a protestas de calle del sector educativo para exigir salarios dignos, como la del 1 de mayo.
¿Escenario similar al nicaragüense?
“Prácticamente estamos en el escenario Nicaragua y es muy lamentable que esto esté ocurriendo en un país que tiene una Constitución democrática. Tenemos más de tres años preparando elecciones sindicales y no se nos permite, los líderes sindicales estamos señalados y pensamos que debe haber una recomposición del movimiento sindical venezolano. No podemos seguir con esta política de muchas federaciones y pocos derechos para los trabajadores”, dijo Sánchez, que antiguamente lideraba el Sindicato de Maestros de Caracas.
La detención más reciente es la de Roberto Antonio Campero (73 años), profesor y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza), filial de Fetramagisterio, el 14 de agosto de 2025 en Turmero, estado Aragua. Se encuentra recluido y permanece incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide, Caracas.
“Atados de pies y manos”
“Es un momento de reflujo, inmovilidad de fuerzas políticas y sociales que viene dado por la manera cómo la élite que ostenta el poder controla todo para imponerse como única fuerza. Uno de los elementos que más le resulta es la represión, especialmente luego del 28 de julio de 2024, traducida mayormente en allanamientos y desapariciones forzadas”, observa el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), Pedro Eusse.
Hasta el 21 de octubre, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) totalizó 1.074 presos políticos, entre los cuales han logrado identificar a 14 sindicalistas. Eusse, también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV), destacó que al igual que con otros sectores sociales y políticos, en el sector sindical también se mantiene la puerta giratoria contra dirigentes y trabajadores y quienes son excarcelados aún tienen medidas cautelares.
Entre los casos, Eusse cita las aprehensiones (11 de junio de 2023) de los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Daniel Romero y Leonardo Azócar, imputados por los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y boicot. Ambos estaban al frente de una protesta de unos mil trabajadores de Sidor para reclamar mejores condiciones laborales y salarios dignos.
Otro sidorista y dirigente sindical apresado, pero en enero de 2025, fue Juan Valor, luego de que publicara un video en redes sociales en el que llamó a los trabajadores a atender el llamado de María Corina Machado y salir a defender los resultados de las elecciones del 28 de julio. Fue acusado de los delitos de incitación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo.
El pico represivo también alcanzó a la presidenta del Colegio de Enfermería del estado Barinas, Yanny González (22 de julio de 2025), y hasta el esposo de la presidenta del Colegio de Enfermería Capítulo Caroní del estado Bolívar, Maritza Moreno, Ángel Rivas. Moreno había formulado denuncias sobre las malas condiciones de los hospitales en Guayana.
“No soy partidario de compararnos con otras realidades como Nicaragua, Cuba e incluso con Estados Unidos, pero padecemos de toda una política autoritaria contra el movimiento sindical desde hace varios años, que lo hace estar atado de pies y manos. Ahora el gobierno usa las tensiones con EEUU para escalar en la represión interna, impedir que la gente reclame derechos humanos y laborales, nada justifica la arremetida antidemocrática”, fustigó el dirigente comunista.
El dirigente del PCV Pedro Eusse señala que la represión, sumado a maniobras judiciales y administrativas, le han servido al poder para «atar de pies y manos» al movimiento sindical y gremial
Control judicial y administrativo
Además de la represión, Eusse alude a prácticas judiciales y administrativas por parte del poder para despojar a sindicatos y gremios, que no son afines al chavismo, de su legalidad, lo que les impide ejercer la representación de los trabajadores en reclamos y discusiones de contrataciones colectivas y convocar a huelgas de manera legal.
Esta situación, subraya, va contra la libertad sindical establecida en el artículo 95 de la Constitución y los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre libertad sindical y contrataciones colectivas, suscritos por Venezuela.
Criticó que se use al Consejo Nacional Electoral (CNE), que debe organizar las elecciones sindicales como un arma para impedir dichos comicios, y rechazó además el control que asegura se ejerce a través del Registro Nacional de Organizaciones Sindicales a cargo del Ministerio del Trabajo.
“Se estableció que los sindicatos en mora con las elecciones no pueden discutir contrataciones colectivas, con lo cual se le despoja de su cualidad de representación de los trabajadores. Asimismo, es casi un delito afiliarse a un sindicato que no sea patronal y a quien se afilie, las empresas públicas les ponen muchos obstáculos. Es toda una política de Estado para impedir el desarrollo de organizaciones sindicales no adeptas al oficialismo, lo que deja a los trabajadores en situación de indefensión”, recalcó.
Alertó además que la “constituyente obrera” impulsada por el líder chavista Nicolás Maduro – para “refundar el movimiento obrero nacional y adecuarlo al socialismo”- es la “culminación de una forma de liquidación del movimiento sindical autónomo en Venezuela”.
A la antigua Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) se le impuso la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores presidida por Wills Rangel, diputado del partido de gobierno PSUV y presidente, además, de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.
Otros movimientos sindicales como el Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros, Gasíferos y Petroquímicos del Estado Falcón alzan su voz contra las inseguras condiciones laborales y las detenciones arbitrarias de trabajadores, pero su líder, Iván Freites, fue forzado al exilio por la persecución política.
Eusse recordó que las maniobras judiciales también afectan a los partidos políticos. Una oleada de intervenciones judiciales se produjo en 2020, previo a las elecciones parlamentarias, contra partidos como Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Patria Para Todos, Tupamaro, Bandera Roja, entre otros, para imponerles directivas aliadas al gobierno y despojar a sus legítimas autoridades de las tarjetas electorales. El PCV fue afectado con la misma medida en 2023.
“Los partidos y el movimiento sindical y gremial están en unas condiciones muy difíciles de funcionamiento. Los partidos pueden funcionar en la clandestinidad, pero los sindicatos deben poder actuar libremente para hacer asambleas, acompañar a trabajadores en su reclamos, visitar centros de trabajo y eso actualmente no es posible. Nada de lo que ocurre es ingenuo, es una política de Estado”, recalcó.
¿Cómo se lucha entonces por los derechos?
“Los dirigentes seguimos atentos y alertas de cara a la situación que agobia a los trabajadores del sector público del país, sin dejar de denunciar. Los líderes sindicales no nos hemos dejado de reunir a pesar de la fuerte persecución: más de 10 profesores presos en el país, uno condenado a 30 años. Esto neutraliza al sector, pero estamos atentos a las próximas acciones que podamos realizar aun en este contexto”, aseguró Sánchez.
La dirigente sindical del sector educativo Griselda Sánchez asegura que pese a la persecución mantienen encuentros y reuniones para hallar nuevas formas de lucha
Sánchez señala que ya no se hacen ruedas de prensa para denunciar la situación del sector educativo, pero mantienen encuentros con maestros de las escuelas que también son defensores de los derechos laborales y humanos para atender sus reclamos.
Subraya que quienes permanecen en los colegios del sistema público son los pilares que sostienen la educación del país, a pesar de la terrible situación económica, social y política que se vive.
“Ellos siguen apostando a la educación, ahora bajo un plan de contingencia, ante la inexistencia de una política que permita la recuperación de las clases presenciales diarias en el país en los planteles públicos. Nos preocupa mucho la ausencia de respuestas satisfactorias para el sector, que esa situación se mantenga en el tiempo. Pero seguimos adelante”, agregó la dirigente.
El 1 de mayo de 2025, cuando se cumplieron tres años sin que el Ejecutivo decrete aumento del salario mínimo, los trabajadores acompañados de líderes sindicales salieron a protestar en Caracas. La respuesta gubernamental fue impedir el avance de una marcha convocada desde Plaza Venezuela hasta Chacaíto, con fuertes piquetes de la Policía Nacional Bolivariana y posteriormente más detenciones como la de Lourdes Villarreal.
El llamado a la unidad y organización
Para Eusse, siempre habrá una forma, a través de la unidad y organización, de seguir luchando contra lo que llamó la desregularización laboral en Venezuela, traducido en la “desaplicación de las normas de derecho que protegían a los trabajadores”.
Esto es 90% de los ingresos de los trabajadores convertidos en bonos y un salario mínimo de 130 bolívares, equivalente a 0,50 centavos de dólar al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).
“El gobierno sigue encontrando una resistencia importante entre los trabajadores de Guayana. En el PCV promovemos un acuerdo unitario de centrales sindicales, gremios, trabajadores activos, jubilados y pensionados, para encontrar nuevas formas de resistencia, que los trabajadores recuperen el activismo. No permitir que dividan a los trabajadores en chavistas y opositores porque todos somos afectados y luchamos por los mismos derechos. Siempre hay la posibilidad de organizarse y unirse”, insistió Eusse.
La CUTV que lidera el dirigente comunista tiene previsto denunciar ante la OIT los “propósitos antisindicales de la constituyente obrera” anunciada por Maduro.
Al 10 de julio de 2025, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social demuestra que no se ha dejado de protestar en Venezuela a pesar del contexto represivo, aunque se trata de convocatorias aisladas sin la fuerza de un movimiento nacional. La ONG registró 1.249 protestas durante el primer semestre del año, lo que representa una disminución de 48% con respecto a 2024, cuando totalizó 2.383 protestas.
De la cifra, 320 fueron protestas de trabajadores para exigir sueldos y pensiones dignas, “rechazando bonificaciones que debilitan conquistas salariales históricas y desconocen beneficios contractuales», de acuerdo con la ONG.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
