Se destapó la cloaca, por Teodoro Petkoff
Primero fue el informe Avella, que puso al desnudo las tracalerías mediante las cuales entre la Consultoría Jurídica y la cúpula (bien podrida ésta, por cierto) del CNE se fraguaron resultados electorales, claramente fraudulentos, en el caso de siete alcaldías y una gobernación, la de Mérida. Después fue la aparición de una grabación en la cual un individuo, que ahora es consultor jurídico del CNE, se acuerda con otros dos para hacer un fraude en Margarita. Ayer, otro de los miembros del CNE, Rómulo Lares, hace suyo el voto salvado del ingeniero Avella y denuncia los manejos sucios de los cuatro agentes gubernamentales presentes en el organismo.
El sujeto que fue grabado no tuvo una ocurrencia más inteligente sino argumentar que él no era consultor jurídico del CNE para la época en que fue realizada la grabación. Como si eso tuviera alguna importancia. Si para entonces no tenía esa condición, evidentemente tenía tantos contactos e influencia en el organismo que pocas semanas más tarde ya estaba enchufado en él. No hay duda de que si esa grabación no fue autorizada por un juez, no tiene valor probatorio, pero tampoco hay duda de que ella constituye un elemento circunstancial que la Fiscalía no puede desestimar a la hora de abrir una averiguación en este caso. Porque a ninguna investigación seria se le puede escapar la correlación entre los hechos. Por un lado, el primer vicepresidente del CNE hace una documentada descripción de las argucias jurídicas y procedimentales que configuran la comisión de un fraude por parte de la cúpula (podrida) del organismo; sus argumentos son recogidos, días después, por otro de los integrantes de este y, para remate, una grabación, que tal vez no vale ante un tribunal pero cuya existencia no se puede negar, pone en boca de quien es hoy consultor jurídico del CNE no sólo el reconocimiento de que los resultados de Mérida fueron trampeados por órdenes de «arriba» sino que los de Margarita también podían ser «arreglados».
A estas alturas del juego, los cuatro señores que manejan el CNE a su antojo (mejor dicho, al antojo de sus amos y señores), no pueden continuar en sus cargos. Su mera presencia ultraja al país. En bien del rescate de un mínimo de seguridad jurídica deben ser destituidos (porque es difícil imaginar que van a renunciar quienes tanto se han rebajado y arrastrado con el fin de conservar sus camburcitos) y sustituidos por gente designada conforme a los procedimientos pautados en la Constitución. Ya no hay excusa para no hacerlo. Insistimos en una idea capital: de la idoneidad del CNE depende la legitimidad del sistema político. Delincuentes como estos, por ejemplo, no pueden dirigir el proceso electoral sindical. Nadie en su sano juicio puede aceptar un árbitro vendido.
El sábado, Miquilena denominó «excremento humano» a la oposición. No, Miqui, la cloaca está en tu CNE
