Silencio arropa procesos judiciales contra funcionarios chavistas detenidos
Al menos 14 funcionarios chavistas o con vinculación al PSUV han sido detenidos por delitos relacionados al narcotráfico o corrupción en los últimos 10 años. A pesar de una posición pública de “rechazo” contra personalidades que cometen este tipo de acciones sin importar el color político, no existe información oficial sobre los procesos judiciales o condenas
El caso del diputado Julio César Torres nuevamente sacó a colación la vinculación de funcionarios oficialistas con graves delitos. Desde el chavismo se ha reiterado que “no van a acompañar a ningún delincuente”, pero más allá de lo público de las detenciones, el silencio envuelve los procesos judiciales de estas personas.
Torres fue el último de una serie de militantes del PSUV detenidos por narcotráfico. Al diputado del Movimiento Tupamaro le fue allanada su inmunidad parlamentaria, previa solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, el pasado 20 de agosto.
Según dijo Pedro Carreño, el parlamentario fue apresado en flagrancia por posesión de drogas, aunque no ofreció mayores detalles sobre el día de su detención, la cantidad de droga incautada, el sitio donde fue arrestado o el cuerpo de seguridad actuante.
Torres es el tercer diputado en el periodo 2020-2025 del parlamento cuya inmunidad es allanada. Todos han sido por delitos vinculados al tráfico de drogas y corrupción, pero en ninguno de los casos se conoce si han sido condenados de manera firme por un tribunal.
Desde hace 10 años, la cúpula del PSUV ha informado sobre el arresto de al menos 13 personas que formaban parte de su estructura o estaban vinculados al partido, pero se desconoce su estatus judicial o, en algunos casos, su sitio de detención.
El abogado y defensor de derechos humanos Joel García señala que el “proceso” de estas personas vinculadas al oficialismo, “no es diferente al de los presos políticos, quizá no incomunicados en cuanto a visita de familiares, pero igualmente se les viola el debido proceso, sin derecho a designar defensor de confianza, pero sus casos no son del dominio público porque sus familiares no denuncian o tienen temor de denunciar”.
Por parte del Ministerio Público o tribunales tampoco se provee información, a pesar de que las detenciones fueron reseñadas de manera pública.
Diputados bajo arresto
Al igual que Julio César Torres, los diputados Hugbel Roa y Taína González Rubio también fueron arrestados y su inmunidad fue allanada a solicitud del TSJ.
González Rubio fue la primera parlamentaria de este periodo. Arrestada el 27 de enero de 2022 por narcotráfico junto a la exalcaldesa chavista Keyrineth Fernández, su inmunidad fue levantada cinco días después.
Un año más tarde, el 21 de marzo, al diputado y exministro Hugbel Roa se le aplicó el mismo procedimiento, aunque en su caso estuvo vinculado a la trama de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Sobre Roa sí se han hecho algunas denuncias públicas. La madre del exministro, Ana Caruci, ha reclamado que luego de su traslado a la cárcel El Rodeo I ha enfrentado duras condiciones de reclusión.
“Mi hijo ha sido maltratado, ha sido vejado. Desde que está allí ha rebajado 25 kilos. Él es hipertenso y diabético, tiene claustrofobia. Aparte de eso, ha presentado fuertes problemas de la piel”, indicó Caruci, al tiempo que señaló que en varias oportunidades ha solicitado su traslado a centros de salud pero no ha obtenido respuesta. Tampoco ha podido tener acceso al expediente.
Alcaldes chavistas detenidos
Este año se han detenido a cuatro alcaldes electos bajo la tarjeta del PSUV en el estado Zulia, todos vinculados a una trama de narcotráfico que –según el ministro Diosdado Cabello– también tiene ramificaciones con dirigentes opositores y grupos paramilitares.
En el año 2023 también se informó sobre el arresto de Pedro Hernández, exalcalde de Santos Michelena (Aragua), por su presunta relación con la banda delictiva de Carlos Enrique Gómez, alias “el Conejo”. El MP indicó que el Tribunal tercero con competencia en terrorismo, a cargo de la jueza Alice Hernández, fue procesado por presunto terrorismo, extorsión agravada y asociación para delinquir.
Luego esa misma jueza, según el periodista Eligio Rojas, fue investigada por su presunta relación con el Tren de Aragua.
Sobre la exalcaldesa Keyrineth Fernández tampoco hay mayor información aparte de su traslado a Caracas para ser procesada judicialmente; mientras que en el caso del exalcalde Carlos Rafael Vidal (municipio Independencia, Anzoátegui), detenido el 29 de enero de 2022 por presuntamente pertenecer a una banda dedicada al contrabando de combustible, ha sido un grupo de vecinos y familiares los encargados de dar información sobre el caso.
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En un comunicado público, el pasado 9 de mayo, reclamaron los continuos diferimientos de audiencias, la falta de pruebas o testigos, además de la separación de la causa para mantener detenido al exalcalde, pese a que otros funcionarios involucrados en la demanda han sido beneficiados con medidas cautelares.
“El juicio que enfrenta Carlos Vidal lleva más de un año en fase de debate, y a lo largo de todo este proceso ha quedado más que claro, que no existe ninguna prueba sólida, ni un solo elemento de valor criminalístico en su contra (…) Ya es hora de que se respeten sus derechos, de que se actúe conforme a la ley y se termine con esta injusticia”, señalaron.
Corrupción en Pdvsa
Los continuos reportes del fiscal general Tarek William Saab sobre la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, y que llevó a la detención de más de 80 personas, desaparecieron a los meses. Para julio de 2023 la Fiscalía General solicitó el pase a juicio de 21 de los involucrados. La información luego se hizo aún más escasa.
El exministro Tareck El Aissami fue presentado ante el Tribunal 2do de Control contra el Terrorismo por los presuntos delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales, alardeo o valimiento de relaciones o influencias y asociación para delinquir.
Las fotos de su detención circularon de mano del propio fiscal general, quien también mencionó el arresto del empresario Samarck López y el exministro Simón Zerpa, vinculados al entorno chavista. Aunque se han difundido recientemente bulos sobre una supuesta libertad otorgada por el TSJ, las autoridades no se han referido al caso y se presume que El Aissami sigue preso.
Luego, en el caso del arresto contra Pedro Tellechea por “entregar el cerebro de Pdvsa” solo se explicó que su detención obedeció a “graves delitos que atentan contra los más altos intereses de la nación”.
Mientras que en el caso de Eulogio del Pino, detenido en noviembre de 2017, apenas se supo por información de terceros que en 2021 fue enviado a juicio por los presuntos delitos de peculado doloso y obstrucción a la libertad de comercio. No se explicaron las razones por las cuales se desestimaron las acusaciones por daños por omisión a la industria petrolera con siniestro, agavillamiento e incumplimiento al Régimen Especial de las Zonas de Seguridad de la Nación. Desde entonces, no hay mayor información sobre el juicio o su estado de salud dentro del Sebin El Helicoide.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
