Se cumplen cinco años de la desaparición forzada de Alcedo Mora y los hermanos Vergel
Alcedo Mora era un dirigente social que trabajaba en las comunidades en procesos de exigibilidad de sus derechos y asumiendo posiciones críticas ante políticas gubernamentales.
Este jueves 27 de febrero se cumplen cinco años de la desaparición forzada del dirigente social Alcedo Mora y los campesinos Esneider y Eliézer Vergel. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) serían los presuntos responsables de este hecho.
Meses antes de su desaparición Alcedo Mora había realizado de manera pública, y ante varias instituciones, una serie de denuncias sobre hechos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) vinculadas al contrabando de gasolina.
Mora también trabajaba en las comunidades en procesos de exigibilidad de sus derechos y asumiendo posiciones críticas ante políticas gubernamentales. De los hermanos Vergel se conoce poco, solo que eran campesinos que conocían a Alcedo Mora.
A los pocos días de la desaparición los hijos de Mora y otros familiares presentaron la denuncia ante las autoridades respectivas, el Ministerio Público inició algunas investigaciones preliminares, sin embargo, durante meses la investigación se paralizó a pesar que familiares y amigos realizaron reclamos públicos y formales ante esa institución.
En noviembre de 2017 el Ministerio Público llamó a declarar a algunas personas que anteriormente habían dado su testimonio, y esa retoma de las actuaciones tiene una explicación: el Gobierno venezolano fue notificado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que los hijos de Alcedo Mora con la asesoría del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) habían presentado denuncia en esa instancia internacional.
Efectivamente, el 28 de junio de 2016, familiares de Alcedo Mora acompañados por Provea ejercieron una Petición por violación de Derechos Humanos ante el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a los fines que el caso sea examinado por ambas instancias de conformidad con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La ONG Provea, destacó que en estos caso como en otros tantos de desaparición forzada, el «Estado venezolano no solo no ha investigado de manera eficaz, sino que la práctica de la desaparición forzada se institucionaliza cada vez más».
Incluso detallaron que «en su Informe sobre violaciones a los derechos humanos durante las protestas de abril-julio de 2017 el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las naciones Unidas indicó: Algunas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas, en la medida que las autoridades, durante un periodo inicial, se negaron a confirmar el destino o el paradero de las personas detenidas”.
Con información de Provea
