Señores diputados, ¡transparencia!, por Carolina Gómez-Ávila
Si tuviera que elegir un estímulo para el ejercicio de la ciudadanía, uno que redundara en un mayor compromiso del pueblo con sus representantes, elegiría la transparencia. Si tuviera que dar una receta para que la antipolítica no echara raíces (¡más!) en la población, comenzaría con la transparencia.
No en balde, son características que definen a la forma de organización del Estado que llamamos República, la “publicidad de los actos de Gobierno” y la “responsabilidad de los funcionarios”. Esta última se ha convertido, con el tiempo, en “rendición de cuentas” lo que, bochornosamente, el pueblo confunde con mensajes publicitarios de autopromoción y propaganda.
Nuestro único Poder Público legítimo no se ha caracterizado por la transparencia. Lastimosamente parece haber delegado su obligación en oenegés y medios de comunicación que administran -a veces, caprichosa y otras, maliciosamente- la información que debería estar al alcance del público en todo momento.
No, la transparencia no se delega y es obligación indeclinable de cada institución rendir las cuentas de todo lo que sea cuantificable. Desde las convocatorias hasta la asistencia a las sesiones (publicada al final de cada sesión y no una vez al mes), pasando por el estatus de cada uno de los diputados (especialmente en tiempos de persecución), la agenda y minuta de las reuniones de las comisiones y subcomisiones (salvo en los casos amparados por el artículo 45 del Reglamento Interior y de Debate, RID) y por supuesto las cuentas dinerarias que correspondan rendir, por ley.
Seguro que entre los parlamentarios que componen la Asamblea Nacional, hay corruptos. Seguro que hay quienes no se han corrompido y, estos últimos, han sido poco inteligentes a mi parecer.
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¿Cómo se defiende la labor de los legisladores comprometidos con el retorno de la democracia, si no se dispone de información clara de sus actividades? Si ya cuesta luchar contra la masa ignara que cree que un diputado es un vago que sólo trabaja un día a la semana, ¿cómo se les explica que todos forman parte de -al menos- una Comisión Permanente, cuando en el sitio web de la Asamblea Nacional es imposible determinar con claridad quiénes las integran? Sabemos que son 15 y sabemos cuáles son quienes leemos el RID, pero ¡¿qué decir de las subcomisiones, que ni siquiera aparecen listadas y mucho menos sus miembros y actividades?! ¿Y de la Comisión Consultiva a la que le reserva un capítulo el RID, qué sabemos?
Hay que hacer un web scrapping (raspado de data) automatizado o manual para establecer -y con dudas- quiénes son los suplentes de cada principal. Imposible saber a qué fracción pertenece cada uno. No actualizan (aunque se haya leído eventualmente en sesiones) la lista de parlamentarios con causas pendientes, presos o con cautelares, sin suplentes, exiliados o en la clandestinidad.
No sabemos sus situaciones excepto cuando aparece un trabajo de investigación periodística y en ese momento ustedes mismos -señores diputados- se exponen, por su opacidad, al desprecio injusto, al chantaje y a la extorsión.
Además, la omisión constituye una traba indebida a la Contraloría Social que -hay que decirlo- no es exclusiva de organizaciones de ciudadanos, sino una potestad de cada uno de nosotros, en particular.
La transparencia es un antídoto. La transparencia es de interés público cotidiano. Y antes que eso, es una obligación ineludible de cada Poder constituido. Es indefectible e indelegable y desde 2016, no se logró en ninguna legislatura anual.
Hago votos por esa rectificación de los diputados y, especialmente, reclamo que se incluya entre las tantas rectificaciones ofrecidas por el presidente (e) Juan Guaidó, para que la ponga en práctica apenas sea reelecto como cabeza de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el 5 de enero porque, a partir de entonces, también será impostergable.
