Rocío y María Lourdes, por Gioconda Cunto de San Blas
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«Afiuni, la presa del Comandante» (La Hoja del Norte/Cyngular, Caracas, 2012), el estremecedor libro del periodista Francisco Olivares, recoge el calvario sufrido por la jueza María Lourdes Afiuni, juez titular del Tribunal 31 Penal, a partir del 10 de diciembre de 2009, Día Internacional de los Derechos Humanos (DDHH) y víspera del Día del Juez, por dictar una sentencia ajustada a derecho aunque opuesta a la esperada por el ejecutivo de entonces. Ese acto de independencia de poderes fue el último tolerado en el poder judicial por el ejecutivo. Condenada por jueces serviles a 30 años de prisión, el horror golpeó para siempre su vida y la de todos nosotros, como lo narra Olivares en su libro, reseñado aquí.
A partir de entonces, los mecanismos de represión del estado venezolano se han sucedido sin pausa ni mesura, amparados en la sevicia de jueces entregados a una justicia mediatizada y ejercida por funcionarios envilecidos. Sin pruebas, sin procesos legales, nadie está a salvo. Cualquiera que se atreva a clamar por democracia y libertad, por expresar sus simpatías hacia la indudable líder María Corina Machado o por el candidato presidencial unitario, Edmundo González Urrutia, corre el riesgo de recibir la visita de los cuerpos de seguridad del estado y ser trasladado a cualquiera de las cárceles donde penan delitos imaginarios 270 presos políticos (al 22/04/2024, de los cuales 20 mujeres, 147 militares y 132 no condenados).
La más reciente mujer en prisión por presuntos delitos de traición a la patria, terrorismo, conspiración, asociación y espionaje (sin prueba), es Rocío San Miguel, abogada y activista de derechos humanos, quien fue arrestada el 9 de febrero pasado y recluida desde entonces en el Helicoide, la cárcel del servicio de inteligencia, fuente de violaciones a los derechos humanos de los presos políticos. Fue presentada días después (en nocturnidad, como siempre) ante el Tribunal Segundo Contra Terrorismo de Caracas, en una audiencia donde Rocío no pudo contar con sus abogados de confianza, violándosele así las garantías constitucionales sobre la legítima defensa del detenido.
Rocío San Miguel es la directora de la Asociación Civil Control Ciudadano, fundada en 2005, cuyo lema es: «para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional», un área muy sensible del estado venezolano, sobre el cual ella es especialista de fuste. Rocío y su hija son beneficiarias de medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2012, por ser «objeto de hostigamientos y amenazas, incluyendo amenazas de muerte proferidas en su domicilio, en razón de las actividades que desarrolla como parte de la organización no gubernamental Control Ciudadano». Medidas incumplidas por el estado venezolano.
«El arresto de Rocío San Miguel es el último ejemplo de cómo las autoridades de Venezuela han atacado el Estado de derecho e instrumentalizando el sistema de justicia penal para intimidar y acosar las voces críticas de la sociedad civil», dice Santiago Canton, secretario general de la CIJ (Comisión Internacional de Juristas). Es también «parte del cierre del espacio cívico y el quiebre del Estado de derecho en Venezuela, que incluye ataques contra defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil».
El pasado 20 de marzo, la Misión Internacional de Determinación de los Hechos presentó ante el Consejo General de DDHH, durante el 55º periodo de sesiones de Naciones Unidas, su actualización oral sobre la situación de DDHH en el país entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, que abunda en nuevos casos de represión por parte de los cuerpos de seguridad del estado, con la participación del Ministerio Público como parte de la maquinaria represiva. A esta actualización se añade el informe anual 2023 de Provea, dado a conocer a principios de esta semana, con datos de los últimos 10 años, que ratifican la información aportada por otras instituciones y que dan fe de un estado en franco deterioro en todos los órdenes.
En las páginas finales de su libro, el periodista Olivares narra los homenajes silenciosos que los humildes pacientes oncológicos le rendían a María Lourdes cuando ella era trasladada al hospital, bajo custodia de guardias nacionales, a recibir tratamientos por dolencias derivadas de los maltratos y abusos sufridos en prisión. Y testifica las actitudes honorables de los médicos que se rebelaron contra la pretensión militar de presenciar sus actos médicos con la paciente. Todo contrastado con la imagen de los propios colegas de María Lourdes, «aquellos jueces que se ocultaban en sus despachos y miraban tras las rendijas de las puertas, para finalmente cerrarlas mientras pasaba la jueza esposada por los pasillos del Palacio de Justicia, aquellos que se escurrían entre las rendijas del miedo al poder y el terror de perder el empleo».
Ojalá que algo hayamos aprendido en estos 15 años desde esos sucesos, que nos permitan resaltar con dignidad la lucha por un país sin presos políticos, en democracia, como ansiamos alcanzar en los meses por venir.
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Gioconda Cunto de San Blas es Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Investigadora Titular Emérita del IVIC.
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