Saab: esperamos que actualización del «informe Bachelet» no mienta sobre el país

Manifestó su alarma por la situación en países de Latinoamérica donde se registran protestas ciudadanas, pero hizo énfasis en la «fuerza represiva» que aplican los gobiernos en contra de los civiles

El fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, ofreció una vez más un balance de la actuación del Ministerio Público bajo su administración, aprovechando el Día Internacional de DDHH, y aprovechó para denunciar la falta de un pronunciamiento por parte de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre lo que ocurre en países como Chile, Bolivia y Colombia, versus lo que ocurre en Venezuela.

Aseguró que en muchas ocasiones se usa la bandera de DDHH para propiciar acciones que justifiquen invasión, agresión o intervención extranjera «más allá de las debilidades funcionales que una democracia puede tener», haciendo alusión a la acción de varias naciones de propiciar un cambio de gobierno en Venezuela por la vía armada.

Manifestó su alarma por la situación en países de Latinoamérica donde se registran protestas ciudadanas, pero hizo énfasis en la «fuerza represiva» que aplican los gobiernos en contra de los civiles porque a su juicio «pareciera que practican el terrorismo de Estado de manera institucional» por la cantidad de personas heridas durante las manifestaciones y enfatizó que tanto la ONU y la comunidad internacional hacen la vista a un lado en lo que sucede en esas naciones y enfocan su atención en nuestro el país.

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Acusó a varios sectores de querer crear «falsos positivos» como el caso de la masacre de Ikabarú, en el estado Bolívar, «en la que demostramos que fue una banda delictiva la que mató a seis personas» y denunció que había gente que quería acusar al Estado venezolano de propiciar este tipo de acciones y «generar propagandas de decir que se exterminan a indígenas».

Criticó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, de haber querido levantar falso positivo al respecto y destacó que el caso en Bolívar quedó esclarecido.

«Pretenden silenciar la barbarie en otras partes del mundo y centrar sus reflectores en Venezuela para generar una propaganda de que el Estado elimina a sus ciudadanos», acusó.

En ese sentido, indicó que «se busca crear un ambiente que le interese a EEUU para cuando sea su conveniencia, derrocar a un presidente constituido como Nicolás Maduro» y puso el ejemplo de lo ocurrido en Bolivia y la salida de Evo Morales de la presidencia. Por ello, aseguró que en el caso del mandatario venezolano han buscado deponerlo «con informes sesgados».

Hizo mención a las acusaciones de varios diputados a la Asamblea Nacional contra el jefe del parlamento, Juan Guaidó, de supuesta corrupción «de saquear la nación sin haber ganado eleccciones legítimas. Imaginen lo que ocurriría si esta gente asaltara el poder. Tendríamos de nuevo masacres como las de Yumare o El Amparo».

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Señaló que permanecerán vigilantes ante una nueva actualización del informe sobre Venezuela de Bachelet en diciembre «para ver si vuelve a mentir o insultar a nuestra institución» y exclamó que los funcionarios de la ONU han sido recibidos con «mucho respeto» y se les ha suministrado información necesaria.

Enumerando logros

Saab destacó el crecimiento registrado en la Escuela de Fiscales, donde durante un poco más de dos años se han pasado de 15 secciones a 37; los docentes se incrementaron de 63 a 200; se cuenta con 13 centros de formación en todo el país de solo uno que había en Caracas.

Además, indicó que en total se han formado 120.124 personas en cursos, talleres, conservatorios, clases y conferencias; se graduaron 917 personas en diplomados, sumando 121.041 de los cuales 10.507 son funcionarios del MP; unos 34 mil son policías y militares, mientras que y 74.000 son público en general.

Por otro lado, «en estos 28 meses hemos presentado imputaciones contra 509 presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos», de los cuales 393 agentes del Estado han sido privados de libertad; 770 acusados por los lamentables delitos de homicidios, torturas, tratos crueles, degradantes, al tiempo que se dictó sentencia a 131 funcionarios.