Sentencias infamantes, por Gregorio Salazar
Twitter: @goyosalazar
La detención de los luchadores sociales Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Emilio Negrín ha vuelto a poner en primer plano la iniquidad de la justicia venezolana.
El anuncio de la condena a 16 años de cárcel a estos ciudadanos, detenidos desde hacía dos años atrás, provocó una amplia reacción nacional de solidaridad, en la cual coincidieron organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y de manera muy contundente la mayoría de los precandidatos que participarán en las elecciones primarias del venidero 22 de octubre.
A la versión de que estos hombres han sido detenidos por entregar sus luchas a la defensa de los derechos sociales y libertarios de los venezolanos se opuso el fiscal general, curiosamente vestido de verde olivo, como si quisiera hacer manifestación de su adhesión al militarismo exacerbado que marca el funcionamiento del régimen venezolano. Que se asimilara con todos los bártulos al componente armado, sólo eso le falta, y a fe que a nadie le sorprendería.
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Si en alguna desviación de su desempeño ha sido cuestionado mundialmente el régimen venezolano, es precisamente el de la vulneración de los derechos humanos, ampliamente documentados ante la Corte Penal Internacional, y el de la aplicación de una justicia manipulada desde las más altas esferas del poder. Son dos caras de la misma moneda que se ha hecho de uso corriente y de manera tan invasiva que abarca desde el inefable Tribunal Supremo de Justicia hasta el menor tribunal de la república.
Lo real es que nadie cree en la justicia venezolana, esa que el finado caudillo se comprometió a transformar al comienzo de su primer gobierno, jurando que la haría imparcial, la dotaría de presupuesto, con capacidad de respuesta, celeridad y respeto por el ciudadano. Todo, por supuesto, como parte integrante de la «refundación de la patria». Como en otros campos, nada de eso ocurrió. La justicia fue cooptada, envilecida e integrada al control del poder.
Es una «justicia» funcional al proyecto de hegemonía y permanencia de la privilegiada cúpula, que ha hecho de la criminalización del contrario la mejor forma para avanzar en su rumbo autocrático. El contrario, el disidente, el opositor está condenado a una zona fantasma donde su accionar siempre resultará al margen de la constitución y de la ley.
Con la manipulación de la ley y la justicia se han anulado diputaciones y hasta declarado en desacato una Asamblea Nacional completa, frustrado intentos de referéndum, se han expropiado diarios y todo tipo de empresas, anulado candidaturas políticas, recluido a defensores de los derechos humanos y un largo etcétera.
Para el primer trimestre de este año, el Foro Penal registraba la cifra de 283 presos políticos en Venezuela. Hubo quienes murieron en situación de reclusión, como el concejal Fernando Albán o el general Raúl Baduel, en condiciones que aún claman justicia al cielo.
Por sólo mencionar dos ejemplos de «la justicia de plastilina» que una vez denunció el oficialista ex presidente de la Sala de Casación Penal, Eladio Aponte Aponte, los juicios al profesor Javier Tarazona, director de Fundaredes, con más de 700 días detenido, y al periodista Ronald Carreño, con más de mil días de reclusión, fueron «reseteados» después de varias suspensiones de las audiencias y ahora deben comenzar desde cero. Y en condiciones de reclusión que no permiten la atención a sus delicados problemas de salud.
Se criminaliza la protesta popular, las manifestaciones de jubilados, pensionados y trabajadores por los pagos de hambre a que están sometidos. Se persigue la libertad de expresión y se mantiene una política sistemática de cierre de medios, especialmente en el campo radial. Con la criminalización como formato se anulan derechos civiles y políticos, como estamos viendo en el campo electoral con la inhabilitación de candidaturas y decisiones sobrevenidas en el CNE al margen de la Constitución.
La justicia en Venezuela no cuenta con la credibilidad ni la confianza de los venezolanos, como no se confía en un fiscal que no muestra independencia y que en el pasado no ha sido capaz ni de hacer valer una simple boleta de excarcelación.
Gregorio Salazar es periodista. Exsecretario general del SNTP.
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