¿Revolución sin derechos?, por Esperanza Hermida
Twitter: @espehermida
Las conquistas históricas de la clase trabajadora venezolana están en riesgo extremo de desaparición. No sólo se incumple la constitución y la ley del trabajo, sino también los convenios internacionales vigentes, que amplían las garantías para hacer realidad el ejercicio de los derechos laborales. La reiterada denuncia de la violación a todas las normas del trabajo en Venezuela, evidencia el retroceso general en las condiciones de vida de la población.
De hecho, la movilización popular en demanda de salario igual a la canasta alimentaria, discusión de convenciones colectivas, estabilidad en el empleo y, pensiones y jubilaciones dignas, sólo obtiene como respuesta gubernamental la represión. No hay soluciones a los conflictos laborales, sino hostigamiento y descalificación. Para colmo, cual nuevo zarpazo al ya mermado ingreso de las trabajadoras y trabajadores, aparece el fraccionamiento del bono vacacional.
El anuncio de esta nueva agresión a los derechos laborales, puede considerarse el comienzo del fin para una reivindicación cuyos antecedentes se remontan a las primeras legislaciones del trabajo en el siglo XX. Paradójicamente, la exposición de motivos de la actual ley laboral venezolana, vigente desde el año 2012, anunciaba una supuesta ampliación en el pago del bono vacacional. Es decir, se debía agregar un día de pago adicional por cada año de antigüedad en el desempeño, hasta un máximo de 30 días. Esta engañosa publicidad se puede constatar en la síntesis de contenido referida al título III de esta ley, denominado «De la justa distribución de la riqueza y las condiciones de trabajo».
Ahora bien, ese instrumento legal promulgado en vida de Chávez, fue una de sus grandes promesas durante su campaña electoral en 1998 y la verdad es que poco o nada ha servido para mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora. Hoy, apenas una década después de su puesta en vigencia, la ilusión óptica de sus supuestos avances y beneficios, se desvanece de forma inobjetable, como desaparecen los espejismos.
Pero en el repertorio gubernamental de lesiones a los derechos laborales, hay más. Debido al derroche de los dineros públicos y a los corruptos manejos de un presupuesto nacional que es imposible de auditar, entre otros motivos porque lleva más de 5 años sin publicarse en gaceta oficial, la renta petrolera no alcanza para cumplir los compromisos laborales del estado. Uno de ellos es precisamente el bono vacacional. No parece casual que los anuncios de fraccionar el pago de este concepto estén dirigidos a afectar al profesorado universitario. Se trata de uno de los sectores más movilizados en el período reciente, con motivo de su rechazo justificado al instructivo Onapre.
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Tampoco es una mera coincidencia que se trate de suprimir esta percepción económica de las nóminas, por cuanto el bono vacacional forma parte de las incidencias salariales, o lo que es lo mismo, del patrimonio que el estado venezolano pretende sustraerle o quitarle al bolsillo de las trabajadoras y trabajadores.
La explicación de este fenómeno de apropiación indebida de un derecho que integra el salario, no es otra que la simple y llana inexistencia de fondos para pagar. La corrupción, los altos mandos militares, la delincuencia enquistada en las esferas decisorias del gobierno, lo quieren todo, incluso el salario de la gente que no tiene otra opción que la función pública.
Además, gracias a la destrucción del aparato productivo nacional, la inflación y el caos cambiario, hay muy poca capacidad para generar empleo por parte del sector privado. Venezuela presenta un cuadro de precarización laboral sin freno: un salario mínimo irreal, jornadas por menos de un dólar diario, personas con tres o más formas de ocupación remunerada para poder subsistir, entre ellas realizar actividades como la de hacer la cola para echar gasolina o esperar la caja CLAP, oficios de carácter profesional cada vez menos ejercidos, entre muchas otras situaciones de hambre y humillación, son el pan nuestro de cada día.
Debido a esta situación general, muchos empleos en la empresa privada poseen corta duración, y por eso, se desconoce en términos materiales lo que significa el acceso al disfrute de las vacaciones. Hay gente que no llega al año en un mismo puesto de trabajo. Más aún, el pago de ese bono vacacional ampliado al que se refiere la exposición de motivos de la LOTTT, es bastante escaso, por no decir inexistente. El ministerio del trabajo no debe llevar estadísticas de ello, como tampoco las lleva de las inspecciones sobre accidentes laborales en la industria petrolera, eléctrica o telefónica, todas en propiedad del estado.
De otra parte, si bien el llamado bloqueo a algunas de las negociaciones internacionales del gobierno venezolano pudo causar algún bache en el ingreso nacional, lo grueso de las dificultades financieras del estado tiene su causa en el despilfarro a costa del erario público. Inversiones faraónicas del tipo Alba, absolutamente inútiles para el pueblo, y desaguaderos como las cajas CLAP, se dan la mano con el fraude de la gran misión vivienda Venezuela, el desfalco de la red ferroviaria nacional, el olvidado proyecto Guaire, Bolivariana de puertos, el poder comunal, el control obrero y otros experimentos que, en su mayoría, sólo sirvieron para enriquecer a la élite gubernamental y a la caterva de lobistas que se mueve a su alrededor.
Incapaz de detener la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la inflación y otros males económicos, el gobierno echa mano a su propia nómina. Como un cáncer invasivo el retroceso en los derechos laborales cava poco a poco la tumba de la falsa revolución.
Un supuesto proyecto socialista que vendió la idea de restablecer las prestaciones sociales y acabar con la miseria del pueblo, es en realidad un gobierno capitalista, explotador y que devora a la clase trabajadora, haciéndola víctima de una pavorosa crisis y poniéndola a pagar los platos rotos de su propio vandalismo y pillaje.
Esperanza Hermida es activista de DDHH, clasista, profesora y sociosanitaria
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