Sangre en Catia, por Teodoro Petkoff
Según el retorcido argumento de José Vicente Rangel, la responsabilidad de los sucesos de Catia es de AD, porque el acto habría sido “una provocación”, “convocado con la deliberada intención de provocar violencia” Este razonamiento de rábula equivale al de quienes responsabilizan de la violación de una mujer a la propia víctima, “porque quién la manda a andar en minifalda”.
Rangel no emite una sola palabra de condena para los grupos armados que públicamente, desde días antes, anunciaban su disposición a atacar un acto debidamente permisado por las dos autoridades municipales, convocado con todo derecho constitucional por un partido político legal. Tan conscientes estaban las autoridades de las amenazas contra el mitin, que montaron un dispositivo policial para protegerlo. Por eso las palabras de Rangel, hablando de “provocación”, constituyen un insulto a la inteligencia –a la suya y a la de los demás.
Siempre es bueno recordar la anécdota que Rangel cuenta acerca de su incorporación a la política.
Fue en 1946 ó 1947, cuando presenció cómo un mitin de URD, en Barquisimeto, fue destruido a cabillazos y piedras por las brigadas de una AD entonces intolerante y agresiva. Venezuela entera era para la época territorio adeco. El 80% del país votaba blanco. Según la lógica del absurdo que ahora cultiva Rangel, el mitín de URD habría sido una provocación. ¿Quién mandó a Jóvito Villalba a meterse en territorio adeco? La honestidad, la decencia y la memoria de su propio pasado deberían prohibirle a José Vicente Rangel hablar de la manera como lo hizo el sábado, tratando de justificar lo injustificable.
Se dio, ciertamente, una coordinación y una acción policial que intentó impedir la violencia. Eso debe ser reconocido. Pero fracasó. Fracasó porque los grupos violentos que se identifican con Chávez impusieron su ley. Desde días antes vocearon hasta por televisión su intención de no permitir el acto adeco.
No lo pudieron impedir pero provocaron muerte y destrucción. En el 23 de Enero, encapuchados abiertamente autoidentificados con el chavismo, bloquearon las calles y dispararon sobre la avenida Sucre en Agua Salud. Donde cayó el muerto, la Disip se había visto obligada a batirse a tiros con un grupo de civiles armados que gritaban a los cuatro vientos su filiación política y pretendían atacar a los adecos. Es una absoluta falta de seriedad y una muestra supina de hipocresía ignorar y hasta convalidar acciones delictivas anunciadas con anterioridad y ejecutadas ante la vista de todos y, encima de ello, acusar de los hechos precisamente a las víctimas. El viernes anterior grupos violentos que proclaman su filiación chavista intentaron sabotear a tiros las elecciones en la UCV. Varios heridos de bala, entre otros un antiguo amigo de Rangel, el profesor Héctor Silva Michelena, fue el saldo.
Seguramente, para el vicepresidente, la culpa del balazo que recibió la tiene el propio Silva Michelena porque ¿quién lo mandó a ir a votar?
Estos grupos de ultraizquierda en varios casos son muy anteriores al chavismo y otros han nacido al calor de éste, pero es bastante probable que unos y otros sean hoy una especie de Frankenstein, fuera ya de todo control. Navegan, sin embargo, en las aguas de aquel porque saben que la ambigüedad y la tolerancia del gobierno, ante ellos les aseguran protección e impunidad. Los grupos extremistas, tanto de izquierda como de derecha, constituyen una amenaza permanente para la búsqueda de una salida democrática, pacífica y electoral a la crisis política. Sin embargo, discursos como el de Rangel nutren las posiciones ultrosas por sus dos puntas. En lugar de fortalecer las posturas de quienes abogan por la ruta democrática, refuerzan las ópticas que niegan su viabilidad.
Por eso es que importa tanto, justamente en este momento, que la oposición no caiga en la provocación, esta sí indiscutible, de las irresponsables palabras de Rangel. El acuerdo que aparentemente ha sido alcanzado entre Gobierno y oposición, que debe ser firmado esta semana, no debe pagar los platos rotos por la violencia. Ese acuerdo, aunque de él, ciertamente, no depende la celebración de un revocatorio que es un derecho constitucional, posee, sin embargo, un valor político incuestionable que contribuye a despejar la vía electoral porque robustece la acción tanto de la OEA como del Grupo de Amigos. El camino hacia una solución está empedrado de emboscadas violentas como la del sábado, entre las cuales, sin embargo, se van abriendo paso, trabajosamente, las posibilidades de ir neutralizando los factores de violencia y de ir afirmando las opciones electorales, pacíficas y democráticas.
La política decidida por la Coordinadora es la de marchar hacia el referéndum revocatorio. Ella debe ser sostenida con firmeza, aun frente a las peores contingencias y provocaciones. En este caso, firmar el acuerdo es la respuesta cabal que merece la vileza del sábado pasado.
