Rodríguez plantea al CNE impedir participación de opositores que hayan pedido sanciones
La Asamblea Nacional del 2020 aprobó un acuerdo en el que se respaldó la convocatoria a elecciones que hizo el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 27 de abril
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) del 2020, Jorge Rodríguez, planteó impedir que partidos de oposición que hayan pedido sanciones contra el oficialsimo o el país, participen en las elecciones de este año.
Para lograr esto propuso al CNE considerar aplicar la Ley Simón Bolivar contra estas organizaciones con fines políticos.
La petición de Rodríguez surgió en la sesión ordinaria de este martes 28 de enero, en la que se aprobó un acuerdo para respaldar la convocatoria a elecciones parlamentarias y regionales que hizo el ente rector para el próximo 27 de abril.
«Es un momento crucial para la defensa de la paz y de los resultados electorales. Una cosa es el diálogo y otra cosa es el crimen, una cosa es la negociación y otra es utilizar esos procesos de diálogo y los mecanismos que otorga la Constitución, para atentar contra de la democracia», dijo el presidente de la AN-2020.
Agregó que «quien llama a matar y al atentado no puede venir ahora a ser candidato». Asimismo, dijo estar seguro que «la aplicación estricta de las leyes para ser candidato puede conducir a una elección en paz y a que esta vez, por Dios, el que pierda ya deje de cantar fraude, con su disco rayado; solo reconocen las que ganan»,
Asimismo, Jorge Rodríguez, destacó que el llamado a elecciones evidencia la “eficiencia” del Poder Electoral.
“Yo creo que este es un momento crucial para la defensa de la paz y de los resultados electorales que el pueblo venezolano designe en las elecciones. Una cosa es el diálogo y otra cosa es el crimen. Una cosa es la negociación y otra es utilizar esos procesos de diálogo y los mecanismos que otorga la Constitución, para atentar justamente contra de la democracia”, comentó.
En noviembre, la AN-2020 sancionó la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. La norma contempla prisión de hasta 30 años o la inhabilitación política hasta por 60 contra personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que «pidan» o «apoyen» la imposición de sanciones contra «la ciudadanía, las instituciones del Estado o las autoridades».
En la sesión de este 28 de enero, la AN-2020 aprobó el acuerdo en respaldo a las elecciones convocadas por el CNE. El documento fue presentado a la plenaria por el diputado Francisco Ameliach. No hubo diferencia alguna al acuerdo expresada por la bancada de la oposición al texto.
*Lea también: María Corina Machado: Una Venezuela libre será la mejor oportunidad de inversión
Manifestó que la Ley Simón Bolívar debe aplicarse tanto a los opositores que están en el exterior como a sus aliados en el territorio, por apoyar medidas como sanciones y pedir invasiones contra Venezuela. “Es para la defensa de la expresión democrática”, dijo.
Se refirió al documento que tendrán que firmar los postulados para reconocer los resultados, que ordenó el CNE. Recalcó Rodriguez sobre esto que permitirá que se “pare con el disco rayado” del sector de “cantar fraude”.
“En todas las elecciones desde el 2004 para acá, ellos han cantado fraude. No participaron. Pero en todas cantaron fraude. Cualquiera sea el resultado, el PSUV y el Gran Polo Patriótico reconocerán los resultados. Aceptamos el reto y la invitación”, añadió.
Ameliach, al presentar el acuerdo, afirmó que el Parlamento busca garantizar la “correcta aplicación” de la Constitución y de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.
Acusó a algunos sectores de la oposición de violar la ley al llamar a la abstención electoral, precisando que aquellos que “no participaron” en las elecciones nacionales “están canceladas su inscripción en el CNE y debemos velar que eso se respete”.
Comentó que entre las obligaciones de los partidos se encuentran: respetar su declaración de principios, que incluye el respeto a la Constitución y las leyes; no mantener relación o vínculo con agrupaciones paramilitares; y no aceptar donaciones de ninguna institución extranjera, puntos que -según el diputado- la oposición ha “violentado constantemente”.
Tras la sesión el medio Telesur publicó un vídeo en el que Ameliach aseveró que la Mesa de la Unidad Democrática no podrá postular a las elecciones. Señaló a la organización de haber pedido y celebrado sanciones contra el país, acción sancionada por la mencionada norma.
Al cierre del 2024 La Asamblea Nacional (AN) 2020 le dio luz verde a la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, una iniciativa que surgió como respuesta a la Ley HR 825, también llamada «Ley Bolívar», que aprobó la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y que para el gobierno de Nicolás Maduro intenta doblegar a Venezuela con más sanciones y persecución.
El artículo 9 establece que no podrán postularse a cargos de elección popular las personas que antes de la elección hayan promovido, invocado, favorecido o participado en la adopción o ejecución de medidas contra la población, los poderes públicos o autoridades por parte del otros Estados. Tampoco lo podrán hacer quienes hayan obtenido lucro o beneficio alguno en la ejecución de las sanciones o quienes actúen, invoquen o respalden acciones armadas que afecten la soberanía.
La ley también es una advertencia contra los medios de comunicación. En el artículo 21 se establece que los prestadores de servicios de radio y televisión que difundan publicidad, propaganda o mensajes promoviendo la imposición de sanciones serán multados con la revocatoria de la concesión y un monto en bolívares equivalente a entre 100.000 y un millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
