Sala de la CPI deniega recusación contra fiscal Khan en investigación sobre Venezuela
La Fundación Arcadia alegó un conflicto de intereses por los vínculos familiares del fiscal de la CPI, Karim Khan, con la abogada Venkateswari Alagendra, contratada por el Estado venezolano y Nicolás Maduro para representarlos en la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el país
La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) declaró inadmisible una solicitud para recusar al fiscal Karim Kham de la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, debido a un supuesto «conflicto de intereses».
La decisión sobre la solicitud de la Fundación Arcadia, hecha en noviembre de 2024, fue publicada este lunes. También se denegó una moción urgente sobre supuestas irregularidades procedimentales y violaciones éticas, hecha por la misma organización promotora de derechos humanos.
La Sala de Apelaciones, con el voto disidente de la jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza, consideró que la solicitud es inadmisible, «porque los solicitantes carecen de legitimación y la disposición pertinente es inaplicable en esta etapa del procedimiento».
Sobre el primer punto, la propia Sala señaló que la Fundación Arcadia o Robert Carmona-Borjas, quien presentó la solicitud, no forman parte del proceso de investigación y tampoco ejercen la representación de alguna víctima.
La fundación alegó un conflicto de intereses por los vínculos familiares del fiscal Khan con la abogada Venkateswari
Alagendra, contratada por el Estado venezolano y Nicolás Maduro para representarlos en la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.
Según Arcadia, este conflicto de interés «compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial», con implicaciones para la credibilidad de la CPI. Además, han dicho que Karim Kham «debió apartarse del caso ‘motu proprio’ por convicción ética».
«La mera apariencia de parcialidad es suficiente para socavar la confianza del público, las víctimas y la comunidad internacional» en la CPI, argumentó la fundación.
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