Salario y canasta básica, por Esperanza Hermida
Twitter: @espehermida
La constitución venezolana establece en su artículo 91 que el salario debe satisfacer las necesidades básicas del trabajador y su familia, y entre ellas está la alimentación. Ahora bien, como la inflación desbocada en el país engulle el dinero de la remuneración al trabajo, el ajuste progresivo del salario es imprescindible. Pero Venezuela cuenta con un gobierno que no garantiza su capacidad adquisitiva y muy por el contrario, ejecuta políticas que lo confiscan. Ello impacta, sin duda, a las deprimidas y humillantes asignaciones por concepto de pensiones y jubilaciones.
Una de esas políticas confiscatorias del salario es el instructivo dictado por la Onapre, que ha sido ampliamente rechazado por los sectores laborales más afectados, que se encuentran concentrados, nada más y nada menos que, en la educación superior, el magisterio a todos los niveles, la salud y la función pública. Producto de la expoliación al salario que implica esta ofensiva gubernamental, se ha generado una movilización nacional que, si bien continúa la década de luchas laborales que se viene desarrollando desde 2011 – 2012 en defensa de la contratación colectiva y la libertad sindical, cuenta hoy con amplias muestras de solidaridad combativa de la clase trabajadora que auguran un buen reencuentro entre organizaciones sindicales del ámbito público y privado, al que se suman movimientos sociales y populares.
En materia salarial, si bien la historia reciente de Venezuela reporta un espiral de denuncias de violación de derechos y de movilizaciones, aún no se materializan éxitos contundentes atribuibles a la unidad en la acción del sector público y privado. Respecto a la contratación colectiva, que es un mecanismo absolutamente vinculado el salario y sus incidencias en las condiciones de trabajo y de vida del personal público y de la empresa privada, falta todavía echar para atrás los efectos del memorándum 2792 emanado del Ministerio del Trabajo.
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En cuanto al retroceso en el ejercicio del derecho a la libertad sindical, además de la injerencia que representan las políticas gubernamentales caracterizadas por la represión a dirigentes emblemáticos como es el caso de Rubén González y el ensañamiento contra trabajadores como Rodney Álvarez, ambos de Ferrominera del Orinoco, lo cierto es que sigue pendiente conquistar la derogatoria del reglamento de la LOTTT que interviene absolutamente en la vida interna de las organizaciones sindicales, regulando sus procesos electorales.
Pero hurgando en el pasado, durante la época del bipartidismo, destaca la lucha contra la bonificación del salario en tiempos de Jaime Lusinchi, cuando la presión popular y la justeza de la reivindicación planteada lograron la sentencia dictada por el máximo tribunal del país, declarando que el pago compensatorio integraba la remuneración del trabajo. Sin embargo, es preciso también recordar que, a pesar de esa victoria colectiva, el salario siguió deteriorándose porque otros bonos, en los siguientes gobiernos, lo fueron sustituyendo. Tal es el caso del bono transporte y de alimentación, que bajo diferentes denominaciones se puso en vigencia en la última década del siglo XX y lo que va del presente.
Mediante una suerte de malabarismo que causó obnubilación, el gobierno de Chávez desapareció una de las formas de apropiación de la remuneración al trabajo llamada “cesta – ticket”, y creó la ilusión óptica de su conversión en salario, mediante un decreto. Nada más alejado de la verdad.
Fue como la reducción de ceros al bolívar: pura maniobra. Actualmente, una parte del salario viene contenido en una caja CLAP, para quien tiene la suerte de disfrutarla, o llega a través del sistema “patria” u otro de los demás mecanismos gubernamentales creados para reducir sustancialmente la retribución que percibe la gente por la venta de su fuerza de trabajo. Desde el punto de vista marxista, ni una de las estrategias salariales del gobierno de Maduro, resisten el más mínimo examen. Se trata de un robo.
Paradójica e irónicamente, una bandera enarbolada por el falso socialismo instaurado en Venezuela es el supuesto protagonismo y la participación de la clase trabajadora. De hecho, en la constitución vigente se consagran una serie de declaraciones de intención respecto al salario y todas, cual promesa incumplida reiteradamente, por el proyecto o el legado o lo que sea que haya hecho o dejado Chávez, son una burla al hecho social trabajo. Ello se evidencia con la simple lectura del texto del artículo 91, por cuanto no hay dudas de que el gobierno pisotea la carta magna.
Como lo han denunciado las organizaciones sindicales, gremiales y movimientos laborales a lo largo y ancho del país, el contenido de esta norma establece que: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento.”
De manera tal que la exigencia enarbolada por la masa laboral venezolana es que el salario sea igual y equivalente al costo de la cesta básica calculada en dólares. Como se conoce, la cesta básica es el grupo de productos elementales para la subsistencia digna de una familia.
En este sentido, no hay ambigüedad en la demanda, pues se trata de un grito nacional para restablecerle al salario su capacidad para adquirir, por lo menos la comida. Tampoco hay error en la valoración y caracterización de la respuesta del gobierno antecesor clamor, ya que es una selectiva represión dirigida a descabezar a la clase trabajadora rebelde, autónoma e independiente del sindicalismo oficialista.
En la medida que ha calado la consigna de salario igual a la cesta básica, se incrementó la detención arbitraria de dirigentes sindicales por parte de los cuerpos de seguridad del estado, el enjuiciamiento a líderes sociales, así como la intimidación y hostigamiento a las organizaciones políticas y populares que levantan su voz crítica contra las políticas gubernamentales. Sin embargo, por mucha represión que desate el gobierno, el artículo 91 está en la constitución y es legítima la demanda de su cumplimiento en las calles y en cualquier escenario de defensa de derechos, bien sea en el ámbito judicial nacional o internacional, incluyendo la huelga general y las denuncias que merecen sus políticas ante la OIT.
Esperanza Hermida es activista de DDHH, clasista, profesora y sociosanitaria
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