Retos de los gobiernos en la transición verde, por Marino J. González R.
Los impactos del cambio climático han transformado de manera sistémica las pautas y escenarios sociales para las próximas décadas. La posibilidad de combinar el desarrollo armónico con la preservación del ambiente global se ha convertido en un requisito de la viabilidad de las políticas públicas. Una reciente publicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) profundiza en los retos que deben afrontar los gobiernos para garantizar que la transición verde pueda realizarse en las mejores condiciones para los países.
Se distinguen en el documento tres frentes que deben considerarse para examinar las alternativas para encarar la transición verde. En el primer frente se identifica la importancia de que los gobiernos aumenten los canales de comunicación con los ciudadanos. Se reporta que en los países de la OCDE sólo el 30% de la población indica que puede expresarse dentro del sistema político.
El segundo frente corresponde con la falta de credibilidad de los ciudadanos con respecto a la capacidad de los gobiernos para satisfacer la seguridad ante los cambios sociales y económicos. Casi el 60% de las personas en los países de la OCDE indica que la inflación es una de las tres preocupaciones más importantes. Poco menos del 40% de las personas cree que los gobiernos pueden balancear adecuadamente las necesidades de diferentes generaciones. La valoración de la calidad de los servidores públicos ha permanecido sin variaciones desde 2014.
En el tercer frente se encuentran las opciones para mejorar la eficiencia de los gobiernos. Entre ellas se destacan las revisiones de los gastos públicos, la introducción de mejoras de desempeño a partir de la utilización de aplicaciones digitales y bases de datos de acceso libre, y la optimización de los sistemas de procura (casi el 13% del PIB de los países de la OCDE requiere procedimientos de procura en el ámbito público).
La implementación de nuevos mecanismos para actuar efectivamente en estos tres frentes puede facilitar la transición verde. Más de la mitad de los países de la OCDE (18 de 37) han establecido instancias independientes para monitorear el progreso en la transición verde.
Sin embargo, en muchos casos los roles de estas instancias independientes no están bien definidos. Sólo 11 países de la OCDE han desarrollado metodologías para medir el impacto ambiental de los sistemas de procura verde. Sólo 7 países realizan evaluaciones ex post para conocer el grado de alineación del impacto ambiental con los estándares de sostenibilidad nacional e internacional.
El reporte señalado evidencia las brechas de gestión gubernamental para avanzar en la transición verde. Estas brechas son seguramente mucho mayores en los países de menor desarrollo institucional y de políticas públicas. La tardanza en disminuir estas brechas multiplicará los efectos negativos en la afectación de personas y ambientes en regiones como América Latina y el Caribe. Mientras no se fortalezca la institucionalidad para las políticas de transición verde se afectarán negativamente múltiples servicios públicos. Examinar la calidad de las políticas de transición verde se convierte en un tema crucial para el presente y futuro de la región.
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
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