SIP advierte que amenazas contra periodistas venezolanos no han cesado

El director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, aseguró en declaraciones a Efe que el panorama de la libertad de prensa en América Latina no ha hecho más que empeorar
En los últimos seis meses en Venezuela se registraron amenazas, allanamientos y persecución contra periodistas que investigan casos de corrupción por parte de altos funcionarios del Gobierno, así lo afirmó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En un informe provisional, que debe ser aprobado en la reunión de medio año que empezó hoy, la SIP señaló que se sumaron también casos de violencia física, amenazas y ataques contra periodistas que cubrían las elecciones regionales y locales de noviembre pasado, por parte de autoridades policiales y militares, «grupos paramilitares armados y organizados por el Gobierno».
La organización destacó que la confiscación de las instalaciones de El Nacional ocurrió “con el descaro de un sistema judicial que no tiene autonomía del Poder Ejecutivo. Los jueces siguen instrucciones directas de Diosdado Cabello, pasando por encima de cualquier procedimiento legal».
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Asimismo, señaló que la demanda penal en contra del medio venezolano nunca llegó a sentencia y se detuvo en la audiencia de conciliación, pero «las medidas cautelares se mantienen después de cinco años».
La SIP además agregó que la acción del Ejército que tomó con «armas largas las instalaciones y desalojaba a todos los trabajadores se hizo sin ningún procedimiento legal o lícito». «Fue irregular la valuación de esas instalaciones en 10 millones de dólares para entregarle el edificio a Cabello como propiedad privada», subrayó.
Otra agresión registrada por la SIP fue el bloqueo «sin respaldo judicial, de manera discrecional y absolutamente arbitraria» de portales de medios como El Nacional, La Patilla y Efecto Cocuyo.
El director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, aseguró en declaraciones a Efe que el panorama de la libertad de prensa en América Latina no ha hecho más que empeorar, con una «agudización de la represión» del periodismo independiente y la «violencia» contra los periodistas.