Saab repite cassette con su balance sobre DDHH pero deja muchos datos por fuera
El fiscal Tarek William Saab no explica cuál es el estatus de los civiles juzgados por violaciones a los DDHH, o en qué fase del proceso judicial se encuentran los otros 610 policías y militares imputados por estos delitos
El fiscal general impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, repitió su balance sobre derechos humanos en una rueda de prensa este 15 de diciembre, donde defendió la labor de su cartera pero sin explicar muchos datos y dejando otros por fuera de su «tradicional» conteo desde que asumió las riendas de la Fiscalía.
Saab dijo que, entre agosto de 2017 y noviembre de 2021, el Ministerio Público ha imputado a 820 funcionarios por presuntas violaciones a los derechos humanos y 40 particulares como colaboradores en este tipo de delitos. De estos, 582 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad y 32 civiles han sido detenidos por órdenes de tribunales.
Tarek William Saab: Hasta noviembre de 2021 hemos realizado la imputación de 820 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y 40 particulares indiciados como colaboradores
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) December 15, 2021
Las acusaciones son aún mayores: 1.108 funcionarios y 158 civiles han sido señalados en investigaciones de cometer violaciones a los DDHH pero no han llegado a instancias judiciales.
En cuatro años y tres meses de gestión al mando de Saab se han condenado a 210 funcionarios policiales y militares, es decir, solo 25,6% de los efectivos que llegaron a juicio fueron encontrados culpables de violaciones a derechos humanos.
Tarek William Saab: Por otro lado, han sido acusados un total de 1.108 funcionarios y 158 particulares. Se ha logrado una importante cifra de 210 funcionarios policiales y militares condenados. Es una cantidad importante
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) December 15, 2021
Pero el fiscal Saab no específica en esta alocución, como en las anteriores sobre la materia, la cantidad de efectivos por cuerpos de seguridad civiles o militares, los delitos por los cuales se les acusa o las acciones que realizan en conjunto para disminuir este tipo de violaciones a los derechos humanos, que involucran principalmente daños al derecho a la vida, disentir u opinar según organizaciones de la sociedad civil.
El fiscal tampoco explica cuál es el estatus de los civiles juzgados por violaciones a los derechos humanos, o en qué fase del proceso judicial se encuentran los otros 610 policías y militares imputados por estos delitos.
Tampoco hay información precisa sobre el estatus de las investigaciones a los casi mil trescientos policías, militares o «particulares», como les llama a los civiles.
El pasado 24 de noviembre, durante una rueda de prensa por el 52° aniversario del Ministerio Público, Saab ofreció datos de este año referentes a violaciones de derechos humanos, donde tampoco especificó algunos de los puntos que se mencionaron arriba.
En dicha alocución, el fiscal Saab dijo que este año fueron acusados 207 efectivos de distintos organismos del Estado por presuntas violaciones a los derechos humanos, y se lograron 83 condenas.
Además mencionó que en 2021 se imputaron 146 efectivos, y 74 de ellos están detenidos por su presunta participación en violaciones a derechos humanos. El año pasado, solo cinco funcionarios recibieron sentencia por este tipo de delitos.
Un dato que no obvió el fiscal Saab, y que evidencia el crecimiento de denuncias en estos casos, fue sobre la actuación de la Oficina Nacional de Atención a la Víctima en materia de DDHH. El 23 de noviembre señaló que desde junio habían atendido 762 ciudadanos, de los cuales 379 denunciaron presuntas violaciones a los derechos humanos.
Condenas logradas en 2021
Entre las condenas mencionadas como «logros» este año, el fiscal Tarek William Saab informó sobre casos que involucran homicidios en distintos grados, uso indebido de arma orgánica, quebrantamientos de pactos internacionales, violaciones y tratos crueles.
Resalta el caso de la muerte del exconcejal de Primero Justicia Fernando Albán, donde sus abogados han dicho que la calificación de homicidio culposo excluye de responsabilidad a los funcionarios del Sebin Miguel Do Santos Rodríguez y Keiberth Cibelli Moreno.
A ambos efectivos se les impuso una pena de cinco años y diez meses de prisión, que también incluye los delitos de quebrantamiento de obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.
A su juicio, estas acciones demuestran que el Ministerio Público siempre estará pendiente que las investigaciones «culminen en una sentencia final (…) También tenemos una línea deacción contrra violaciones al derecho a la salud».
También mencionó el caso del joven enfermero David Vallenilla, por el cual se condenó a 23 años de prisión al sargento de la Aviación Arli Méndez. Pero el fiscal obvió decir que los abogados del joven asesinado recusaron la sentencia pues no se incluyó el delito de quebrantamiento de pactos y convenios internacionales en su caso.
