Rol de fuentes externas en la salud en AL y el Caribe, por Marino J. González R.
La suspensión, y en algunos casos eliminación, de fuentes internacionales para la salud en las economías de bajos ingresos está empeorando las condiciones de vida en muchos países. Estas fuentes han sido fundamentales para la ejecución de los programas de atención, y para garantizar la institucionalidad básica del funcionamiento de los sistemas de salud (por ejemplo, sistemas de información, cadenas de frío, comunicaciones, entre otros aspectos).
De acuerdo con la información disponible en la base de datos global de gastos de la salud de la OMS, (GHED, por sus siglas en inglés), es posible analizar las implicaciones que tendría esta reducción de fuentes externas para los países de América Latina y el Caribe. Para 2022 (año de la última información disponible) se tienen datos de 32 países de la región. Según el porcentaje de financiamiento de fuentes externas con respecto al total del gasto en salud en 2022, se pueden dividir los países en cuatro grupos.
En el primer grupo están los países que no reciben ningún tipo de aporte externo para el financiamiento de la salud. Estos países son: Chile, México, San Cristóbal y Nieves, y Uruguay. En el segundo grupo están los países con financiamiento de fuentes externas menor al 2% del gasto total en salud. En este grupo se encuentran 19 países.
El tercer grupo está conformado por los países que tienen financiamiento externo entre 2 y 6% del gasto total en salud. En este grupo se encuentran 7 países: Belice, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Guyana, y Nicaragua. En el cuarto grupo están los países que tienen financiamiento externo superior al 10% del gasto total: Santa Lucía con 13,44% y Haití con 30,96%.
De acuerdo con estos datos, que obviamente han podido variar entre 2022 y la actualidad, las repercusiones de la reducción de la ayuda internacional afectará con más severidad a Haití y Santa Lucía. Ambos países tendrán que realizar esfuerzos significativos para sufragar este déficit que resultará de la reducción que se pueda producir. En el tercer grupo también se deberán desarrollar estrategias de compensación, pero no en las magnitudes requeridas en los casos de Santa Lucía y Haití.
En el segundo grupo (con financiamiento externo menor al 2% del gasto total) los efectos de la reducción pueden ser significativos en programas específicos, y dependerá también de las condiciones concretas de los países, especialmente de la evolución de la economía. La atención a las asignaciones de recursos con mayor detalle también deberá ser una tarea de especial importancia en este grupo de países.
El hecho de que en la gran mayoría de los países de la región el financiamiento externo no supere el 6% del total del gasto indica que los gobiernos tienen un margen de mayor flexibilidad para la asignación de recursos dentro de los sistemas de salud. Por supuesto, esta posibilidad requiere un examen detallado de las mejores opciones para utilizar los recursos disponibles.
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En otras palabras, los gobiernos de la gran mayoría de los países de la región pueden ejercer gran autonomía en la determinación de las prioridades de políticas. Esto exige, en consecuencia, mayores esfuerzos por mejorar la calidad del diseño e implementación de las políticas de salud.
Es deseable que uno de los objetivos estratégicos sea la plena autonomía en la generación y utilización de los recursos para salud, especialmente cuando todas las tendencias indican que deberán ser mayores para garantizar la atención de población creciente con alta proporción de adultos mayores, y en contextos de aumentos de costos ligados al desarrollo de nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento. Es bastante claro que no es solamente un problema de la cantidad de recursos disponibles.
Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).
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