«Siento que todos los días quiero regresar»: el exilio de los defensores DDHH venezolanos

Autor: Rafael Uzcátegui  @fanzinero

El reciente atentado contra los activistas venezolanos Luis Peche y Yendri Velásquez en Bogotá ha revelado un tema de fondo: el exilio forzado de decenas de líderes sociales y promotores de derechos humanos, y la situación de desprotección en la que se encuentran en los países de acogida.

Como fue noticia, el pasado 13 de octubre, Peche y Velásquez fueron víctimas de un ataque armado en las puertas de su domicilio. Ambos habían salido de Venezuela tras la persecución desatada después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Desde su llegada al país vecino, Velásquez había solicitado el estatus de refugiado. La ausencia de respuesta lo mantenía en un limbo migratorio que le impedía alquilar vivienda o abrir una cuenta bancaria.

El desplazamiento forzado como política de Estado

De acuerdo con el informe Defender DDHH, entre la represión y el exilio , elaborado por Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, entre 2024 y 2025 al menos 43 defensores de derechos humanos salieron del país de manera forzada. La mayoría eligió como destino inicial a Colombia, pero la falta de mecanismos de protección los obligó a desplazarse nuevamente.

El documento sostiene que «la represión configura crímenes de lesa humanidad por persecución política» y que «el exilio forzado no constituye una salida voluntaria, sino la última estrategia de supervivencia frente a la falta de garantías y la impunidad estructural”.

La Misión Internacional de la ONU (FFM) y la CIDH coinciden en que este acoso estatal configura crímenes de lesa humanidad por motivos políticos. No es una fuga espontánea: es una política de expulsión encubierta.

La fragilidad del amparo regional

El caso de Colombia, donde se produjo el atentado, refleja un problema mayor. El informe advierte sobre un «déficit de protección internacional» y la ineficacia de la Resolución 12509 de 2024, que regula el asilo de personas venezolanas.

Muchos defensores permanecen atrapados en lo que el documento denomina «trampas migratorias y círculos de irregularidad», sin alternativas reales de regularización.

Según la investigadora Nastassja Rojas existían «más de 29.500 solicitudes de asilo acumuladas para 2024, muchas sin respuesta desde hace más de cinco años y una tasa creciente de desaprobación. Durante ese mismo año se aprobaron poco más de 100 solicitudes y se negaron cerca de 650».

La lentitud institucional, los prejuicios ideológicos y los recortes presupuestarios agravan su vulnerabilidad. Mientras en Argentina, Brasil y México las solicitudes de refugio son valoradas tomando en cuenta los informes internacionales sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, en territorio colombiano la política del presidente Petro es no reconocer estos problemas. Como afirmaron un grupo de promotores de DDHH en el exilio en un comunicado “Negar el carácter del régimen o diluirlo en narrativas equivalentes impide calibrar políticas de protección y respuesta efectivas”.

Así, quienes huyeron del autoritarismo se encuentran nuevamente expuestos a la desprotección y al silencio. El atentado contra Peche y Velásquez es una expresión extrema de esa precariedad.

El costo humano del exilio

A diferencia de otros migrantes, estos líderes cívicos debieron marcharse para preservar su vida, su libertad y su voz. Pero el precio emocional es devastador. «Siento que todos los días quiero regresar, todos los días. Quiero agarrar un avión e irme y ya estar en mi país», dice uno de los testimonios citados en el informe.

La investigación dedica una sección al duelo migratorio, que define como la combinación de culpa, desarraigo y sensación de desintegración personal.

Muchos callan su salida por miedo o por no cargar a sus familias con represalias. Otros bajan el perfil porque «no saben cómo asumirse como víctimas». Quienes habían aprendido a documentarlo y denunciarlo todo, han terminado por omitir su propia situación.

En la práctica, la criminalización no termina al cruzar la frontera: continúa a través del aislamiento, la precariedad económica y la imposibilidad de rehacer la vida.

Consecuencias para la sociedad venezolana

El destierro forzado de activistas y organizaciones de la sociedad civil no es solo una tragedia personal, sino una pérdida colectiva. Cada defensor que se va deja atrás redes de acompañamiento, memoria institucional y capital humano que el país necesita para reconstruirse.

La FFM advierte que esta «represión sin precedentes” busca neutralizar la sociedad civil independiente y consolidar el control autoritario mediante el miedo.

El resultado es una Venezuela sin contrapesos, sin observadores, sin quienes puedan documentar o denunciar los abusos del poder. Una nación que expulsa a quienes la cuidaban. El ecosistema de defensa de derechos humanos en el país se ha debilitado ante la salida de sus colegas.

*Lea también: Política migratoria de Colombia hacia venezolanos se estancó durante gobierno de Petro

La corresponsabilidad internacional

La violencia transnacional —como la que intentó silenciar a Peche y Velásquez— evidencia que los efectos del autoritarismo venezolano ya no se detienen en las fronteras. Los países receptores no pueden alegar neutralidad ante crímenes de lesa humanidad.

Garantizar salvaguarda, refugio y reconocimiento jurídico a las personas defensoras venezolanas no es un gesto humanitario, sino un deber político y moral. Si los gobiernos democráticos no ofrecen asistencia a quienes defienden los derechos humanos, contribuyen —por omisión— a que la impunidad se perpetúe.

En un tiempo donde el miedo se ha globalizado, proteger a quienes protegen a otros es, quizá, la forma más urgente de defender la democracia. Alguno de los países de la región pudiera tomar la iniciativa de convertirse en territorio seguro para defensores de derechos humanos exiliados.

No sería un acto de caridad, sino una apuesta por el futuro. Porque cuando un defensor es silenciado, no se apaga solo una voz: se debilita la conciencia de todos. Y cuando un país decide protegerlos, empieza también a resguardarse a sí mismo.