Saab destacó que no hace falta la CPI para desarrollar acciones de DDHH en Venezuela
Saab repudió existan voceros que aparezcan «sin autoridad moral» para hablar de DDHH y dijo que para opinar es necesario que tengan historia
El fiscal designado por la ya extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, afirmó este jueves 30 de septiembre que en Venezuela «no hace falta la actuación de una instancia territorial o extraterritorial como la Corte Penal Internacional (CPI) y otro organismo dependiente de organismos multilaterales para que se desarrollen acciones de DDHH o de carácter legal» porque en nuestro país «funciona el sistema de justicia»; unas declaraciones que se registran cuando se está a la espera de la decisión de la CPI de continuar con el proceso llamado «Venezuela 1», en el que se apunta a la administración de Nicolás Maduro de haber cometido presuntos crímenes de lesa humanidad.
Durante su ya acostumbrada alocución semanal, el fiscal Saab indicó que «nadie va a venir a darle clases al Ministerio Público en esta gestión sobre la materia de Derechos Humanos», respondiendo así a críticas recibidas por varios activistas a través de las redes sociales, de quien dijo que están viviendo en un «exilio dorado» y que hacen tales aseveraciones a través de «oficinas pagadas para falsear hechos» y provocar distorsiones en la información. Aseveró que en nuestro país se hace justicia «con las complicaciones y diferencias» que pueda haber en un sistema de «democracia en desarrollo» pero con «un estándar superior».
Repudió que existan voceros que aparezcan «sin autoridad moral» para hablar de DDHH y advirtió que aquellos que lo hacen «sin una historia» real de su actividad, se convierten en «bufones» y «usurpadores» de un papel en defensa de los Derechos Humanos. En ese sentido, responsabilizó nuevamente a líderes opositores por haber llamado a manifestaciones violentas en 2017 y de las muertes ocurridas en los meses de abril a julio de ese año, al tiempo que los acusó de ser autores intelectuales de gestar acciones contra la estabilidad del país. «Todos viven en el exilio dorado, con dinero robado, y que son señalados como criminales y asesinos».
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Saab, quien dio un balance en profundidad sobre el caso de la absolución del sargento Arli Cleivi Méndez, señalado como el asesino del manifestante David José Vallenilla en julio de 2017, afirmó que todavía se encuentra privado de libertad y echó por tierra los rumores de que había salido de prisión o que se había ido de Venezuela.
Refirió que el fiscal 126 del Ministerio Público con competencia en materia de DDHH apeló la sentencia del Tribunal 15 de juicio del Área Metropolitana de Caracas este mismo jueves y criticó la sentencia emanada por la jueza Kenia Carrillo al decir que la letrada absolvió a Méndez bajo el argumento de que no se estableció que en concreto, el sargento es quien hubiera accionado el arma contra el joven Vallenilla.
En ese sentido, Tarek William Saab destacó que el caso del joven asesinado fue uno de los primeros que se atendieron a su llegada a la Fiscalía en agosto de 2017, luego de producirse la salida abrupta de la hoy fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Incluso, hizo mostró fotografías en las que evidencia una reunión con los padres del joven asesinado.
Dijo que la jueza no tomó en cuenta que se registró un «quebrantamiento» al principio de la proporcionalidad y al uso excesivo de la fuerza, enfatizando que no había evidencia de que otras personas alrededor del funcionario corrieran peligro. «No se puede responder con balas a un ataque con piedras», puntualizó y reiteró que se abrió una investigación penal en contra de la jueza por su «impropia actuación» en el caso de violación a los DDHH.
Señaló que en esa acción, ocurrida en las inmediaciones de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota, se hizo el uso de un arma de fuego «potencialmente letal» y sin hacer disparos al aire, sino que se apuntó directamente al tórax de Vallenilla a corta distancia y se accionó el arma, provocando que cuatro proyectiles se alojaran en el cuerpo del joven para causarle la muerte casi de forma inmediata.
Expresó que hasta el mismo abogado defensor del sargento reconoció lo ocurrido porque dijo en el juicio que su cliente «actuó en defensa propia pero tal vez de forma excesiva». Por eso, cree que la sentencia de la jueza no tiene sentido ni lógica, ya que además de reconocerse que hubo acción indebida del arma de fuego, el sujeto ya estaba acusado e imputado por el Ministerio Público tras hacer las experticias técnicas al arma y evidenciarse su manipulación ilegal al introducir municiones que no estaban permisadas bajo el argumento de que se estaban quedando sin herramientas para dispersar a los manifestantes.
Por otro lado, Tarek William Saab afirmó que en el marco de las protestas de 2017 se ha logrado condenar a personas que incurrieron en muertes de manifestantes como lo fue la condena a 25 años y ocho meses del oficial de PoliAnzoátegui, Onán José Pereira, por el homicidio de César Pereira el 27 de mayo de 2017. «A este funcionario se le acusó por homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivos fútiles e innobles, uso indebido de arma orgánica y alteración de municiones», explicó.
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También aprovechó para dar un balance de su gestión en materia de DDHH desde que asumiera las riendas de la Fiscalía, enumerando que han sido imputados 776 funcionarios de seguridad del Estado y 40 civiles como presuntos responsables de vulnerar estos Derechos; 556 detenciones de efectivos de seguridad y 29 civiles por este tenor y sanciones con medidas condenatorias a 543 funcionarios de seguridad del Estado y 29 civiles.
En un segundo caso referido por Tarek William Saab se informó de la detención de dos funcionarios Servicio Autónomo de Tributaciones del municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes (Satrimez), quienes estaban desviando el dinero de las cuentas públicas a través de un punto de venta no permisado y que se dirigía a sus cuentas personales.
En ese sentido, refirió fueron detenidos y presentados ante las autoridades competentes los ciudadanos Danny Joel Manzabel Blanco, Superintendente del Satrimez; María Fernanda Ramírez Calderón, Fiscal de Recaudación de Impuestos de ese mismo organismo y Floira Lastenia Figueredo Pérez, esposa de Danny Manzabel.
Se le imputaron los delitos de peculado doloso, acceso indebido, obtención ilegal de lucro y agavillamiento, en distintos grados.
