Servicios públicos, emergencia nacional, por Griselda Reyes
Twitter: @griseldareyesq
Cuando escucho la frase «Twitter no es Venezuela», sin temor a equivocarme, refuto que hay un punto en el que ambos mundos, el real y el virtual, sí coinciden: la terrible crisis de los servicios públicos.
Las constantes quejas que recibo en mi timeline de la red del pajarito azul, de ciudadanos sin agua, de aquellos que padecen horas sin energía eléctrica o sufren apagones que derivan en el daño de sus electrodomésticos, que no reciben la bombona de gas doméstico; o cuya línea telefónica se quedó sin tono hace meses y con ella se fue el Internet; reflejan el país en crisis que nos ha legado el chavismo.
Es una situación que me preocupa mucho por el hecho de que mientras los políticos andan, por un lado, peleándose como borrachos por una botella vacía, por el otro, nuestros pobladores de este a oeste y de norte a sur, sufren apagones y racionamientos eléctricos. Ni hablar del tema del agua, una realidad de la cual ni en Caracas nos salvamos. Días atrás vecinos de Baruta protestaron en la autopista Prados del Este, principal arteria vial del sureste de Caracas, porque Hidrocapital no nos suministra agua desde hace semanas.
¿Y por qué mezclar servicios públicos con política? Primero, porque quien ostenta el poder tiene la máxima responsabilidad, como Jefe de Estado, de procurar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, y ejecutar –con los recursos de todos los venezolanos que ingresan por exportaciones tradicionales y no tradicionales y por la recaudación tributaria– las obras requeridas para el normal funcionamiento de los servicios públicos y todo lo que tiene que ver con la seguridad social (entiéndase salud pública y pensiones).
Y, en segundo lugar, porque cualquier pacto de respeto mutuo entre los actores políticos de gobierno y oposición, debe tener como punto de honor solventar esta terrible y crítica realidad. Es hacer lo que corresponde para que el agua llegue a las casas a través de tuberías y grifos y no de camiones cisternas o de fuentes de dudosa procedencia; para que las industrias y comercios no tengan que parar sus actividades por los cortes del servicio eléctrico, como ocurre en Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón, Barinas, Lara y el Alto Apure, principalmente; para que nuestra gente no tenga que talar cuanto árbol mal parado encuentre para cocinar a leña, porque no les llevaron la bombona; para que quienes estén en sus casas puedan comunicarse con sus seres queridos a través de la red nacional de telecomunicaciones (telefonía fija e Internet); y para que los servicios de aseo urbano cumplan con la enorme responsabilidad de garantizar la recolección, traslado y disposición oportuna de los desechos sólidos, a fin de evitar la proliferación de moscas y otras alimañas que atentan contra la salud pública.
Dura realidad
Este es un tema que ya he abordado con anterioridad, pero son tan duras las cifras que es imposible voltear la mirada, porque a todos nos afecta en mayor o menor medida. Hablamos de medio millón de fallas eléctricas solo en tres años transcurrido desde el megapagón nacional del 7 de marzo de 2019. A lo que hay que sumar los racionamientos eléctricos de hasta 18 horas en los estados occidentales que prácticamente impiden vivir –con todo lo que ello implica– a sus habitantes.
Organizaciones no gubernamentales que hacen seguimiento a los servicios públicos denuncian que los venezolanos pasan, en promedio, 65% de las horas de la semana sin recibir agua potable.
Ni hablar de la catástrofe que supone para nuestras amas de casas cocinar a leña, con las graves secuelas que esto deja para la salud de gente tan vulnerable, económicamente hablando. Y esto me indigna, porque Venezuela tiene bajo su suelo la octava reserva probada de gas natural del mundo y porque la ineficiencia, un tramado de leyes que impide operar con mayor libertad a las empresas petroleras asociadas con PDVSA y la corrupción en el manejo de la industria, imposibilitan abastecer cilindros de gas a sus ciudadanos.
En esta breve radiografía no voy a dejar por fuera el tema de la conectividad. El mundo moderno nos exige, cada vez más, estar conectados de forma satelital, pero nuestro pobre país rico sigue en franco retroceso en esta materia.
Agencias de noticias internacionales han resumido nuestra situación como «señales de televisión que se apagan, emisoras que no sintonizan, llamadas que no conectan y el internet más lento de la región». Es el país sumergido en una crisis que parece no tener fin.
Un llamado serio al Ejecutivo
Ante este caos que nos afecta a todos, pero principalmente al abuelo que no tiene cómo pagar un camión cisterna; al niño que no tiene acceso a la educación virtual; o a la madre que debe respirar el humo de la leña mientras cocina; hago un llamado serio y respetuoso a Miraflores y a quien desde allí conduce los destinos de los venezolanos. Señor Nicolás Maduro, por humanidad, atienda la crisis de los servicios públicos y respete la dignidad de nuestra gente.
Choca ver cómo anuncian con bombos y platillos las metas de recaudación del Seniat, pero me alarma no saber qué harán con esos recursos y con los que recauden por concepto del recién aprobado Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. Ni siquiera sabemos si, de alguna manera, nos beneficiaremos de la venta del petróleo a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Y no lo sabemos, porque aún no se resuelve el tema de la participación de Chevron en el país. Lo único cierto es que la industria estatal Pdvsa –prácticamente despojada– está imposibilitada para aumentar por cuenta propia, la producción.
Hoy exijo que no se dilapiden estos recursos que pertenecen a todos los venezolanos. Y también exijo que se ocupen de garantizar lo elemental a los verdaderos herederos de nuestra riqueza, todos los venezolanos, especialmente a esa generación de relevo que está empecinada en hacer país y construye desde sus pequeños emprendimientos.
Los servicios públicos no son un lujo, son una imperiosa necesidad con la que todos debemos contar para atender nuestro día a día. Si el Estado venezolano está incapacitado para gestionarlos, privatícenlos como en el pasado. Prácticamente hoy hay una privatización de facto, cuando el venezolano debe pagar camiones cisternas, botellones o pimpinas o perforar pozos en sus urbanizaciones para tener acceso al agua; cuando debe comprar plantas eléctricas para no detener sus actividades productivas; cuando cede a las presiones de los distribuidores de gas que venden las bombonas a precios dolarizados porque encontraron en ello un negocios; cuando contratan el servicio de telecomunicaciones a empresas privadas para poder tener acceso a Internet; o cuando pagan, también en dólares, a personas que ofrecen el servicio de recolección de la basura.
Y mi último llamado es a quienes –en la pasada campaña electoral para gobernaciones y alcaldías– prometieron villas y castillos: ocúpense de conectar con la gente que demostró una vez más el cansancio frente a la crisis y las mentiras; den lectura correcta a los resultados de todas las encuestas y estudios de opinión que se siguen haciendo; y empiecen a organizarse, a conquistar de nuevo a los venezolanos, y a elaborar un Plan Nacional de Desarrollo creíble y viable con miras a 2024.
No vaya a ser que para 2024 estemos todos iluminándonos con velas o mecheros; buscando agua en cualquier quebrada o río; comunicándonos por señales de humos y talando los últimos árboles que queden para cocinar la poca comida que consigamos.
Grisela Reyes es empresaria. Miembro verificado de Mujeres Líderes de las Américas.
