Exministro chavista: Quieren ‘raspar’ los bienes de la República con la ley antibloqueo
En un foro sobre la ley antibloqueo, organizada por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, el exdiputado Rodrigo Cabezas señaló que el «corazón» de este instrumento es el negocio petrolero y las privatizaciones
El economista, exdiputado y exministro de Finanzas Rodrigo Cabezas aseveró que la ley antibloqueo es solo un instrumento con el cual el régimen de Nicolás Maduro quiere «raspar los bienes de la República sin ningún control», debido a la opacidad y falta de control que promueve esta normativa.
Durante un foro organizado por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), Cabezas aseguró que esta ley «es un acto nulo porque proviene de una autoridad usurpada, al igual que la persona que presentó la ley (Maduro). Cuando se revisa su articulado, se vulneran o suspenden no menos de ocho artículos de la Constitución, se usurpan facultades constitucionales que son inherentes a la Asamblea Nacional y que garantizan la separación de poderes».
El economista señaló que la ley antibloqueo está dirigida al sector económico internacional, algo que quedó en evidencia con la presentación de dicha normativa al cuerpo diplomático realizada el martes 13 de octubre por Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza.
«El corazón de la propuesta de dicha ley es el negocio petrolero y las privatizaciones posibles de empresas nacionales y mixtas, la privatización de activos como puertos, aeropuertos, minas (…) Quieren raspar los bienes de la República sin ningún control», aseveró.
Negocios con el sector privado de Rusia y Turquía serían los pirncipales mercados a captar con esta ley, indicó Cabezas, pues la discrecionalidad planteada en esta ley les permite, por ejemplo, «que puedan hacer operaciones de activos y pasivos, manejar deuda o autorizar nuevos endeudamientos sin que lo conozca nadie».
Además detalló que con la ley antibloqueo se vulneran los principios de inmunidad soberana, «del que se vanaglorió un tiempo la revolución bolivariana», al igual que la unidad del Tesoro, «debido a que se estableció que los impuestos recaudados se van a separar. Se vulnera el principio de armonía y control presupuestario, incluso previsto en el artículo 314 constitucional».
A juicio del exministro, esta ley antibloqueo tampoco resolverá los «cuatro desequilibrios económicos y humanitarios que laceran la crisis venezolana. Esta ley no va a detener la recesión, no va a detener la hiperinflación porque no hay flujo sustantivo de reservas internacionales que lo permitan, no va a detener el hambre y la desnutrición o el deterioro de la industria petrolera.
Discrecionalidad se hace ley
El abogado constitucionalista Juan Raffalli aseveró que la ley antibloqueo no puede ser un instrumento jurídico válido, pues fue promulgado por la usurpación. «Fue promulgado por una asamblea nacional no constituyente, y no constituyente porque ya dijeron que no producirán una Constitución. Esto es un acto normativo nulo porque es el resultado de la usurpación de funciones contenidas en la reserva legal».
Eso tiene influencia aguas abajo porque puede ser utilizado como argumento por la República para desconocer acuerdos y negociaciones que se realicen bajo esta ley, explicó Raffalli durante el foro. En este sentido, recordó además que la Asamblea Nacional vigente declaró nula la ley antibloqueo, e incluso promte einvestigar a sus promotores para establecer las responsabilidades necesarias.
El abogado también mencionó varios artículos de la ley antibloqueo que le permiten al Ejecutivo nacional realizar cualquier contrato o acto jurídico en base a la excusa del bloqueo, «esta posibilidad obvia cualquier mecanismo de control parlamentario, pues faculta al Ejecutivo para que se levante la reserva legal de actividades».
También coincidió con Rodrigo Cabezas en que puede generarse un proceso de privatizaciones, «pero con aliados y secuaces de quienes están aliados», al tiempo que se promueve la opacidad al poner a órganos como el Consejo de Estado -un órgano del consulta del Presidente- para la supervisión de las decisiones que tome el Ejecutivo.
Por su parte, el diputado Alfonso Marquina (Primero Justicia – Lara), presidente de la Comisión de Finanzas, reiteró que esta ley busca vulnerar los artículos constitucionales, y le da poderes al Presidente «que ni siquiera en los estados de excepción se permiten, pues en estos casos siempre se establecen el control constitucional y parlamentario».
En materia económica esto es gravísimo, afirmó Marquina, «porque tiene disposiciones de suscribir contratos de interés públicos de manera discrecional. Pretenden crear una caja negra para hacer uso discrecional de recursos sin tener que reportar a ningún ente».
Se establece un financiamiento sin control, se evade el régimen presupuestario, incluso se crea un régimen de confidencialidad, sentenció el diputado. «Esta ley antibloqueo es inconstitucional, todos los actos que se desprendan de ella son nulos e ineficaces, y nos obliga a denunciar al país que en ningún caso va a resolver los problemas de los venezolanos».
