Senado aprueba Ley de seguridad que aumenta el poder de la policía en Chile
Amnistía Internacional advierte a Chile que esta ley tendría gravísimas consecuencias para los derechos humanos. Aunque admiten que «avanzar en el refuerzo de las policías y la prevención del delito en el país es necesario», indican que es un tema complejo que debe ser abordado con responsabilidad y con base en los estándares internacionales de DDHH
Los diputados chilenos aprobaron casi a la medianoche del miércoles 5 de abril un proyecto de ley llamado Naín-Retamal, por los apellidos de dos carabineros asesinados en 2020 y 2022, que otorga más libertad de maniobra a la policía militarizada de Carabineros en el uso de armas de fuego y reduce la asunción de responsabilidades al eliminar la proporcionalidad; lo que ha generado críticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Tras una larga sesión, y a la espera del voto particular que se desarrollará en las próximas horas, el pleno aprobó la ley, a propuesta de la oposición, por 40 votos a favor y cinco en contra.
El texto supone la fusión de dos proyectos de ley anteriores que avanzaban de forma paralela e independiente y que los grupos de oposición lograron fusionar durante la discusión parlamentaria en medio del duelo y el dolor público por la muerte de dos agentes de policía en sendos procedimientos rutinarios.
La acelerada discusión política en torno al proyecto —un aspecto procedimental muy criticado por los opositores a le ley— llevó a que la Comisión de Seguridad del Senado, presidida por el militante de derechas Felipe Kast, no escuchara en sesión la opinión de expertos en el tema, tampoco a las fuerzas de seguridad afectadas por la iniciativa —Carabineros, Policía de Investigaciones y Gerdarmería— o a la Fiscalía.
Debate intenso
«Me pongo de pie para hablar porque, al parecer, a este Senado no le basta con tener una colega, a la cual un carabinero le disparó en la cara con un arma que supuestamente era un arma no letal y que pudo haber sido letal para mí, porque estuve entre la vida y la muerte», manifestó la senadora Fabiola Campillai, una de las víctimas de violencia policial más emblemáticas de las protestas de fines de 2019 que perdió la visión, el gusto y el olfato tras el impacto de una bomba lacrimógena en pleno rostro.
Es importante legislar sobre la seguridad pública pero no a costa de la impunidad.
La Ley Nain-Retamal o Gatillo fácil no garantiza el derecho a la seguridad pública y menos aún el derecho a la no repetición. pic.twitter.com/FBrLttK51X— Fabiola Campillai Senadora (@DignidadFabiola) April 5, 2023
«Este proyecto salió peor de la Comisión de Seguridad, es una aberración como está hoy. No se escuchó ni siquiera al alto comisionado de la ONU. Es impresentable y lo digo de pie, porque quiero ver quiénes votan a favor de este proyecto, porque este proyecto no va a evitar que mueran más personas«, agregó.
Por su parte, el senador de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, afirmó que el Senado «es una cámara política, no es una cámara de expertos. Cuando yo escuchaba anteriormente a una señora senadora (Campillai) usar el término ‘aberración’, qué pena, y nos amenaza del cómo vamos a votar. Yo les puedo decir que nos da la fuerza necesaria para votar con mayor convicción este proyecto».
«Cuando escuchamos estos gritos (abucheos desde las gradas del Senado) sabemos perfectamente que es el odio de hace 50 años atrás (en referencia al golpe de Estado de 1973), y en estos últimos 30 años los que más hablan de democracia son precisamente una izquierda resentida con un discurso de odio», señaló.
Falta la votación particular
A falta de la votación particular, penúltima oportunidad para posibles modificaciones, el proyecto ampara la llamada «legítima defensa privilegiada», que según el jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, «en vez de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, (lo que hace) es reducir la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad».
El despacho de la ley se suma a la aprobación hace unos días de cinco proyectos sobre seguridad pública, en un escenario marcado por la muerte de dos agentes de Carabineros durante el último mes y con el combate contra la delincuencia en el centro de la agenda nacional.
Este paquete de medidas orientadas a combatir el crimen en el país sudamericano incluyó textos en torno al secuestro, porte de armas, extorsión, sicariato y control migratorio.
La sensación creciente de inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, según las encuestas de opinión, pero los datos reales muestran que los delitos apenas han crecido en los últimos años, aunque han aparecido nuevas tipologías más violentas.
«Ley podría aumentar los abusos policiales y la impunidad»
Amnistía Internacional advierte que esta ley tendría gravísimas consecuencias para los derechos humanos. Aunque admiten que «avanzar en el refuerzo de las policías y la prevención del delito en el país es necesario», indican que es un tema complejo que debe ser abordado con responsabilidad y con base en los estándares internacionales de DDHH.
«La tramitación exprés del llamado ‘proyecto Nain Retamal’, lejos de atender los problemas estructurales que aquejan a Carabineros y que afloraron de manera dramática en la crisis de 2019, es una respuesta oportunista, que implicaría un enorme retroceso en materia de derechos humanos”, dijo Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
Amnistía Internacional asegura que esta ley valida el uso desproporcionado de la fuerza, transgrediendo los principios de la necesidad y proporcionalidad y la jurisprudencia internacional en el tema tanto de los Órganos de Tratado de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de derechos humanos. También indican que la causal de legítima defensa puede «limitar el ejercicio de las garantías judiciales para las víctimas de violaciones a los DDHH, debido a que la redacción de la normativa es muy ambigua y privilegia la interpretación subjetiva del funcionario involucrado en los hechos, a la hora de establecer si es legítima o no de la defensa propia».
Esta organización asegura que este proyecto de ley incrementa el riesgo de abusos policiales y violaciones de derechos humanos y que estos queden impunes. No obstante, reconocen que es necesario contar con mecanismos de protección para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, basados en derechos humanos, estableciendo límites claros y dotando al personal de herramientas adecuadas para realizar su trabajo.
Impunidad en Venezuela
En Venezuela se han dado varios casos de abuso policial que terminan en violaciones a los derechos humanos, asesinatos e impunidad. Durante el año 2017 fueron meses de protestas, barricadas, uso de bombas lacrimógenas y enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos represivos. Casos que aún esperan justicia por parte del Estado venezolano.
Uno de los casos que sigue en impunidad es el de Juan Pablo Pernalete, quien cumplirá seis años de asesinado este 26 de abril tras haber sido impactado de una bomba lacrimógena lanzada directamente a su pecho.
Aunque desde que fue asesinado el Estado aseguró que Juan Pablo Pernalete «cayó» en manos de sus propios compañeros en un ataque con pistola de perno, el 1 de mayo de 2021, el fiscal designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, admitió que el estudiante murió por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un Guardia Nacional. 12 funcionarios por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva fueron imputados.
Los familiares de Pernalete insisten en la necesidad que se investigue a fondo quién fue el guardia nacional que disparó al pecho de su hijo con premeditación y alevosía, para que se haga verdadera justicia y y no que la posible sanción se diluya en una corresponsabilidad pretereintencional.»Las investigaciones en Venezuela benefician a los victimarios».
Otro de los casos ocurrido en el país fue el asesinato de David José Vallenilla, quien estaba manifestando en La Carlota y efectivos policiales le dispararon a quema ropa. Sin embargo, el sargento de la Aviación venezolana acusado de asesinar con disparos de esferas de metal a este joven de 22 años fue absuelto de cargos.
Así como estos dos casos, son decenas de familiares que esperan que se haga justicia tras el asesinato de algún familiar en manos de un funcionario policial.
