Sindicalistas exigieron frente al Ministerio Público la liberación de Rubén González
El activista de DDHH y representante de Provea, Marino Alvarado, dijo que desde 2012 hasta 2019 seis dirigentes sindicales han sido juzgados en tribunales militares por exigir derechos
Sindicalistas y dirigentes sociales protestaron este jueves frente a la sede del Ministerio Público en Caracas para exigirle al Gobierno la liberación de Rubén González, secretario del sindicato de Ferrominera Orinoco, quien fue condenado por el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, Monagas, a cinco años y nueves meses de prisión por los delitos de ultraje al centinela y a la Fuerza Armada Nacional.
El coordinador nacional del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), Dick Guanique, dijo que Rubén González fue condenado por «defender a los trabajadores, por defender la democracia en Venezuela, por exigir que los derechos fundamentales en el trabajo sean respetados por el Estado, por los patronos, por el Gobierno».
Del mismo modo, Guanique se pregunta por qué al Ministerio Público no intervino en el caso de González, y por qué se arrodilló ante la justicia militar. Consideró que la Fiscalía «lo que hace es perseguir a los trabajadores en vez de atender sus reclamos», por lo que exige la libertad inmediata de Rubén González y que la sentencia sea anulada.
Los sindicalistas aseguran que no le tienen miedo al mandato encabezado por Nicolás Maduro y afirman que aunque los metan presos a todos, no callarán la lucha por los derechos fundamentales en el trabajo, por la contratación colectiva y, sobre todo por la democracia, porque «sin democracia no hay sindicatos libres», manifestó Dick Guanique.
Rubén González fue detenido en la madrugada del jueves 29 de noviembre de 2018 luego de que guardias nacionales retuvieron en Anaco a 60 trabajadores de empresas básicas de Guayana, entre ellos el dirigente sindical, cuando regresaban de una protesta en la Defensoría del Pueblo para defender los derechos de los trabajadores del sector público.
Complicidad con la justicia militar
El activista de derechos humanos y representante de Provea, Marino Alvarado, denunció «la complicidad que ha tenido el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo frente al enjuiciamiento de civiles por tribunales militares» y recordó que la Constitución establece que ningún civil puede ser juzgado ante la justicia militar.
Para Alvarado, la complicidad viene desde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, seguido del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. El defensor de DDHH considera que a Rubén González se le debió dar libertad plena porque no cometió ningún delito, ya que convocar una huelga en Venezuela no es delito, a pesar de que el Gobierno ha venido criminalizando la protesta pacífica.
«Desde 2012 hasta 2019, seis dirigentes sindicales han sido juzgados en tribunales militares por exigir derechos y más de 150 sindicalistas en el país están sometidos a procesos judiciales por defender el gremio. Condenamos esta actitud cómplice del Ministerio Público, condenamos la pasividad de la Defensoría del Pueblo frente al juzgamiento de civiles en la justicia militar y seguiremos exigiendo el derecho al juez natural», reclamó Marino Alvarado.
Trabajadores en la calle
Jesús Serrano, secretario del sindicato de la Cancillería, también condenó la encarcelación de Rubén González y afirmó que los trabajadores seguirán protestando y defendiendo los derechos de los trabajadores.
Serrano contó que a los tres principales miembros del sindicato de la Cancillería se les abrió un procedimiento para el desafuero sindical y se les hizo una calificación de despido, pese a lo cual «vamos a seguir protestando, reprochando los mecanismos contra los trabajadores y vamos a seguir alzando las voces así nos hayan sacado de la Cancillería».
Jesús Serrano condena que la Inspectoría del Trabajo se haya convertido en un ente patronal que defiende a los patrones y no a los trabajadores.
