¿Se culminarán a tiempo los trabajos de Odebrecht que Maduro ordenó terminar?
Un nuevo capítulo en la novela de Odebrecht en Venezuela se abrió cuando el 26 de enero, Maduro mandó a los gobernadores y alcaldes a terminar las obras inconclusas, hecho que a juicio de los consultados, sería complicado culminar por varias razones
Autor: Ronald Uribe
Con una voz enérgica y expresando preocupación por la situación con las obras paralizadas por la constructora brasileña Odebrecht, el mandatario Nicolás Maduro ordenó el pasado 26 de marzo a las gobernaciones y alcaldías a “culminar” las construcciones que quedaron pendientes en cada una de las entidades regionales y municipales, para poderlas entregar a las comunidades.
Pero esta es la segunda vez que lo exige en algo más de un año. En febrero de 2017, había exhortado al vicepresidente Tareck El Aissami a terminar los proyectos inconclusos y en esa oportunidad dijo que no quería más retrasos para su culminación.
La historia entre el gobierno nacional y Odebrecht es de más de 10 años y, desde entonces, se han propuesto múltiples obras de gran envergadura, como la construcción del tercer puente sobre el río Orinoco, el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, la planta termoeléctrica de Tocoma, la construcción de las líneas 5 y 6 del Metro de Caracas, entre los 11 proyectos grandes.
Según la ONG Transparencia Venezuela, existen en la actualidad 31 contratos con la constructora, que comprenden 29 obras. Además de las mencionadas, incluyen la construcción de viviendas y de complejos agroindustriales.
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Para el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, el caso que encierra Odebrecht en Venezuela es como una “caja de Pandora” debido a que muchas de las obras que el Gobierno ordenó ejecutar, en efecto están paralizadas y para la comisión mixta que investiga la vinculación de funcionarios del Ejecutivo –entre ellas la de Maduro- ha sido complicado obtener la información porque los órganos oficiales no prestan colaboración alguna, haciendo hincapié en las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que le quitaron la función contralora del Parlamento.
“Hay unas obras que están paralizadas y otras que llevan su elaboración en un 30 al 40%. Hay una gran cantidad de empresas que subcontrató Odebrecht y a las que el Gobierno le adeuda una gran cantidad de dinero. Esperamos que pasen por la Comisión para saber cuáles fueron los convenios”, recalcó.
Falta de competencias
En esa misma alocución, en el llamado “lunes de regiones”, Maduro dijo a los gobernadores y alcaldes que la empresa brasilera subcontrataba a empresas venezolanas para poder llevar a cabo las obras.
“Con pinzas”, el presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Enzo Betancourt, dijo que había que analizar las palabras del jefe de Estado respecto al tema, porque “si bien es cierto que tiene razón en que empresas venezolanas tienen la capacidad de responder (…) Una de las preguntas que habría que hacerse es ¿Por qué no lo pensó antes? Dieron contratos además de a Odebrecht a los chinos, los rusos, los bielorrusos y es que tiempo después se dieron cuenta de que aquí hay capacidad”.
Sin embargo, recalcó que las direcciones regionales de obras de cada una de las gobernaciones y de las alcaldías “no tienen la capacidad técnica” para llevarlas a cabo. “Estamos hablando del Metro de Caracas, en el tramo de Guarenas-Guatire, los cabletrenes, Tocoma, el tercer puente sobre el río Orinoco (…) independientemente que el Gobierno lo financie”.
El parlamentario Superlano hizo mención al tema de los supuestos sobornos que funcionarios del Gobierno –entre ellos Nicolás Maduro- que “según funcionarios de Brasil, habría recibido pagos por el orden de los 35 millones de dólares cuando era Canciller (Maduro) y presidente encargado” en 2013.
Las palabras del diputado tienen que ver con un reportaje publicado en el Nuevo Herald en el que se entrevista a la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien habría dicho que el mandatario venezolano pidió en esa oportunidad 50 millones de dólares pero “nada más le dieron 35”.
El mismo 26 de marzo de 2018, el diario brasileño Estadao publicó un artículo en el que se asegura que existen documentos en los que Maduro liberó 4.000 millones de dólares en proyectos financiados con dinero del Bandes, que habrían sido ordenados por él justo después de haber ganado las elecciones en 2013, luego de haber recibido dineros de la llamada “caja 2”, estructura de la brasilera para pagar sobornos a países y funcionarios.
Estos recursos, al parecer, eran parte de unas partidas que no eran notificadas en la gestión normal de Gobierno.
Las informaciones de los diarios brasileños se unen a una serie de documentos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
De acuerdo con esos documentos, los pagos se hicieron en relación con «más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela».
Y según el Correo del Caroní, nuestra nación es la segunda en Latinoamérica en la que la constructora pagó más sobornos específicamente 98 millones de dólares, de acuerdo con declaraciones en 2017 de Marcelo Odebrecht, ex presidente de la empresa.
Al ser preguntado sobre si la Asamblea Nacional tenía comunicaciones con la Fiscalía, que actualmente está presidida por Tarek William Saab, Freddy Superlano dijo que el funcionario actúa como “un inquisidor”, ya que “investiga a los que han saltado la talanquera”.
En ese sentido, indicó que próximamente una comisión viajará al exterior para reunirse con la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, para pedirle información acerca del caso y así continuar la investigación.
Además, resaltó que aunque la Asamblea Nacional tiene sus competencias suprimidas por parte del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia 155 (que fue parte de la génesis de las protestas de 2017), se encuentran trabajando en la investigación “porque cuando se restablezca el Estado de derecho en el país, podremos iniciar los trámites legales”.
Producción nacional es lo que piden
“Si le van a inyectar dinero, que le quiten a todos los países las concesiones y se las den a empresas venezolanas”, dijo el presidente del Colegio de Ingenieros, Enzo Betancourt, quien argumentó que de esa forma, se puede preparar mejor al personal que labora en el país, se crean empleos y fuentes de trabajo, así como se registra una activación de la economía de la nación “y el dinero se queda en Venezuela”.
Para el ingeniero, la reactivación de las obras será “mucho más costosa” que cuando se mandaron a hacer pero “qué tanto, no lo sé. Ese es uno de los inconvenientes cuando se retrasan las cosas (…) Si anteriormente te salía en 100 millones de dólares, al recalcular puede que te salga en 200”.
El razonamiento de Betancourt obedece a los recursos aprobados por el orden de los 472.000 millones de bolívares para llevar a cabo las obras pendientes, entre ellas las que quedaron abandonadas por Odebrecht.
“La empresa Odebrecht entró en barranco y yo quería establecer un acuerdo para que ellos terminaran sus obras pero bueno ellos continúan en su barranco en Brasil, hundiéndose cada vez más”, dijo Maduro en referencia al escándalo de corrupción que envuelve a la compañía.
Según el diputado Freddy Superlano, esa cantidad de dinero es “un tema efectista más que efectivo”, ya que es de la opinión de que quieren hacer creer que están trabajando “pero con el nivel de hiperinflación actual, esa cantidad de dinero solo sirve para hacer pequeños movimientos”.
Las obras podrían culminarse –según el político- si empiezan a construirse en el tiempo previsto, mucho más allá del 2025.
Sobre los requerimientos adicionales para obtener una licitación, Betancourt dijo que era necesario poder pedirle la información financiera a la empresa que aspira obtener el contrato, con el fin de minimizar la posibilidad de que existan actos irregulares porque “la empresa tiene que tener la capacidad de poder subsanar las fallas financieras si el Gobierno no paga a tiempo”.
