Sala de la CPI confirma investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Los jueces de la Sala de Apelaciones dictaminaron que no encontraron «error alguno» en lo decidido por la Sala de Cuestiones Preliminares, al autorizar a la Fiscalía de la CPI continuar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. Tampoco encontraron «motivos convincentes» para apartarse de este fallo
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió este viernes 1° de marzo confirmar la investigación que adelanta la Fiscalía sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, tras la apelación hecha por la administración de Nicolás Maduro.
Los jueces Marc Perrin de Brichambaut (Presidente), Piotr Hofmański, Luz Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa y Gocha Lordkipanidze consideraron que las causas investigadas por Venezuela no reflejaban lo suficiente la investigación que hace el fiscal Karim Khan, y recordaron el caso de Filipinas, cuando se dio una apelación similar.
Los jueces, que tomaron la decisión por unanimidad, rechazaron los seis motivos de apelación hechos por la administración Maduro. Dictaminaron que no encontraron «error alguno» en lo decidido por la Sala de Cuestiones Preliminares, al autorizar a la Fiscalía de la CPI continuar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad. Tampoco encontraron «motivos convincentes» para apartarse de este fallo.
También se dictaminó que Venezuela erró al no pedir al fiscal traducciones del material recibido. «Incumbe al Estado que solicita la inhibición proporcionar la traducciones en inglés y francés de los documentos donde se afirma que han llevado a cabo las investigaciones pertinentes, con miras a que la Sala de Apelaciones pueda revisar toda la documentación».
Además, la Sala de Apelaciones recalcó que, si bien el Estatuto de Roma no impone a los Estados la obligación expresa de incorporar los crímenes de lesa humanidad en su legislación nacional, «esa incorporación podría facilitar el cumplimiento de su deber» de ejercer su jurisdicción penal contra «los responsables de crímenes internacionales».
En la lectura de la sentencia estuvieron presentes el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Héctor Constant, y el agente del Estado ante Sistema Internacional de Derechos Humanos, Larry Devoe.
El 21 de abril de 2022, la Fiscalía notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares I que había recibido, por parte de Venezuela, una solicitud de detener sus investigaciones, bajo el alegato de que estaban siendo investigadas y procesadas por las autoridades. La solicitud se hizo de conformidad con el artículo 18, parágrafo 2, del Estatuto de Roma.
El 1 de noviembre de 2022, la Fiscalía de la CPI solicitó a la Sala que lleva el caso reanudar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, en particular los delitos de persecución, torturas y abuso sexual. El 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó al fiscal Karim Khan a reanudar su investigación.
Casi dos meses más tarde, las autoridades venezolanas presentaron su escrito de apelación. Durante el procedimiento, se recibieron los escritos del fiscal Khan, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, representaciones de las víctimas y observaciones del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos. Todos coincidían en la necesidad de que la investigación se mantenga.
En el caso de las víctimas venezolanas, incluso se solicitó que se ampliara el tipo de delitos y el periodo de tiempo investigado. También manifestaron que esta instancia era su «única oportunidad» para obtener justicia.
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El 7 y el 8 de noviembre del año pasado, la Sala de Apelaciones celebró una audiencia donde se abordaron todas las cuestiones planteadas por Venezuela en su recurso.
