Corrupción continúa puertas adentro de la Fiscalía
Tarek William Saab, fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente también anunció la detención de tres ciudadanos por la sustracción de equipos del Hospital Pablo Acosta Ortíz, del estado Apure y el desmantelamiento de una banda que se dedicaba a la extorsión en El Tigre, estado Anzoátegui
El fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, emplazó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad o ilícito que identifiquen en alguna autoridad del Ministerio Público (MP), lo que en resumidas cuentas deja ver que la corrupción continúa puertas adentro del organismo.
Según Saab, desde que llegó al MP ha orientado a los funcionarios a tratar a las personas con dignidad y sin que haya elementos de corrupción en medio. Por lo que enfatizó que es necesario que en caso de presentarse alguna acción irregular los ciudadanos denuncien oportunamente.
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«La gente que acude a nuestras instalaciones debe tener certeza de que podrá solventar cualquier situación de orden penal. Muchas veces se encuentra en situación desesperada, han sufrido grandes pérdidas materiales y humanas o incluso corren peligro», dijo este 13 de enero en rueda de prensa.
Recordó que desde 2017 han sido investigados 282 fiscales, de los cuales 244 han sido judicializados y que la mayoría de fiscales investigados y sancionados pertenecen a gestiones previas. Del total 155 han sido imputados, 27 condenados, 12 se encuentran privados de libertad y 18 tienen orden de aprehensión. Hay que recordar que la Fiscalía ha estado a cargo de funcionarios afines al chavismo desde el año 2000.
«Siempre lo he dicho, cuando hay un fiscal corrupto generalmente a su alrededor existe un elemento que favorece su accionar. Pudiese ser incluso un juez», agregó.
Saab sobre banda dedicada a sustraer equipos médicos
El funcionario anunció la detención de tres ciudadanos por la sustracción de equipos del Hospital Pablo Acosta Ortíz, del estado Apure. Comentó que el 3 de enero, Ángel Franco, que se desempeñaba como encargado de la Sala de Máquinas del recinto hospitalario, se encontraba de guardia en funciones de custodia y, supuestamente, de forma injustificada abandonó su lugar de trabajo.
En su alocución Saab indicó que inmediatamente después de Franco abandonar la sala fueron hurtados equipos pertenecientes al hospital, entre ellos una bomba de tres caballos de fuerza, que suministra agua al área de Nefrología, una bomba de tres caballos de fuerza que descarga gasoil de suministro a la planta eléctrica, y dos baterías de 1.100 amperios, que sirven de soporte auxiliar para el funcionamiento de la planta eléctrica.
«Una vez que este funcionario regresó a su sitio de trabajo, informó la ausencia de los equipos a Luis Ramírez y Elvis Lugo, ambos adscritos a la Policía de Apure; quienes estaban dispuestos en ese hospital para cuidado y protección del personal e instalaciones». detalló.
El fiscal precisó que los funcionarios no notificaron sobre el robo a los superiores, lo que implicó retardar el inicio de la investigación correspondiente. «Seguramente porque trabajaron como cómplices», agregó.
De acuerdo a lo informado por el fiscal en el sitio donde se sustrajeron los equipos, fue localizado un boquete a través del cual se pretendió simular un robo. No obstante, tras las indagaciones que realizaron efectivos de la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Apure, se estableció que el boquete fue realizado desde la parte interna,
«Se determinó que su tamaño era inferior tanto al de las bombas, como al de las baterías sustraídas. Finalmente, a través de las pesquisas de investigación, se pudo determinar la participación en esta trama de los tres funcionarios indicados, quienes fueron detenidos», apuntó.
El fiscal general del MP destacó que los tres funcionarios fueron privados de libertad por peculado doloso en grado de coautores, agavillamiento, simulación de hecho punible y homicidio intencional calificado a título de dolo eventual en grado de tentativa.
Extorsión
Saab también informó sobre el desmantelamiento de una banda que se dedicaba a la extorsión en El Tigre, estado Anzoátegui. Expuso que el 28 de diciembre funcionarios del Conas recibieron denuncias por parte de un ciudadano que manifestó que una banda le estaba exigiendo altas sumas en dólares mensuales para dejarlo realizar trabajos petroleros en el sector de Bare del municipio Simón Rodríguez.
Según el fiscal, los funcionarios solicitaron a la víctima que se comunicara con los presuntos extorsionadores para concertar una reunión en un restaurante. Se dieron cita cuatro ciudadanos que abordaron a la víctima y que posteriormente fueron detenidos.
«Cabe destacar que este grupo de delincuencia organizada se dedica a exigir dinero a las empresas petroleras a cambio de dejarlos ejecutar operaciones en los campos petroleros de la población de Bare. Los detenidos fueron identificados como Yoselys Morales, Blanca Marchán, Andrés Perales y Armando Ramírez», declaró.
Precisó que el 30 diciembre en la audiencia de presentación, el MP imputó a los dos hombres como coautores de extorsión y agavillamiento. A las dos mujeres como cómplices de extorsión y agavillamiento
Ataque a fincas
«También nos hemos dedicado a investigar a otros grupos que se dedican a atacar otros aspectos como la economía. La instrucción a nuestros funcionarios es no olvidar estos casos, que afectan a una comunidad o municipio», mencionó el fiscal general.
En este punto hizo referencia a casos de robo de ganados. Explicó, al respecto, que el 22 de noviembre un grupo de personas ingresó a la finca Altamira, ubicada en Monagas, portando armas de fuego, que ataron al dueño y a sus trabajadores para luego llevarse 10 animales tipo bovino, armas y otros objetos.
Este mismo grupo, de acuerdo a lo detallado por Saab, irrumpió en la finca La Promesa, amarraron al hijo de la dueña y luego le dispararon en un pie. Se habrían robado cuatro animales tipo bovino, una yegua y varios objetos.
«Por estos hechos fueron detenidos dos de los delincuentes, identificados como José Gregorio González y Wilber Blanco Sifontes. El 21 de diciembre fueron presentados ante el Tribunal de Control, donde se les imputó por los delitos de coautores de robo agravado, robo agravado de ganado mayor y asociación para delinquir. Ambos quedaron privados de libertad», dijo.
