Sindicalistas introducen solicitud de amparo por presuntos delitos de Pdvsa ad hoc
El recurso de amparo, consignado por los sindicalistas Iván Freites y Gustavo Rodríguez, señala el presunto uso corrupto de fondos públicos por parte de la junta administradora ad hoc de Pdvsa para financiar una campaña de difamación y hostigamiento contra los líderes sindicales y los trabajadores despedidos que han buscado justicia por las violaciones de sus derechos laborales
Sindicalistas venezolanos introdujeron una solicitud de amparo constitucional suscrita ante el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, Antonio Marval-Jiménez.
Iván Freites y Gustavo Rodríguez hicieron la solicitud de amparo constitucional ante la Sala Constitucional de dicha institución. En una nota de prensa difundida este 29 de septiembre, indicaron que la sala decidirá sobre su admisibilidad.
La acción legal busca la protección de los derechos colectivos y difusos de los trabajadores que han sido atacados y perseguidos por la junta administradora ad hoc de Pdvsa, presidida por Horacio Medina, se lee en el comunicado.
“Este amparo indica además un presunto uso de fondos públicos para un ataque sistemático contra los trabajadores y sus representantes, quienes han llevado adelante una serie de acciones legales para lograr la indemnización de las víctimas de las acciones discriminatorias y criminales de Pdvsa y sus filiales, incluida la filial norteamericana Citgo”, reza la misiva.
El recurso de amparo, consignado por los sindicalistas Freites y Rodríguez, señala el presunto uso corrupto de fondos públicos por parte de la junta administradora ad hoc de Pdvsa para financiar una campaña de difamación y hostigamiento contra los líderes sindicales y los trabajadores despedidos que han buscado justicia por las violaciones de sus derechos laborales.
La campaña, según la denuncia, ha tenido lugar tanto en territorio venezolano como en el extranjero – fundamentalmente, afectando a los trabajadores que se han visto obligados a solicitar asilo en otros países debido a la persecución política.
Al momento de recibir el documento, el magistrado Marval-Jiménez expresó: «Este Tribunal ha recibido la solicitud de amparo presentada por los directivos sindicales Iván Freites y Gustavo Rodríguez, quienes desde hace años han documentado de manera clara cómo se ha vulnerado el derecho al trabajo, a la libertad sindical y a la protección laboral de miles de venezolanos en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro”.
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En la acción de amparo también se señala a Horacio Medina, presidente de la junta administradora ad hoc de Pdvsa, de haber presuntamente malversado cientos de miles de dólares en fondos públicos para orquestar una estrategia de desprestigio y persecución contra las acciones de los sindicalistas.
Según el documento presentado ante el TSJ en el exilio, uno de los individuos de la trama cuenta con antecedentes criminales en los Estados Unidos y Venezuela, con historial de fraude y violencia. Los otros indiciados nombrados son Gustavo Lainette, Jose Vicente Carrasquero y Orlando Viera-Blanco, ex embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Canadá.
«Lo que está haciendo Horacio Medina es una clara violación de los derechos laborales y humanos de los trabajadores. No solo se han apropiado de los fondos que deberían ser utilizados para compensar a los despedidos, sino que además han lanzado una campaña de persecución contra nuestros compañeros, los líderes sindicales, tanto en Venezuela como en el extranjero”, expresó el sindicalista Juan Martinez, directivo petrolero de Sincor Anzoátegui.
Por su parte, Gustavo Rodríguez, del Sindicato de Empleados de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, destacó la importancia de que el TSJ en el exilio actúe con celeridad para frenar estos abusos: «Esperamos que este Tribunal tome medidas inmediatas para proteger los derechos de los trabajadores venezolanos. No podemos permitir que se siga utilizando el dinero del pueblo para atacar a quienes hemos luchado por los derechos laborales”.
La presentación de este amparo constitucional representa un paso clave en la defensa de los derechos de los trabajadores venezolanos que han sido víctimas de persecución y corrupción, concluye el comunicado.
